Carpetazo del Poder Judicial a la excarcelación de Lamari

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio ayer carpetazo a la depuración de cualquier responsabilidad de los jueces que excarcelaron en 2002 a Allekema Lamari, supuesto cabecilla del 11-M condenado a 14 años por terrorismo y uno de los siete activistas que se suicidaron después en Leganés (Madrid). Una vez archivadas, por prescripción, las actuaciones disciplinarias, tres vocales propuestos por el PP impidieron la remisión del caso al fiscal del Estado por si hubo delito.

Los cinco vocales de la comisión acordaron el archivo del caso, pedido por el Servicio de Inspección, por encontrarse prescrita la falta muy grave de desatención, al haber transcurrido más de dos años desde que se cometió.

El propio Servicio de Inspección atribuye la responsabilidad prescrita al presidente de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Francisco Castro Meije, y sugiere que, si se aprecia "otro tipo de consecuencia jurídica, se debería optar por la vía jurisdiccional".

Con base en esta sugerencia, la presidenta de la comisión disciplinaria, Montserrat Comas, vocal a propuesta del PSOE, propuso remitir el asunto al fiscal general del Estado, por si tales hechos constituyeran un delito de prevaricación imprudente o culposa. Los tres vocales de la mayoría (Enrique Míguez, Carlos Ríos y Enrique López) se opusieron a la propuesta, que sólo apoyó Ángeles García, también propuesta por el PSOE.

Descuido "exasperante"

García aseguró que en este caso se había producido "una exasperación del descuido judicial", y recordó que el jefe de la inspección del CGPJ investigó en noviembre de 2003 -cuando todavía no había prescrito la responsabilidad disciplinaria- al tribunal que excarceló a Lamari y no constató el error. Añadió que en 2003 el CGPJ realizó 38 investigaciones de denuncias contra la Audiencia Nacional y en 2004 ha realizado 52 y anunció que pedirá al presidente del CGPJ la inspección rigurosa de todas sus secciones penales, "para no tener que enterarnos por EL PAÍS de casos como el de la excarcelación de Lamari".

Como medida preventiva "para ayudar a los jueces", la comisión propuso la puesta en funcionamiento de un sistema informático que avise con antelación de la situación de cada preso y de los plazos procesales. Según Comas, "la prisión provisional se controla hoy como en el siglo XIX".

La comisión expedientó ayer por dos faltas muy graves al juez de Málaga Antonio V. Fernández García, que excarceló a un supuesto narcotraficante y le devolvió los 100.000 euros incautados.