España es el tercer país de la UE por casos de fraude en las ayudas europeas
Los expedientes abiertos ascienden a 33, entre ellos el relativo al Fondo Social Europeo
España es el tercer país de la UE por casos de fraude en la gestión de los fondos estructurales y de las ayudas agrícolas, según el informe anual de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF) que será presentado hoy en Bruselas. Entre julio de 2003 y de este año, España tenía abiertos 33 casos en esos capítulos, sólo por detrás de Italia, que encabeza la lista con 47 expedientes, y Alemania, con 35. Uno de los asuntos más espectaculares que describe la OLAF se refiere al fraude valorado en dos millones de euros registrado con un programa del Fondo Social Europeo.
En total, la OLAF tenía abiertos en julio pasado 601 casos, de los que 75 correspondían a España. La cifra es elevada para España, sobre todo por las irregularidades detectadas en la gestión de las mencionadas ayudas, algo que no llama demasiado la atención de los investigadores puesto que, a su vez, España es uno de los países más beneficiados en el reparto de esos fondos. De los 33 correspondientes a las ayudas, 18 se refieren al sector agrícola y 15 a los fondos estructurales.
En la gestión del FSE, España figura en el citado periodo a la cabeza de los casos cerrados en el citado periodo (nueve de un total de 38). Uno de esos casos se registró en Madrid. Dentro de una actividad cofinanciada por la UE para dar cursos de formación a desempleados, los gestores de la misma entregaban a los formadores sólo el 25% de las cantidades que declaraban a los órganos comunitarios y, a la vez, tenían un acuerdo con un suministrador de ordenadores para hinchar también sus intercambios comerciales.
La OLAF, que cerró su investigación en julio pasado, cree que algunos ordenadores se vendieron dos veces y que el margen de beneficio de los organizadores de los cursos aumentó en poco tiempo entre el 240% y el 640%. Por todo ello, la oficina antifraude recomendó que se exigiera la devolución total de las ayudas de ese programa (unos dos millones de euros).
Otro caso español descrito en el informe, que tampoco incluye la identidad de los defraudadores, ocurrió en Pontevedra y la investigación se cerró en abril pasado. La OLAF descubrió que un armador había recibido subvenciones comunitarias por más de 653.000 euros para renovar y adquirir barcos nuevos, cuando en realidad estaba utilizando el dinero para sufragar los gastos derivados del mantenimiento rutinario de sus buques.
También en el capítulo español, la OLAF destaca una operación internacional en la que participó, junto con policías británicos, portugueses, suecos y españoles, contra una organización de contrabando a gran escala y que concluyó con la intervención de 25 millones de cigarrillos, 80.000 litros de bebidas alcohólicas y 4,5 toneladas de resina de cannabis.
'Caso Eurostat'
En el periodo correspondiente al informe, la OLAF abrió también una investigación especial sobre Eurostat, la oficina estadística de la UE en la que se descubrieron cuentas falsas y contratos inexistentes o abultados. Por ese motivo, la OLAF abrió 14 diferentes expedientes, dos de los cuales los envió a los jueces de Luxemburgo (sede de Eurostat) y tres a los de Francia.
En el ámbito de las relaciones exteriores, una de las investigaciones que puede originar importantes consecuencias se refiere al supuesto desvío para grupos terroristas de fondos comunitarios destinados a la Autoridad Palestina.
Investigadores de la OLAF visitaron la zona en octubre del año 2003 y en los pasados meses de enero y octubre. La investigación aún no ha finalizado, pero el informe señala que, aunque han mejorado los controles financieros en la Autoridad Palestina, "los sistemas no están suficientemente consolidados como para excluir los riesgos de mala utilización de los fondos".
En el periodo al que se refiere el informe, la OLAF calcula en 1.500 millones de euros los fraudes de todo tipo detectados. Sólo en fondos estructurales, el fraude superó los 300 millones de euros. A lo largo de los 12 meses, la oficina registró 637 casos, lo que supone un aumento del 9% con respecto al periodo anterior, aunque sólo 275 se convirtieron en expedientes para investigar.
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