El alcalde de Pedrezuela, acusado de un delito de prevaricación
El regidor, del PP, está acusado de autorizar una granja escuela en un solar no urbanizable
La fiscalía de Madrid acusa al alcalde de Pedrezuela, José Antonio Chinchón Sanz (PP), de delitos de prevaricación continuada, contra la ordenación del territorio y de negociaciones prohibidas, y pide para él una condena de 30 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. El fiscal le acusa de favorecer y permitir la construcción de una granja escuela y de un centro de empleo en un paraje protegido del municipio. Según el fiscal, el centro se ha levantado sobre una parcela no urbanizable que es propiedad "de la madre y de un tío carnal" del regidor.
Según el fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, la citada construcción supuestamente ilegal revertirá dentro de 25 años a la familia del alcalde, con el consiguiente enriquecimiento. Este asunto está en manos de un juzgado y el alcalde admite que ya ha sido interrogado.
El fiscal señala que Chinchón, alcalde de Pedrezuela (1.700 habitantes) desde 1998, dio luz verde a la citada construcción a pesar de que la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad no sólo la había prohibido sino que, además, ordenó paralizar las obras y demoler las que hasta entonces, en agosto de 1999, ya se habían levantado. La citada parcela, según el fiscal, "está catalogada como suelo no urbanizable de especial protección" y figura incluida "en la Ley 16/95 Forestal y de Protección a la Naturaleza".
Esta parcela, situada en el llamado Paraje Prado de la Casa, era propiedad al 50% de la madre del regidor y de un tío carnal suyo. "Dada su consideración urbanística", señala el fiscal, "resultaba prácticamente imposible toda construcción en ella.
Sin embargo, en octubre de 1999 la madre y el tío carnal del acusado "firmaron un contrato de arrendamiento con la Asociación de Familiares de Adultos con Problemas de Personalidad", y esta asociación se comprometió a convertir la citada parcela en un centro especial de empleo.
25.000 gallinas
El fiscal agrega que lo realmente construido es una explotación avícola con 25.000 gallinas, cuyas instalaciones, según el contrato de arrendamiento, deben "revertir" a los arrendadores dentro de 25 años. Según el fiscal, el alcalde obvió los requerimientos de la Comunidad para suspender las obras y demoler lo hecho y dio luz verde a las mismas. Detalla también el fiscal que la citada asociación presentó posteriormente, en mayo de 2003, un proyecto para hacer 26 chalés adosados e independientes en la misma zona y que el regidor también ha autorizado tales obras pese a tratarse de un solar especialmente protegido. Para el juicio, el fiscal reclama que la Guardia Civil aporte las fotografías de las construcciones hechas en la zona y la utilización que se da a las mismas.
El alcalde de Pedrezuela explica que los terrenos usados para la granja escuela y el taller ocupacional no pertenecen sólo a su madre y a su tío, sino a "otros ocho vecinos más". Añade que fue el propio Ayuntamiento, por orden suya, el que detuvo las obras cuando la Comunidad emitió su informe, y que éstas prosiguieron sólo después de que la parcela fuese liberada del estudio de impacto ambiental debido al carácter social de las mismas. "Se trata de una granja escuela y de un centro ocupacional de empleo de la asociación AFAT, que tiene un convenio con la Comunidad de Madrid", señala el regidor.
Chinchón subraya que las viviendas proyectadas en la zona las está construyendo el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), puesto que son para "disminuidos psíquicos", y que ello ha permitido crear en el municipio "sesenta y tantos puestos de trabajo".
Modesto Nolla, portavoz del PSOE en la Asamblea en materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, asegura que este asunto es fruto de una investigación inicial del PSOE de Pedrezuela. Nolla señala que estas obras, "hechas en un suelo no urbanizable y especialmente protegido", no dejan de ser ilegales por el hecho de que la Comunidad de Madrid las haya eximido del informe de impacto ambiental. Tal exención se produjo el 23 de octubre de 2003.
"A mi juicio, el alcalde ha actuado así amparado por el último Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y por el actual de Esperanza Aguirre, con cuyo consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha firmado un convenio que me parece inconcebible en un suelo no urbanizable y protegido", añade.
