España propone a la UE pagar las traducciones a lenguas cooficiales
España presentará ante la Unión Europea el día 13 su propuesta sobre la diversidad lingüística para que las lenguas vernáculas españolas tengan cabida en los usos y procedimientos comunitarios. El plan del Gobierno consta de cuatro puntos, que Madrid espera que se acepten en todo o en parte por Bruselas porque será la Administración española la que corra con los gastos de traducción al catalán (valenciano, en la Comunidad Valenciana), gallego y euskera.
El memorándum que presentará España a sus socios comunitarios se sostiene sobre el carácter cooficial de las tres lenguas (habladas teóricamente por la cuarta parte de los españoles en seis comunidades) y sobre el derecho de los ciudadanos a expresarse en esos idiomas. Para hacer más aceptable el proyecto a unas instituciones europeas que todavía no han digerido los problemas planteados por la ampliación del pasado mayo, que elevó a 20 las lenguas oficiales de la UE, España subraya que correrá con los gastos.
Derecho de petición
La propuesta española ofrece cuatro vertientes para el uso de las lenguas minoritarias: derecho de petición (escribir en la lengua autonómica propia a las autoridades de Bruselas); traducción de las intervenciones en las lenguas vernáculas que se realicen ante el Comité de las Regiones y en los plenos del Parlamento Europeo (previo aviso); traducción de los documentos aprobados por el procedimiento de codecisión legislativa (por acuerdo entre el Consejo y el Parlamento), y que estas tres lenguas entren en el programa Lingua, gestionado por la Comisión para dar apoyo financiero a la protección de las minoritarias.
"Es un plan realista, pero no exento de riesgos", decía ayer Alberto Navarro, secretario de Estado de Asuntos Europeos. "El mayor peligro es que se mezcle con el debate general sobre las lenguas oficiales, que ya son 20, y que han hecho que haya muchos meses de retraso en las traducciones de documentos oficiales".
España mantiene contactos informales con sus socios comunitarios con vistas a lograr los apoyos necesarios para una medida que debe ser aprobada por unanimidad, en el mejor de los casos a mediados de 2005. Para facilitar el trago a países reticentes, España insistirá en que "no tendrá costes para el presupuesto comunitario". La Administración española correrá con los gastos, pero aún se tiene que negociar si las comunidades bilingües pagarán la factura.
"Creo que podemos conseguirlo todo, aunque lo más importante es el derecho de petición", apuntó Navarro. El derecho de petición en lengua vernácula supone que el texto original enviado por el ciudadano a la autoridad comunitaria será remitido por ésta a las españolas para que lo traduzcan al castellano. La carta original y su traducción serán reenviadas al destinatario, que responderá en castellano. De nuevo las autoridades españolas traducirán ese texto a la lengua vernácula, para que se envíe al autor.
