La Generalitat decide exigir a sus proveedores etiquetar en catalán
Las empresas tendrán libertad de etiquetado fuera de la Administración
El Gobierno catalán debatirá y previsiblemente aprobará el próximo martes la norma por la que exigirá a sus proveedores que etiqueten sus productos en catalán. Con esta medida, la Generalitat quiere dar un empujón al etiquetado en catalán, que no ha tenido el aumento esperado desde que se aprobó la Ley de Política Lingüística. Fuera del ámbito de la Generalitat, las empresas seguirán teniendo libertad para etiquetar en catalán o en castellano.
Seis años después de aprobarse la Ley de Política Lingüística de 1998, elaborada por el Gobierno de Jordi Pujol, los resultados son magros en cuanto al etiquetado en catalán. La explicación está en que la norma dio libertad para que los datos que figuran en las etiquetas puedan constar "en catalán, castellano o en cualquier otra lengua de la Unión Europea". Sólo deben estar etiquetados en catalán los productos artesanales y los que tienen denominación de origen.
Muchas empresas han preferido el castellano por motivos de distribución o de costes. Algunas, como Freixenet y Caprabo, afirman que ya etiquetan sus productos en catalán desde hace años. Pero otras se han mostrado remisas porque la ley no las obliga. Ahora el objetivo del Gobierno catalán es aumentar la oferta de productos y servicios en catalán sin tocar la Ley de Política Lingüística de 1998, que da libertad de idioma a las empresas para etiquetar. "Lo que pretendemos es que en el futuro el etiquetado en catalán sea un requisito de los contratos con los proveedores", afirmó el secretario general del conseller en cap, Raimon Carrasco.
8.550 millones en compras
El poder de compra de la Generalitat es inmenso. En su presupuesto del año que viene tiene previsto gastar 5.080 millones de euros en adquirir bienes y servicios, sólo para los departamentos de la Generalitat. El gasto asciende a 8.550 euros si se incluyen todos los organismos que dependen de ella.
La red de hospitales del Instituto Catalán de la Salud, por ejemplo, es el mayor cliente de alimentos. Otros dos capítulos importantes de las compras de la Generalitat son los servicios telefónicos y los ordenadores que adquiere.
La norma que regula las compras de la Generalitat ha sido elaborada por Antoni Mir, secretario de Política Lingüística. Mir quiere que las empresas que reciban subvenciones o avales cumplan con la obligación de que sus carteles fijos estén redactados en catalán, como prevé la ley.
Mir también pretende cambiar el sistema de ayudas al doblaje de películas al catalán, aunque esta cuestión quedará para más adelante. El secretario de Política Lingüística considera que "el sistema actual es costoso y sus resultados poco visibles". Por ejemplo, una película de gran éxito, como El señor de los anillos, no se ha visto en catalán ni en vídeo ni en DVD. En adelante, se pretende que las películas se puedan ver también en otros soportes distintos al cine para recibir ayudas al doblaje.
Política Lingüística tendrá listas antes de acabar el año cinco oficinas de apoyo ciudadano para asesorar a los que quieren "vivir en catalán" y a las empresas y entidades que deben cumplir la ley. Las oficinas estarán en las cuatro capitales de provincia y en Tortosa.
Los clientes tienen derecho a escoger la lengua en la quieren comunicarse con sus bancos y compañías de seguros. La Ley de Política Lingüística establece que la señalización de los carteles de las tiendas debe estar en catalán y exige a las empresas que tengan impresos en catalán y en castellano para atender a sus clientes.
- Bares, restaurantes y hoteles
Las empresas de hostelería han de tener la señalización y los carteles de carácter fijo escritos en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas y los nombres comerciales. Lo mismo ocurre con las cartas y los menús de los restaurantes, que deben estar escritos en catalán, sin excluir otras lenguas.
- Documentos notariales
En líneas generales, se deben redactar en la lengua que escoja el cliente, y si hay más de un cliente, en la que ellos acuerden. En las notarías se ha de preguntar al cliente en qué lengua quiere que se redacte el documento. Si no se escoge expresamente la lengua, se ha de optar por el catalán. Las entidades que dependen de la Generalitat y los ayuntamientos han de usar, normalmente, el catalán.
- Créditos y seguros
Créditos, préstamos y aperturas de cuentas bancarias se han de redactar en la lengua que escojan los clientes. Las entidades deben tener impresos separados en castellano y catalán. Esta norma se aplica también en las pólizas de abono a los servicios de agua, gas y teléfono, entre otros.
- Comunicaciones empresariales
Las que realicen las empresas de la Generalitat y los ayuntamientos se escribirán habitualmente en catalán, pero se deberá atender en castellano a los consumidores que lo pidan. Las tiendas han de estar en condiciones de emitir sus comunicaciones en catalán y en castellano, y los carteles y las ofertas de servicios estarán en catalán, así como los cheques, talonarios y extractos.
- Rótulos comerciales
Los carteles de información y la señalización de tipo fijo deben estar en catalán. Quedan fuera de esta norma las marcas, los nombres comerciales y los rótulos protegidos por la legislación de la propiedad industrial.
- Atención al público
Las empresas que venden productos o servicios deben estar en condiciones de poder atender a los clientes en "cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña". Esta norma afecta a tiendas, supermercados, gasolineras, bancos, cajas, museos y hoteles. Además de poder atender en los dos idiomas, estas empresas han de tener en catalán la señalización de los carteles fijos y las ofertas para los consumidores.
