La Generalitat y los agentes sociales exigen el traspaso de la formación

La Generalitat, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales Pimec, Fomento del Trabajo y Fepime exigieron ayer de nuevo, a través de una declaración conjunta, el traspaso de los fondos y la gestión de la formación continua (Forcem) a las comunidades autónomas, como consecuencia de las tres sentencias del Tribunal Constitucional que dan la razón al Gobierno catalán. Además de pedir la territorialización de estos fondos, los agentes sociales y el Ejecutivo catalán reclamaron el traspaso de las cantidades que no hayan sido ejecutadas durante 2004 en concepto de bonificaciones directas a las empresas.

A las puertas de la próxima conferencia sectorial de asuntos laborales, que se celebrará mañana en Madrid, los firmantes de la declaración exigieron "acelerar" la derogación del real decreto que ordena el nuevo modelo de formación continua, firmado por el anterior ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, por considerar que ha sido un "fracaso". Tanto la Generalitat como las patronales y las centrales sindicales piden la puesta en marcha de un nuevo modelo que dé un mayor margen de decisión a las comunidades autónomas.

El director del Servicio de Empleo de Cataluña, Francesc Castellana, denunció que el modelo impulsado por Zaplana "provoca problemas de gestión y también para llegar a las pequeñas y medianas empresas". Por ello, se comprometió a defender esta declaración en la conferencia sectorial. La secretaria del Area Socioeconómica de CC OO, Dolors Llobet, pidió que el nuevo modelo "se base en la proximidad y en la detección de las necesidades de formación" en cada comunidad. El vicesecretario general de UGT, Diego Martínez, subrayó que el traspaso de los fondos de la Forcem "no es una reivindicación única de la Generalitat, sino de todos los agentes sociales".

La directora de formación de Pimec, Lourdes Esteban, aseguró que los actuales fondos "no llegan a las pequeñas y medianas empresas, que representan un porcentaje muy elevado del tejido empresarial" catalán. A esta denuncia se sumó el responsable de formación de Fepime, Miquel Solé, que subrayó que este déficit se produce "en un escenario de deslocalizaciones y de intento de fomentar la competitividad" de las pequeñas empresas.

Vías de financiación

El modelo de fondos de la Forcem aprobado por el Ejecutivo del PP preveía para 2004 un presupuesto total de 787,4 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, 701 millones, debía canalizarse a través de bonificaciones a las empresas que realizaran cursos de formación, reduciendo sus aportaciones a la Seguridad Social. El PSOE, al llegar al Gobierno, se comprometió a negociar un nuevo modelo para el año 2006. La Generalitat, amparándose en las sentencias del Tribunal Constitucional, considera que debería gestionar el 18% del presupuesto total de la formación continua.