Trillo suscribió un seguro de vida de 450.000 euros para él y 20 altos cargos más de Defensa

El anterior ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, suscribió un seguro de vida y accidente, cuyos beneficiarios eran él mismo y otros 20 altos cargos de su departamento, por valor de 450.759 euros para cada uno en caso de fallecimiento. La cobertura de esta exclusiva póliza abarcaba las 24 horas del día y cualquier lugar del mundo e incluía accidentes derivados de actividades tales como la "caza mayor y menor" o episodios de embriaguez no habitual. La indemnización prevista era más de 20 veces superior a la fijada por la muerte de un soldado, de 19.230 euros.

El contrato fue firmado por el propio ministro de Defensa Federico Trillo Figueroa, quien también dio la orden de iniciar el expediente. La adjudicación se hizo por procedimiento negociado, sin publicidad, a la compañía ACE Insurance S. A.-N. V.

Aunque la aprobación del pliego de cláusulas administrativas se hizo el 28 de noviembre de 2001 y la notificación al adjudicatario se realizó el 21 de diciembre de 2001, la cobertura dio comienzo el 1 de noviembre de ese mismo año.

Durante los primeros 13 meses de vigencia del contrato, el Ministerio de Defensa abonó a la aseguradora un total de 22.728,67 euros, con cargo al presupuesto del departamento, en el que se habían reservado partidas por valor de 27.045,54 euros.

Posteriormente, el contrato se prorrogó por anualidades, la última de las cuales vence el próximo 31 de diciembre. El nuevo ministro de Defensa, José Bono, ha ordenado que no vuelva a renovarse.

Los beneficiarios del seguro eran "la totalidad de los altos cargos del órgano central del Ministerio de Defensa para los que se les garantiza las consecuencias de los accidentes ocurridos durante las 24 horas del día y en cualquier país del mundo", al margen de que estuvieran realizando alguna actividad relacionada con su trabajo, según el contrato.

En las condiciones de la póliza se citaban expresamente, como actividades cubiertas, "la utilización de todo tipo de motocicletas y ciclomotores excepto la participación en toda clase de pruebas deportivas"; "los accidentes que pudieran producirse con ocasión de las prácticas de la caza, sea mayor o menor, esquí, deportes náuticos y patinaje"; "la práctica de deportes como aficionado excepto los deportes peligrosos que se citan a continuación: boxeo, lucha, escalada, encierro de reses bravas, pesca submarina, paracaidismo, toreo y toda clase de deportes aéreos"; o "los accidentes que puedan producirse en caso de embriaguez siempre que ésta no tenga carácter de habitual".

Los beneficiarios de la póliza eran los 21 altos cargos del órgano central del Ministerio de Defensa, comenzando por el propio ministro, Federico Trillo-Figueroa; el secretario de Estado de Defensa; el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); el subsecretario; el secretario general de Política de Defensa; la secretaria general técnica del Ministerio y 11 directores generales.

También estaban incluidos como beneficiarios los miembros de la cúpula militar: el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos.

La indemnización prevista en caso de fallecimiento ascendía a 450.759,08 euros (75 millones de pesetas); mientras que la incapacidad permanente absoluta derivada de accidente se indemnizaba con 510.860,29 euros (85 millones); y la gran invalidez también por accidente con 610.012,10 euros (100 millones). Igualmente estaban cubiertos otros gastos, como los de asistencia hospitalaria y rehabilitación física e incluso los de prótesis dentaria hasta un límite de 450,76 euros. Como término de comparación, el fallecimiento de un soldado en España se indemniza, según la póliza suscrita por el Ministerio de Defensa, con 19.230 euros. Las indemnizaciones previstas por muertes o accidentes en operaciones militares en el extranjero son superiores, pero aun así están muy alejadas de las pactadas por el entonces ministro Trillo-Figueroa para él y sus colaboradores. El decreto ley que hoy será debatido por el pleno del Congreso prevé el pago de 180.000 euros en caso de fallecimiento; 390.000 euros por gran invalidez; y 480.000 por incapacidad permanente absoluta. El seguro vida previsto para los 62 militares que murieron en el accidente del Yakovlev 42, el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía), era 75.000 dólares (56.306 euros), pero la póliza se perdió en la cadena de subcontrataciones que, sin control alguno, llevó al flete del avión, por lo que la compañía aérea ucrania que operó el avión sólo garantizaba un tercio de esta cantidad. El proceso administrativo que llevó a la contratación de un seguro de vida exclusivo para los altos cargos del Ministerio de Defensa fue fiscalizado por órganos del propio departamento: el jefe de la Oficina de Contabilidad de la Dirección General de Asuntos Económicos y la Intervención Delegada de la Subsecretaría. Federico Trillo-Figueroa, "en su calidad de ministro de Defensa actuando en nombre y representación del Estado", firmó el contrato con la compañía aseguradora, a pesar de ser beneficiario directo y personal del mismo. La póliza atribuía a los 21 asegurados la posibilidad de designar y revocar a los beneficiarios de las indemnizaciones, una facultad a la que expresamente renunció el Ministerio de Defensa.