Urbanismo

En los 70 kilómetros de litoral que separan Manilva de Fuengirola van a vivir 1,7 millones de personas en 2015. Esta cifra duplica la población que ahora tienen estos nueve municipios. Sólo el 23% del suelo ordenado en el litoral de la Costa del Sol es de uso público y en estas localidades está ya urbanizado el 50% de los terrenos que se encuentran entre la playa y los primeros quinientos metros de línea terrestre. Este porcentaje en Marbella está por encima del 80%. En Málaga se compraron en 2003, el 45% de los pisos que adquirieron extranjeros en España y se levantaron el 50% de todas las viviendas que se construyeron en Andalucía. Hay otros datos, que al igual que éstos, advierten del riesgo del colapso de las infraestructuras y la voracidad urbanística en la Costa del Sol.

La Junta de Andalucía tiene ultimado un plan para ordenar este territorio. Y los primeros trazos del documento son alentadores. Se considera la franja en su conjunto, como una gran megaciudad, y no cada municipio como un coto privado de su respectivo alcalde. Se anuncia un alto grado de protección para el suelo que queda e importantes reservas de terreno para nuevas infraestructuras. Y todo se plantea, cuando los ayuntamientos están revisando sus planes generales. El asunto, por lo tanto, amenaza con provocar una batalla política importante. Los regidores entenderán que hay injerencia en sus competencias y van a protestar, esencialmente porque el urbanismo se ha convertido en el paño en el que los alcaldes se limpian las lágrimas de los ahogos financieros.

El urbanismo es el único negocio del mundo donde tres trazos en una servilleta de papel se trasladan luego a un plano y se logra una operación millonaria. Por eso, está bien que la Junta intente delimitar las líneas del cartabón. Al documento le falta un análisis previo. El que se comprometió a realizar el grupo de trabajo que aprobó el Parlamento de Andalucía por unanimidad en junio de 2003 para estudiar la intensa actividad inmobiliaria en el litoral andaluz, especialmente en la Costa del Sol. Fue hace un año y medio, y después de que un informe del Instituto Andaluz de Criminología alertara de que el cemento era el mejor blanqueador para el dinero negro. En el paso de una legislatura a otra se traspapeló la iniciativa.