"La regularización que propone el Gobierno puede aumentar el paro"

La secretaria de Estado, Consuelo Rumí, y la representante del PP, María Ángeles Muñoz, sostuvieron un tenso debate durante hora y media. Lo que sigue es un resumen del encuentro.

Consuelo Rumí. La situación que ha encontrado este Gobierno es caótica, con cientos de miles de personas en situación de irregularidad que el anterior Gobierno del PP nos ha dejado como herencia, y con las oficinas de extranjería colapsadas por cientos de miles de expedientes. Ese atasco había hecho caer en situación de irregularidad sobrevenida a miles de personas. Frente a ese panorama, el Gobierno socialista elaboró un plan de medidas urgentes que ha sido un éxito. Hoy, ya estamos en condiciones de notificar a los inmigrantes que procedan a la renovación de sus permisos. Por otra parte, estamos elaborando un Reglamento de Extranjería que tiene un apoyo mayoritario.

Muñoz: "Estamos de acuerdo con el 80% del texto, pero no con su puesta en marcha"

Muñoz: "Prevén crear 250.000 empleos en 2005. ¿Cómo asimilarán a 800.000 personas?"

Muñoz: "El Gobierno no ha podido crear más incertidumbre con sus declaraciones"

Muñoz: "Dijo que no habría regularizaciones extraordinarias y va a regularizar a 800.000"

Muñoz: "La gente ha percibido la falta de criterio del Ejecutivo con sus rectificaciones"

Muñoz: "Esperábamos que el consenso habido en la ley se prolongara al reglamento"

María Ángeles Muñoz. Desde el Partido Popular lo analizamos de otra manera. Partíamos de un punto clave, una Ley de Extranjería que habíamos consensuado con el PSOE y que podía ser el arranque para el reglamento que habría de desarrollarla. Y si tenía que desarrollarla, no podía ir mucho más allá de ella. Esperábamos que, ya que había habido un consenso en la ley, se mantuviera en el reglamento. Le pedimos a [el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús] Caldera, que explicara cuáles eran sus planteamientos. Y en la intervención que tuvo en el Congreso, nada dijo de lo que después se ha venido planteando. Nuestra sorpresa ha sido la diferencia de criterio entre las medidas propuestas y las ejecutadas después.

C. R. Precisamente es la realidad que ustedes nos han legado, y que se encuentra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la que exige la reelaboración del reglamento. Cuando comenzamos a trabajar en el texto, el Gobierno comprende que hay que dar una salida a la situación de los cientos de miles de personas en situación irregular que nos ha dejado el Gobierno del PP. Por eso vincula, por primera vez, la inmigración al mercado laboral.

M. Á. M. Los saltos de opinión que este Gobierno ha ido dando han hecho no sólo que se cree una gran confusión entre la opinión pública, sino que incluso el CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas recoja que en sólo seis meses, desde el 6 de marzo hasta noviembre, la inmigración ha pasado de ser el sexto problema para los ciudadanos a convertirse en el tercer problema, después del paro y el terrorismo. Yo estoy convencida de que esto es así no porque se haya incrementado el número de inmigrantes. Creo que lo que ha percibido la opinión pública es la falta de criterio que está demostrando el Gobierno con sus rectificaciones.

C. R. La señora Muñoz manipula la realidad. Lo que el Partido Popular llama rectificaciones es lo que sucede cuando se abre un proceso de negociaciones y cuando se quiere escuchar a todo el mundo que quiere y tiene algo que decir. Señora Muñoz: el Partido Popular se ha quedado solo, está aislado. Hay una opinión prácticamente unánime de apoyo al reglamento: por parte de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de sindicatos, de empresarios, de colegios profesionales, de todas las fuerzas políticas y de la Iglesia. El primer informe que hemos recibido del Consejo Económico y Social [CES] lo valora positivamente. Y, con respecto al CIS, vuelve usted a manipular la información. Decir sólo que en los últimos datos del CIS los encuestados consideraban la inmigración como uno de los tres principales problemas del país, es dar una información sesgada. Debe recordar que el CIS informó en 2001, bajo su Gobierno, que el 31,1% de los españoles situaban la inmigración como el tercer problema, y en el año 2002 ese porcentaje era del 28,5%.

M. Á. M. No se remonte dos años atrás, sitúese en marzo [de este año], cuando dejamos nosotros el Gobierno. Evidentemente, si el reglamento desarrolla una ley que impulsó el Gobierno del PP, cómo no vamos a estar de acuerdo en más de un 80%. Con lo que no estamos de acuerdo es con la manera en que han llevado a cabo su puesta en marcha. Si, en el fondo, nosotros les dejamos ese borrador. Pero, a partir de ahí, la política de inmigración, en cuanto a hechos, a declaraciones, no ha podido crear más incertidumbre. ¡Pero si usted, señora Rumí, está pidiendo calma a los inmigrantes para que no vayan a las oficinas a preguntar!

C. R. La única incertidumbre que se ha producido es la que ustedes han provocado con sus declaraciones, manipulando la información que daba el Gobierno. ¡Desde luego que he pedido calma, es mi responsabilidad! Fíjese, con esa petición de calma, hecha por cierto para contrarrestar su manipulación de los contenidos que se estaban estudiando para el reglamento, gracias a esa petición, no ha habido ningún espectáculo que lamentar en todo este mes. ¿Conoce algún espectáculo como los que hubo con su Gobierno? No lo ha habido, porque los inmigrantes han atendido a las indicaciones que hemos hecho. En cuanto a la gestión, creo que ustedes no tienen autoridad política ni moral para hablar, habida cuenta de la situación que han dejado.

M. Á. M. Me sorprende cuando dice que el PP no tiene autoridad moral ni política, y le voy a decir por qué: en los años que ha gobernado el PP hemos pasado de una tasa de inmigración con un índice muy bajo, comparado con la Unión Europea, a unos índices importantes: estamos en torno a 1.700.000 extranjeros en situación de normalidad. El problema de la inmigración va a generar el principal efecto en el ámbito social, económico y laboral de nuestro país. ¿Cómo no nos va a preocupar? En la elaboración del reglamento, ustedes han ido rectificando e intentando acomodarse para que les llovieran palos de menos sitios. En verano declaró usted: "No soy partidaria de las regularizaciones extraordinarias porque no arreglan nada". Y meses después dice que el Gobierno va a regularizar a 800.000 inmigrantes.

C. R. Efectivamente, yo he dicho que este Gobierno no iba a hacer regularizaciones extraordinarias. Lo que se propone en el reglamento es una normalización, no una regularización extraordinaria. Las regularizaciones extraordinarias son incondicionales para todo el mundo, y este proceso que se propone ni es incondicional ni es para todo el mundo. Tiene cuatro requisitos claros: la persona que quiere acogerse al proceso tiene que demostrar que lleva más de seis meses en nuestro país, que no tiene antecedentes penales ni en su país de origen ni el nuestro, debe tener un contrato de trabajo, no una oferta, y además debe tener un alta en la Seguridad Social. Cuando hablábamos de a cuántas personas afectará, yo decía, siempre lo he dicho, que hablar de las personas irregulares que ustedes nos han dejado en herencia era muy difícil, pero que podemos considerar real un número entre las 800.000 y el millón. Éstos son los potenciales beneficiarios de la normalización prevista en el reglamento, a la que no todos se podrán acoger; se acogerán los que cumplan los requisitos que he enunciado antes.

M. Á. M. Mire usted: el 15 de noviembre, el Instituto de Estudios Económicos advierte de que España atraviesa uno de los peores momentos para la regularización masiva de extranjeros que tendrá lugar en 2005. Advierte del riesgo de que aumente el paro por la regularización de inmigrantes y dice cómo va variando el mercado laboral y que, si está previsto crear 250.000 puestos de trabajo, los 800.000 inmigrantes difícilmente van a poder ser asimilados. Y anuncia que además se va a producir un corrimiento en cuanto a puestos de trabajo, que habrá personas que accedan a puestos de trabajo que ahora ocupan otros y que esos otros caerán en el desempleo.

C. R. Sinceramente, señora Muñoz, no les veo nada preocupados por la economía sumergida: sindicatos, empresarios, organizaciones, sectores sociales, comunidades autónomas, ayuntamientos, están muy preocupados por el empleo ilegal que hay en nuestro país. A ustedes los veo reticentes para luchar contra el empleo ilegal y contra la economía sumergida. Y no entiendo muy bien ese paralelismo que quiere usted hacer de que si se incorpora esta gente al mercado laboral se va a producir paro, porque ¿nos dejaron ustedes a estas personas en condición de irregulares? Sí. ¿Están trabajando? Parece que la mayoría de ellos sí, así nos lo dicen los empresarios. Si están aquí y están trabajando, lo que queremos es que aflore ese empleo ilegal que hay.

M. Á. M. No podemos iniciar un proceso de regularización con tan poco criterio, con términos tan inestables. Ustedes aseguran que los inmigrantes necesitarán estar empadronados, pero luego el señor Caldera sale del Consejo de Ministros y dice: "Vamos a ver si hay otros procedimientos para regularizar a los que llevan aquí seis meses". Los inmigrantes están viniendo a España porque saben que aquí pueden regularizar su situación. Puede usted encontrarse con un número de aspirantes todavía mayor de aquí hasta febrero. Creo que se están equivocando.

C. R. No hay ningún dato que avale eso que dice de que están llegando a España más inmigrantes. Es lamentable que quienes plantearon el problema, que fueron ustedes, no estén dispuestos a aportar una solución ni a colaborar en una sola línea del reglamento. A día de hoy, no hemos recibido ni una sola aportación del PP. Se mantienen en la trinchera en una actitud de confrontación que no es nada deseable.

M. Á. M. Nuestro reglamento es el que le dejó a usted el Gobierno anterior. Se lo entregó en mano el anterior secretario de Estado para la Inmigración.

C. R. Ése es un documento del Gobierno anterior, no una aportación del PP.

M. Á. M. Se le entregó un documento y usted lo tiene. ¿Quiere que le pongamos a ese documento el sello del PP?

C. R. Se trata, señora Muñoz, de que usted haga aportaciones, como representante del PP, al reglamento de éste Gobierno. No ha aceptado todavía que hay un documento que es el proyecto del Gobierno, al que no han hecho ninguna aportación.

M. Á. M. Usted y yo éramos conscientes, en la pasada legislatura, de que el reglamento que le dejó el Gobierno del PP incorporaba una serie de mecanismos que iban a hacer posible que la inmigración regular pudiera tener una vía válida dentro del país. Y ahora lo que han hecho es incorporar una disposición que va en contra del efecto de la Ley de Extranjería [se refiere a la normalización de los inmigrantes irregulares que lleven seis meses residiendo en España y tengan un contrato de trabajo]. La Ley no marca una regularización extraordinaria. Ésa es nuestra postura.

C. R. Pero no su política.

M. Á. M. Ésa es nuestra política.

C. R. Pues no ha sido su política cuando han gobernado. Sinceramente, creo que no sólo se han quedado solos, sino que no quieren entender cuál es la situación. Mire, la situación es la siguiente. ¿Cuántos extranjeros regularizados existen en nuestro país? 1.800.000. Ésa es una realidad, pero añada a esa realidad más de 800.000 personas que ustedes nos han dejado de forma irregular. Acababan de hacer un proceso de regularización extraordinario, porque ése sí que fue extraordinario, donde regularizaron a unas 300.000 personas sólo en 2001, y en el año 2003 aparecieron ya más de un millón de personas en condición de irregularidad. ¿Eso es una buena gestión? ¿Qué hicieron con el control de fronteras, al que dedicaron todos los presupuestos? No funcionó. ¿Y sabe por qué? Porque no quisieron que funcionara la inmigración regular, a la que este Gobierno sí dedica presupuestos y para el que es un objetivo prioritario. La mejor política que puede hacer un Gobierno para disuadir al potencial de inmigrantes que quieren venir de forma irregular es que funcionen los mecanismos de llegada regular. ¿Quién marca la capacidad de acogida? El mercado laboral y las necesidades del mercado laboral, que es el que, regulado legalmente, creará riqueza, aportará valor no sólo en el aspecto económico, sino también en el demográfico.

M. Á. M. El PP no creó los problemas. Es una irresponsabilidad por su parte decir eso. La inmigración irregular es un problema que tienen el resto de los países de la Unión Europea, y lo que usted haga aquí probablemente interfiera, y mucho, en lo que hagan ellos. Ningún informe de la UE apuesta por procesos de regularización masiva. Me está diciendo que regularizar a 300.000 personas fue una barbaridad. Pues imagínese multiplicarlo por dos, como pretenden ustedes hacer. Nosotros estamos en contra de eso porque las regularizaciones masivas incrementan la inmigración irregular, las mafias y, según los expertos, ésta va a incrementar el paro.

C. R. Usted sigue siendo una gran demagoga, pero la inmigración no necesita demagogos. Ustedes nunca han sabido la foto real del mercado laboral en nuestro país, porque han mirado para otro lado cuando tendrían que haberse enfrentado al empleo ilegal. Nosotros sí queremos enfrentarnos a él, y después de la normalización sabremos cuál es la foto real del mercado laboral. Usted sigue empecinada en decir que el proceso de normalización es una regularización extraordinaria. Pues yo seguiré insistiendo en que esto no es una regularización extraordinaria.

M. Á. M. Las cosas son como son. Sólo le quiero decir algo. En el tema del arraigo laboral, ¿sabe por qué discrepamos? Porque ustedes mantienen una postura hacia la denuncia de los inmigrantes a los empresarios que creemos que es perjudicial. Nuestra propuesta va vinculada a un contrato de trabajo. Entendemos que debe ser más efectivo un arraigo laboral vinculado a un contrato de trabajo a futuro.

C. R. Cada vez que la escucho, cuanto más escucho al PP, más preocupación siento, porque veo que siguen en esa posición de sacar rentabilidad política de un tema tan sensible y tan delicado como es la inmigración. En cualquier caso, le diré que el Gobierno sigue tendiéndole la mano al PP. Apelamos a su sentido común para que nos hagan sus propuestas por escrito, para que entiendan que el borrador de reglamento que se les ha entregado es fruto del trabajo de muchas organizaciones, que ha sido aprobado en la mesa de diálogo social por los dos sindicatos mayoritarios de este país y por los representantes de los empresarios, que es una propuesta que se ha debatido y estudiado durante mucho tiempo... Pero seguimos abiertos al diálogo.