El PP instó en junio al Gobierno a hacer una regularización extraordinaria de inmigrantes

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Pío García Escudero, instó por medio de una moción, el pasado 23 de junio, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que abriera "un periodo de regularización para aquellas personas que en la actualidad se encuentren en situación de irregularidad administrativa, en la perspectiva del mercado laboral actual". La petición contradice las actuales protestas del PP en contra de la normalización de sin papeles con contrato de trabajo prevista en el borrador del Reglamento de Extranjería.

La petición al Gobierno para que llevara a cabo una regularización extraordinaria fue incluida en una enmienda transaccional que firmaron el PP, CiU, Coalición Canaria, PNV y Grupo Mixto. Dicha enmienda instaba al Gobierno a que tenga en cuenta la regularización extraordinaria "a la hora de elaborar el decreto o decretos que desarrollen la Ley de Extranjería". En otras palabras: a la hora de elaborar el Reglamento.

Manuel Cabezas Enríquez, el senador del PP que intervino en el debate, se mostró elocuente: "Aplaudo esta moción porque la considero oportuna", dijo en la tribuna de oradores, según aparece recogido en el Diario de Sesiones de aquel día. Cabezas incluso defendió la reforma de la Ley de Extranjería, que ahora es considerada intocable por los dirigentes del PP: "No nos dé miedo hablar de la Ley de Extranjería, pues hay que modificar muchas cosas en ella", dijo.

La última vez que el PP mostró públicamente su rechazo a las regularizaciones extraordinarias fue el pasado domingo, cuando EL PAÍS publicó un cara a cara entre la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y la portavoz de Extranjería de los populares en el Congreso, María Ángeles Muñoz. Muñoz declaró durante ese debate: "Estamos en contra de eso [el borrador del Reglamento de Extranjería] porque las regularizaciones masivas incrementan la inmigración irregular, las mafias y, según los expertos, ésta va a incrementar el paro".

La representante del PP atacaba así el borrador de Reglamento, que contempla un plazo de tres meses para que aquellos inmigrantes que residan en España desde al menos seis meses antes de la entrada en vigor del texto puedan ser regularizados si tienen un contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social y carecen de antecedentes penales tanto en España como en su país de origen. Con esta medida, el Gobierno intenta aliviar la situación heredada del PP, que dejó al Ejecutivo socialista un millón de extranjeros en situación irregular, gran parte de los cuales trabajan en la economía sumergida.

Muñoz insistió en calificar este proceso de "normalización" como una "regularización extraordinaria": "La Ley [de Extranjería] no marca una regularización extraordinaria", remachó.

"Más paro"

Para reforzar su postura, la representante del PP aludió a un estudio reciente del Instituto de Estudios Económicos que, según dijo, "advierte de que España atraviesa uno de los peores momentos para la regularización masiva de extranjeros que tendrá lugar en 2005. Advierte del riesgo de que aumente el paro por la regularización de inmigrantes".

Este periódico intentó que el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Pío García Escudero, explicara la aparente contradicción que supone instar desde la Cámara alta al Gobierno para que acometa una regularización extraordinaria, mientras los líderes del partido critican la normalización recogida en el Reglamento.

Escudero delegó la tarea en la portavoz de Inmigración del PP en el Senado, Rosa Vindel. Ésta declaró que no veía contradicción entre la moción mencionada y el rechazo de los dirigentes de su partido a las regularizaciones extraordinarias: "La moción se refiere a una regularización en la perspectiva del mercado laboral, cosa que el Gobierno no ha hecho [en el borrador de Reglamento]". Durante los gobiernos del PP, según el Ministerio de Trabajo, fueron regularizadas en procesos extraordinarios un total de 480.185 personas.

El borrador de Reglamento del Gobierno, pactado con empresarios y sindicatos, contempla el arraigo laboral y la situación nacional de empleo como vías de regularización. Ha sido respaldado por la Iglesia, las ONG y todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP.