La dirección renuncia a nombrar a los portavoces municipales

El debate que acompaña a los congresos tenía ayer dos frentes en el cónclave de los populares madrileños: uno para el reglamento y otro para sus propuestas políticas. Toda vez que la ponencia política se limitaba a encadenar críticas contra el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la discusión se centró en las cuestiones estatutarias. Y, dentro de ellas, en el rechazo rotundo de los militantes de base a que los simpatizantes tengan casi tantos derechos como ellos, que sí pagan sus cuotas. La dirección, por otra parte, renunció a la potestad que pretendía para nombrar a los portavoces municipales.

La pelea política se esperaba de dos enmiendas presentadas por los afines de Alberto Ruiz-Gallardón para impedir que la dirección del PP tuviera control tanto sobre las cuentas de los grupos municipales como, sobre todo, sobre los portavoces de los ayuntamientos. El ponente, Teófilo de Luis, había propuesto esa posibilidad, que daba a Aguirre la potestad para poner o quitar, por ejemplo, a Manuel Cobo, el número dos de Ruiz-Gallardón. Pero finalmente pactó con Cobo una enmienda transaccional que eliminó la conflictiva propuesta.

Al margen de esta pugna, a los militantes del PP de Madrid no les ha hecho ninguna gracia que su organización nacional se inventara, en el Congreso de principios de octubre, la figura del simpatizante y le diera buena parte de los derechos que tienen los militantes, es decir, los que pagan sus cuotas al partido. Así lo exhibieron de forma insistente varios compromisarios en el debate de la ponencia de reglamento, defendida por De Luis.

Hubo más de una veintena de enmiendas para reclamar que los simpatizantes simpaticen todo lo que quieran con el PP, pero que si quieren ser del partido se afilien y paguen. Además, ésas fueron prácticamente las únicas enmiendas a la ponencia de reglamento que prosperaron, en medio del júbilo de una militancia muy celosa de sus esencias.

El problema -y varios circunspectos compromisarios pidieron la palabra para explicárselo a sus compañeros- es que ningún reglamento puede contradecir lo que marca la norma superior, que son los estatutos del partido. Y éstos han decidido que haya simpatizantes y militantes, para después considerar a ambos afiliados, y dar a unos y otros derechos similares en el PP.

Antes de eso hubo dos enmiendas idénticas, muy aplaudidas, pero que fracasaron estrepitosamente. Ambas fueron expuestas por señores de edad avanzada que intentaban convencer a los suyos de que "no hay que avergonzarse" de lo que se es. Su propuesta consistía en que el PP dejara de calificarse a sí mismo como un partido "de centro reformista" y pasara a asumir que es de "centro derecha reformista". Si en vez de contar los votos hubiera cotizado el entusiasmo de los que aplaudían, estas enmiendas habrían salido adelante. Pero los votos de los centristas convencidos resultaron ser más.

Un elemento curioso, y criticado por la enmienda fallida de un compromisario, es que los militantes populares sólo pueden proponer modificaciones a aquellos artículos de su reglamento que el ponente de turno ha decidido cambiar. No a ningún otro. Esto es así porque lo que se somete a debate es la ponencia de reglamento y no ese reglamento como tal. Es decir, que, si el ponente no modifica nada, los compromisarios no pueden cambiar ni una coma de los estatutos hasta el congreso siguiente.

Uno de los compromisarios percibió ayer una aparente contradicción entre los Estatutos del PP nacional y el Reglamento de la organización de Madrid, que no pudo solventar por esta limitación. Resulta que en el congreso nacional se elevó de 50 compromisarios al 20% de éstos -es decir, en el caso de este congreso, 400 compromisarios- los avales necesarios para presentar una candidatura. Sin embargo, en las elecciones en los distritos sigue computando el límite de los 50 compromisarios. El militante en cuestión pidió enmendar aquello pero, como quiera que ese artículo no formaba parte de la ponencia, no pudo hacerlo.

Propuesta de contenidos

Mucho menos debate hubo en la ponencia sobre contenidos políticos, titulada Comprometidos por Madrid y presentada por la eurodiputada Ana Mato. En sus 80 folios no había ni una sola referencia a la posición del PP madrileño sobre asuntos de discusión candente como el matrimonio de parejas homosexuales -y mucho menos la adopción de niños por parte de éstas-, la eutanasia o la relación entre el poder político y la Iglesia católica.

Sí se pronunciaba insistentemente el texto "radicalmente en contra de quienes defienden posiciones insodiarias y desvertebradoras de España". "Manifestamos nuestra inquietud y preocupación por que en la actualidad diversas fuerzas políticas tengan la voluntad de modificar la Constitución. Debemos ser muy conscientes de lo que se plantea: un desafío en toda regla al modelo de Estado y, en definitiva, a la unidad de España", rezaba la ponencia elaborada por Mato.

Pero el hilo conductor de toda la propuesta política fue el canto a los logros del PP en ocho años de Gobierno, la crítica al actual Ejecutivo central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la exigencia de que no discrimine a Madrid y se esfuerce por consolidar "sólidos e indispensables apoyos institucionales" con una ciudad que, además de gran urbe, es la capital de España.

La ponencia arremetía también contra "quienes buscaron y buscan provecho político de los brutales acontecimientos" del 11-M. "Nosotros nunca nos dedicaremos a organizar manifestaciones en la jornada de reflexión. Nuestro estilo de hacer política es algo más que un supuesto talante; es ejercicio real de diálogo", aseguró Mato.