Los alumnos del instituto clausurado en Alcalá protestan contra Educación

Unos 500 alumnos del Instituto Cristóbal Monroy de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se manifestaron ayer a las puertas del centro para solicitar que no les cambien el turno cuando los reubiquen en otros institutos de la localidad. La protesta se produce tras el cierre del centro que la Delegación de de Educación decidió el pasado lunes al recomendar los arquitectos su "clausura inmediata" por problemas en la estructura.

"Hemos estado dos meses dando clases en un edificio que ahora resulta que es peligroso. El bar, al que tienen acceso todos los alumnos y profesores, ha estado funcionando apuntalado desde el inicio de curso", se quejaba ayer Daniel Rosado, alumno de 2º de Bachillerato de 19 años y uno de los portavoces de los estudiantes. Daniel y cerca de medio millar de sus compañeros que asisten a las clases del turno de mañana se manifestaron ayer para pedir a la Consejería de Educación que no les cambien los horarios.

"De momento estamos estudiando las posibilidades que existen para realojar a los dos turnos, unos 1.500 alumnos, que se dividen en 26 unidades de mañana y 23 de tarde. No hay nada decidido, pero lo que está claro es que los dos turnos se reubicarán en centros distintos, porque ninguno dispone de 49 clases. Además, hay que tener en cuenta que 14 de los profesores del Cristóbal de Monroy dan clases en ambos turnos", explicó ayer el delegado provincial de Educación en Sevilla, José Jaime Mougán.

Seis meses

Las obras, según el delegado, estarán terminas en seis meses, por lo que nadie volverá al instituto este curso. "Cuando se detectaron grietas en las juntas de dilatación, la consejería encargó un estudio de las estructuras a la empresa Vorsevi y el viernes pasado nos presentaron los resultados de su estudio. El informe recomendó la clausura del centro porque existía peligro de derrumbe si se sobrecargaban algunas aulas; así que eso fue lo que hicimos de inmediato", aseguró Mougán.

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra se encargaba de ejecutar unas obras de remodelación del edificio, por encargo de la Consejería de Educación, según el procedimiento que se ha seguido hasta ahora en toda la comunidad. Fue entonces cuando comenzaron a detectarse los problemas de estructura del edificio.

"Los alumnos comenzaron el curso con ocho aulas apuntaladas que no se usaban, pero los arquitectos nos aseguraron que no existía ningún tipo de peligro. Únicamente ahora, cuando hemos tenido el informe en la mano, se ha podido tomar la decisión de cerrar el instituto", añadió el representante de la Consejería de Educación.