"Se prepara una auténtica revolución en la justicia"

De él dependen los 335 secretarios judiciales repartidos por los juzgados de la Comunidad Valenciana. Ha estrenado un nombramiento por consenso que deja atrás siglos en los que la edad era el valor seguro para alcanzar poder. La profunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2003 introdujo un mecanismo más democrático para la designación de la que se podría considerar tercera autoridad judicial y en el que participan todas las administraciones y órganos profesionales. Jesús Olarte, nacido en Cuenca, padre de tres hijos, pasó 13 años en el Juzgado de Primera Instancia 18 de Valencia. Y sólo el reto de la reforma de la oficina judicial que va a otorgar responsabilidades muy amplias a los secretarios judiciales ha sido capaz de arrancarle de la práctica más ortodoxa de una vocación algo inducida por los antecedentes familiares y comprometida desde la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.

"Es un momento de lealtad institucional para que se haga de la forma más tranquila"

"Si aplicamos los recursos de los que disponemos estaremos más cerca del usuario"

Pregunta. ¿Para qué sirve su cargo? ¿Cuáles son sus funciones?

Respuesta. Es una responsabilidad muy desconocida. De una parte entran las funciones propias de una cierta intendencia administrativa de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. De otra, están las que se derivan de las atribuciones que ya ha concretado la reforma de la LOPJ de 2003 y entre las que se encuentra la elaboración del acta de reunión, la solicitud de una convocatoria si entiendo que hay materia para ello, voz y voto en los acuerdos que tengan relación directa con las oficinas judiciales o con los secretarios judiciales.

P. ¿Eso es sinónimo de mandar mucho?

R. El cuerpo de secretarios judiciales, que tiene que superar unas oposiciones muy duras en las que el programa es muy coincidente con el de jueces y magistrados, pasó épocas de inquietud. Ahora se abre un periodo apasionante. La reforma de la LOPJ de 2003 ha decidido potenciar esa figura y hacer recaer en ella todo lo que no sea en realidad el hecho estricto de juzgar. Falta que las distintas leyes que describen los procedimientos sean modificadas para conocer el detalle, lo que parece ser que ocurrirá a mediados del próximo año. Y eso supondrá que toda la sucesión de pasos que se producen desde la entrada de un litigio hasta la celebración del juicio serán responsabilidad del secretario judicial.

P. ¿Qué modelo está previsto que sustituya al juzgado que hoy conocemos?

R. El juzgado que hasta ahora hemos conocido pasará a ser una estructura mucho más pequeña, no tendrá recursos propios exclusivos, estará compuesto por el juez y dos o tres personas más. Es lo que se denomina Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD). El conjunto de funcionarios que hemos visto históricamente adscritos a un determinado juzgado en ese mapa que tenemos en el que cada oficina judicial es una isla, no se comunica con las demás y no comparte recursos, desaparece como tal. Además de que la calificación de sus funciones se modifica, el grueso pasará a los Servicios Comunes, que tendrán como responsable de su funcionamiento a secretarios judiciales. Y las tareas de personal y organización del mismo descansarán en unas unidades administrativas distintas de las que será responsable en dotaciones la Administración autonómica. Con ello se prepara una auténtica revolución en la justicia.

P. ¿En qué va a notar el usuario toda esa reforma?

R. Se pretende que lo perciba en la eficacia, la comodidad, la rapidez en la resolución. El objetivo es que la justicia dé respuesta a los problemas de la sociedad. Si aplicamos los recursos de que disponemos e incorporamos aquellos que son ya imprescindibles, como los tecnológicos, necesariamente estaremos más cerca del usuario, seremos más rápidos, más prácticos para él.

P. ¿Serán los secretarios judiciales interlocutores directos con el ciudadano?

R. Sí, sin duda. Si se concretan las cosas tal como están previstas, el secretario judicial será responsable de servicios comunes y firmará, por ejemplo, providencias, decretos, diligencias; todas aquellas cosas que no afecten a cuestiones relativas a derechos fundamentales recaerán sobre el secretario judicial.

P. Eso modificará el mapa laboral, ¿cómo está previsto que se repartan?

R. Cambia todo el mapa; los recursos humanos van a tener otro valor porque se optimizan. El funcionario que antes tenía repetidas sus funciones de forma idéntica en cada juzgado pasará ahora a atender a dos o a tres o a no tener consciencia de para cuántos porque el trabajo es uno. Los secretarios atenderán entre dos y tres juzgados en Social, tres en Contencioso, dos en Penal y se mantendrá igual que hasta ahora en Instrucción, uno por juzgado porque el sistema de guardias obliga a ello.

P. ¿Qué cosas desaparecerían y cuáles aparecerán de forma inmediatamente visible?

R. Desaparecerán los juzgados de ejecutorias porque se creará un servicio común de ejecuciones, por ejemplo los servicios comunes harán desaparecer la individualización de los servicios esenciales. De esa forma, con una importante capacidad para parcelarlos en función de las necesidades, la ley establece servicios comunes de Notificación, de Embargo, de Registro y Reparto, de Jurisdicción Voluntaria, de Depósito y Archivo, y de Ordenación del Procedimiento, que para mí es el más delicado.

P. ¿Por qué?

R. Porque es el que definirá el recorrido de un expediente desde que entra en el juzgado hasta que se celebre el juicio. Se verán las tasas, la documentación, las diligencias, las pruebas... y eso físicamente fuera del lugar en el que entró y al que debe volver. Si ese circuito no está perfecto y casi matemáticamente definido nos podemos caer con todo. Tal vez su puesta en marcha se demore más, y a mí no me importaría, porque es muy delicado y tiene que salir bien.

P. ¿Por qué si todo va a cambiar se siguen pidiendo juzgados que desaparecerán con todo su personal asociado, que se incorporará a servicios comunes, cuyas dimensiones no están aún definidas?

R. Se piden porque son necesarios. Entiendo que se puedan tener dudas sobre ello, pero hay que tener en cuenta que ésta es una etapa de transición.

P. La Administración autonómica no parece haber previsto en el presupuesto de 2005 partidas específicas asociadas a algunas de las necesidades, como las informáticas, para ejecutar la reforma.

R. Las comisiones técnicas tienen que empezar a trabajar. Yo entiendo que será en 2006 cuando todo esto se vaya concretando y creo que es un momento de lealtad institucional para hacer que se haga de la forma más tranquila posible.

P. Hay juzgados sin recursos ofimáticos muy elementales que dificultarán la entrada en vigor de servicios comunes de carácter provincial. ¿En qué partidos judiciales se estrenarán?

R. Es cierto que hay servicios comunes, como los de embargos o subastas por ejemplo, que se pretenden con un carácter al menos de área metropolitana. De hecho, la estructura nuestra de los secretarios judiciales, establece un máximo responsable para todo la autonomía y después un máximo responsable por provincia precisamente para extender lo más posible los servicios comunes. Pero tal vez no sea tan inmediato. Yo creo que Castellón, Valencia, Alicante, Elche y poco después Benidorm en cuanto tenga jurisdicción separada, podrán adoptar el nuevo sistema.