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CiU bloquea la aprobación de dos leyes del Gobierno al pedir un dictamen sobre su constitucionalidad

El Ejecutivo catalán aplaza de nuevo el informe de gestión que debía presentar en junio

El Gobierno catalán adquirió a principios de año dos compromisos en firme: redactar un paquete de 35 leyes para aprobarlas antes de fin de año y dar a conocer en junio el informe de gestión de 2003 de la Administración catalana. Pero ni uno ni el otro tienen visos de cumplirse. Ayer, Convergència i Unió (CiU) bloqueó dos leyes -la del conseller en cap y la reforma del Código de Familia- al reclamar al Consejo Consultivo un informe sobre su constitucionalidad. Por su parte, el consejero portavoz, Joaquim Nadal, anunció que la presentación del informe de gestión sufrirá su enésimo aplazamiento y se hará público, si no hay más demoras, antes de las fiestas de Navidad.

El tripartito tenía esperanzas de que en el actual periodo de sesiones -de septiembre a diciembre- podría aprobar, además de la ley de presupuestos y la de medidas fiscales, la ley que regula la figura del conseller en cap y la reforma del Código de Familia para permitir a las parejas homosexuales la posibilidad de adoptar niños. Pero estas dos últimas han decaído.

Los nacionalistas de CiU mostraron sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley del conseller en cap (o conseller primer, como se pasará a demominar) porque entienden que el presidente de la Generalitat no puede delegar las respuestas en las sesiones de control al Gobierno. Este tipo de sesiones, afirmó ayer el democristiano Josep Maria Pelegrí, son fruto de un acuerdo de la junta de portavoces y, por tanto, no están reguladas, lo que supone "cierta inseguridad jurídica". Respecto al Código de Familia, Pelegrí desmintió que esta maniobra se deba a la oposición de su grupo -y de parte de la bancada convergente- de que los homosexuales puedan adoptar niños, sino que aseguró que la ley presenta "indicios de irregularidad e incorreciones".

La actitud de los nacionalistas irritó a los partidos que apoyan el Gobierno. El republicano Joan Ridao denunció esta maniobra "obstruccionista" y advirtió a CiU de que "corre el peligro de hacer un ridículo espantoso" a causa de su "desorientación política". El portavoz socialista Miquel Iceta ironizó sobre este asunto y afirmó que "algunos, después de 24 años, necesitan más información adicional" sobre el cargo de conseller en cap, que Artur Mas desempeña sin ninguna regulación legal.

Frustrado el compromiso de dar luz verde a estas leyes, ayer el consejero Joaquim Nadal también se desdijo de su promesa de presentar en noviembre el informe de gestión. El Gobierno catalán ya dio a conocer la auditoría de cuentas de 2003 pero falta todavía este análisis sobre la administración. Primero el Ejecutivo dijo que lo presentaría en junio. Después lo aplazó hasta septiembre, para volverlo a postergar a principios de noviembre, es decir, antes de dar a conocer los presupuestos de 2005. Posteriormente fue a finales de noviembre y, ayer, Nadal dijo que será antes de Navidad.

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