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La juez confirma el desamparo de los cinco hijos de una familia retirados por la Junta

Manifestación en el instituto del adolescente que se fugó del centro de acogida

Jarro de agua fría para el padre de los menores que fueron retirados el martes por orden de la Junta de Andalucía. La juez de Familia que lleva el caso confirmó la situación de "desamparo" de los cinco hijos de Manuel Amaya. Tres de ellos se encuentran desde el martes en centros de acogida. El mayor, Raúl, se fugó el jueves de uno y el menor no ha podido ser localizado aún por la policía. Ayer, medio centenar de personas se manifestó delante del Instituto Inmaculada Vieira, donde estudia el menor huido, para protestar contra la retirada de los cuatro hermanos.

La sentencia de la juez señala, según Efe, que los hermanos "carecen de un entorno familiar normalizado y cohesionado, no tienen una supervisión adecuada, su vida transcurre en la calle la mayor parte del tiempo y presentan una vinculación pobre entre ellos".

José Antonio Bosch, abogado del padre de los menores y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) señaló que que recurrirá la sentencia. "Entre otras cosas porque no ha podido contemplar los acontecimientos de los últimos días, las circunstancias concretas de los niños en los últimos tiempos. Habrá que estudiar cómo afecta a cada uno de ellos la resolución", declaró Bosch. Los cinco hermanos son hijos de Manuel Amaya y de Manuela Muñoz. El padre se hacía cargo, hasta el pasado martes, de sus hijos, que viven también con su abuela, mientras que la madre, drogodependiente, está "en camino de recuperación", según la portavoz de APDH, Asunción García.

La sentencia del juzgado de Familia 6 de Sevilla confirma una anterior de enero de 2003 que fue suspendida provisionalmente en abril de ese año lo que provocó que el padre de los menores confiase en poder recuperar sin trabas la custodia de sus hijos. Hasta el martes, los niños, según la Asociación Pro Derechos Humanos, iban al colegio y estaban "aseados y atendidos correctamente". Ese día, según relató Manuel Amaya, "policías antidisturbios" se presentaron en su casa con una orden de retirada los niños y se los llevaron "en volandas" tras encerrar al padre en el cuarto de baño de la vivienda. Después, los policías se fueron al Instituto dónde estudia el mayor de los hermanos Raúl, de 15 años, para llevárselo a un centro de acogida en Mairena del Alcor. El menor se fugó del centro el jueves. La policía no lo ha encontrado y tampoco ha localizado al menor de la familia que también, según la orden de la Junta, ratificada por la juez, tiene que ingresar en un centro de acogida.

Ayer, medio centenar de personas se concentraron a las ocho de la mañana en las puertas donde estudia Raúl, el Instituto Inmaculada Vieira, para protestar contra la orden de la delegación de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. "Habíamos llegado a un acuerdo y los niños estaban ya regularizados, iban al colegio, la Junta no sabe la situación de la familia porque no viene aquí nunca. Encima ahora uno de los menores se ha fugado, ahora sí que no va a ir al colegio", comentó Asunción García, de APDH.

En la protesta estaba también estuvo Manuel Amaya que lamentó que se hubiesen llevado a su hijo "ahora que parecía que iba al colegio y que estaba cada vez mejor". El claustro de profesores del centro educativo criticó, en un comunicado, la actuación de los policías que, vestidos de paisano, entraron en la clase de Raúl, y le invitaron a salir y a acompañarles al centro de acogida de Mairena del Alcor.

Los profesores manifiestan "su indignación y rechazo por la actuación llevada a cabo por la policía para retener a uno de sus alumnos". Unos hechos, según el comunicado, "rechazables por sí mismos y por la forma en que se produjeron, que crean alarma en el entorno del propio barrio". El instituto dónde estudia el menor está situado en una zona dónde el absentismo escolar es muy habitual y, según los profesores, dónde la "administración actúa con extraordinaria cicatería y favorece la desatención del alumnado negándose a sustituir al profesorado que sufre bajas".

El director del instituto también apoyó al padre del menor fugado y señaló, el pasado miércoles, que Manuel Amaya "siempre había contestado a sus llamadas" cuando necesitaba comentarle algo de su hijo. El abogado José Antonio Bosch, denunció ayer en el juzgado de guardia a la Junta de Andalucía por negligencia en la custodia del menor huido del centro de acogida. También señaló que "entre el negro y el blanco tiene que haber tonos de grises. La situación no puede ser idéntica para un niño de tres y para otro de 15 años y las medidas que se toman tampoco. La Junta de Andalucía, por su parte, señaló que se había optado por la retirada por "la situación de riesgo de los menores" y que "se depurarían las responsabilidades" de la fuga.

Un final diferente para los primos

Los cinco hijos de Manuel Amaya son primos de otros cuatro menores que compartieron su misma suerte en enero de 2003 cuando la Junta de Andalucía decretó también una orden de desamparo. Tras conocerla, los nueve menores se escondieron durante varios días y APDH denunció la situación. La presión social provocó que el juez optara por suspender provisionalmente la orden de desamparo para intentar normalizar la situación. Hasta ahí la historia es idéntica para todos los niños aunque después se tuerce para los hijos de Manuel Amaya. En junio del año pasado, el juez decidió archivar la causa de sus sobrinos, que viven con su madre, Francisca Muñoz, cuñada de Manuel, en el piso contiguo.

El caso de Manuel, que vive con sus hijos, su madre, su mujer enferma y que cuenta con la ayuda de Francisca para criar a los menores, de entre tres y 15 años, no tiene el mismo final. Y aunque la justicia ha dado la razón a la Administración autonómica, el abogado señala que recurrirá la sentencia para que la familia siga unida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de diciembre de 2004

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