El fiscal pide entre 10 y 51 años de cárcel para 62 acusados del entorno de la banda
Les atribuye integrar los aparatos político, financiero, mediático o internacional de ETA
El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina solicitó ayer penas que oscilan entre los 10 y los 51 años de prisión -1.102 años en total- para 62 acusados de formar parte de los entramados político, financiero, mediático, internacional y de desobediencia civil de la banda terrorista ETA. El juicio se iniciará a finales de marzo o principios de abril si para esa fecha están concluidas las obras del pabellón de la Casa de Campo de Madrid, que lo albergará. Este macroproceso será el mayor de los celebrados hasta ahora por la Audiencia Nacional, incluidos los casos de la Colza o de la Operación Nécora.
Para que se aprecie la verdadera dimensión del proceso, hay que señalar que es casi tres veces mayor que el juicio contra toda la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB), celebrado en octubre de 1997, en el que hubo 23 acusados.
Corresponde juzgar el caso, que fue instruido por el juez Baltasar Garzón desde 1998, a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, que celebrará sesiones durante dos o tres días por semana. Las jornadas restantes se dedicarán previsiblemente al juicio contra la treintena de islamistas procesados como presuntos integrantes de la célula española de Al Qaeda, supuestamente dirigida por Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah, que también es competencia de la citada Sección Tercera.
Entre los procesados -todos ellos acusados de pertenencia o colaboración con ETA y algunos, de varios delitos más- figuran conocidos personajes de la izquieda abertzale, como Xabier Alegria, al que se atribuye el papel de enlace de ETA con el resto de las organizaciones del entramado, consideradas empresas de la banda, y para el que el fiscal pide la pena mayor, 51 años de prisión, lo mismo que para Ramón Uranga, que fue consejero delegado de Orain SA, la empresa editora del diario Egin, antes de su cierre.
También figuran entre los procesados el ex alcalde de Bergara (Guipúzcoa) José Luis Elkoro, que fue presidente de Orain y miembro de la Mesa Nacional de HB, y para el que el fiscal reclama 48 años de prisión; el abogado Txema Matanzas, defensor habitual de presos de ETA antes de ingresar en prisión; el ex jefe del equipo de investigación de Egin y director de la revista Ardi Beltza (Oveja Negra), Pepe Rei; el ex director de Egin, Javier Salutregi; la ex subdirectora del diario Teresa Toda; el ex parlamentario vasco Josean Etxeberria Arbelaitz; el histórico de ETA y ex miembro de la dirección de HB, Jokin Gorostidi o el también ex integrante de la Mesa Nacional de HB José María Olarra.
Seis operaciones
El macroproceso contra el entorno de ETA se inició en 1998 y abarca seis operaciones dirigidas por Garzón entre 1998 y 2002. Se trata de las de la trama financiera de ETA-KAS y la ilegalización de la coordinadora; la del aparato de propaganda, con el cierre del diario Egin y la emisora Egin Irratia; la de la red de información, contra Pepe Rei y el equipo de investigación del citado diario y Ardi Beltza; la del aparato de relaciones internacionales Xaki; la del aparato político Ekin, y la de desobediencia civil, con la fundación Josemi Zumalabe.
Tanto el fiscal Molina como Garzón consideran que ETA no son sólo los comandos que asesinan y ponen bombas, sino que la organización terrorista es un entramado complejo del que forman parte los integrantes del frente político, cultural, de masas, etcétera, y que los que están en la clandestinidad son sólo un pequeño grupo.
El juez Garzón instruyó otros procesos contra el llamado aparato de presos, con Gestoras Pro Amnistía y Senideak; las juventudes del grupo, Jarrai-Haika-Segi, o el brazo financiero que suponen las herriko tabernas (sedes sociales de la izquierda abetzale), en las que hay procesadas más de 45 personas.Este caso es fundamental para el desarrollo futuro de esos procesos, pues del resultado de este juicio dependerán los restantes.
