Las víctimas de malos tratos carecen de protección policial

Las organizaciones sindicales de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía alertaron ayer de que ambos colectivos carecen de medios "suficientes" para preservar la integridad física de las mujeres con órdenes judiciales de protección. "Con la plantilla actual es imposible hacer un seguimiento de las víctimas ", señalaron. Ayer, el Foro de Alicante contra la Violencia hacia las Mujeres denunció que el Estado anima a las maltratadas a denunciar "sin garantizarles" una protección segura. "Se les dice 'denuncien'. Mañana están muertas", señaló su presidenta.

Los juzgados dictaron en cinco meses y medio 2.092 órdenes de protección a mujeres

La muerte a tiros, el viernes en Calpe, de una mujer a manos de su marido -sobre quien pesaba una orden de alejamiento de su pareja-, ha puesto sobre el tapete el déficit de medios materiales y humanos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para garantizar, en la Comunidad Valenciana, una protección policial segura a las víctimas por maltrato. [Los juzgados valencianos dictaron desde el 14 de abril y hasta el 30 de septiembre 2.092 medidas de protección, es decir actuaciones civiles y penales que, entre otras prohibiciones, impiden al agresor acercarse a la víctima (órdenes de alejamiento)]. En el caso de Calpe, ningún agente realizaba un seguimiento de la mujer. La víctima ni siquiera contaba con un teléfono donde llamar. Además, la Policía Local de la localidad, que teóricamente sirve de apoyo en caso de que el cuerpo competente carezca de medios, desconocía la orden de alejamiento.

El Foro de Alicante contra la Violencia hacia las Mujeres advirtió, a través de su vicepresidenta, María González, que la carencia de efectivos policiales "deja en grave riesgo" a las mujeres maltratadas que denuncian. La presidenta del Foro y miembro de Mujeres Juristas Themis, Obdulia Martínez, abundó en la crítica. "Cuando una mujer denuncia a su pareja su reacción es más agresiva. Es aquí donde se juegan la vida". "Sí, denuncian, pero mañana están muertas", lamentó.

Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apuntaron que apenas una decena de agentes integran el equipo Mujer-Menor (EMUME), en todo el territorio valenciano. Además, estos efectivos no se dedican en exclusiva a estas funciones. La carencia de medios es mimética en el Cuerpo Nacional de Policía, según señala el Sindicato de la Unión Federal de Policía (UFP). En el caso de la provincia de Alicante, entre 10 y 12 policías, agentes que pasaron a segunda actividad, tienen asignado un cupo de entre 10 y 15 mujeres con medidas judiciales de protección. En teoría, estos agentes han de tener un contacto fluido con las víctimas; pero en la práctica "esto no es así", según el delegado del UFP, Vicente Herrador. Este cuerpo ha facilitado en esta provincia un máximo de tres teléfonos, mientras que el resto de víctimas sólo dispone de un número de teléfono al que llamar cuando se sienten amenazadas. Aún así, según Herrador, estos contactos telefónicos no están operativos en horario nocturno, fines de semana y festivos. De esta manera, las víctimas deben acudir al 091, como cualquier otro usuario. La carencias de medios se extienden a las tres provincias.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Bienestar Social señalaron que desde su departamento se ha provisto a 75 víctimas, todas atendidas por los Centro de Mujer 24 horas, de telealarma. Un artilugio insertado a un teléfono móvil, similar a un GPS, que permite un control exhaustivo de la víctima, a través de un ordenador, cuando ella pulsa uno de los botones. [Los expertos de estos centros conceden el aparato]. El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, y a su vez, miembro del Observatorio de Violencia Doméstica, considera que se ha articulado una "amplia" maraña de medidas judiciales para proteger a las víctimas. Si bien, a partir de aquí entran en juego los cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción número Uno de Xàtiva decretó ayer el ingreso en prisión sin fianza del abogado Enrique R.C., de 36 años, por la muerte el viernes de su ex pareja, Manuela Vila, de 43 años, en su domicilio de Canals. El juez le imputa un delito de homicidio, informa Lydia Garrido.