Interior cubre 44 de las 112 plazas de 'mossos' ofrecidas a otros cuerpos

Un entusiasmo matizado y unas pruebas exigentes, al menos a tenor de la purga, han motivado que sólo se hayan cubierto 44 de las 112 plazas que Interior ofreció a otros cuerpos policiales para que se incorporaran a los Mossos d'Esquadra. El examen de catalán provocó la mayor criba. La Asociación Profesional de la Guardia Civil sostiene que la información del proceso fue deliberadamente escasa.

El Departamento de Interior recibió 85 solicitudes, y siete de ellas provenían de militares y policías locales, por lo que no se ajustaban a las bases, así que fueron rápidamente desechadas. De las 78 válidas, 65 eran de guardias civiles y 13 del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Sólo 36 de los primeros y 8 de los segundos han superado las pruebas. Por el camino se quedaron casi la mitad. Los 44 declarados aptos entrarán en la academia el 1 de diciembre y saldrán el 14 de enero, tras un periodo de aprendizaje mucho más corto que los habituales nueve meses.

La primera prueba -los exámenes de catalán y leyes catalanas- cribó a 12 de los 70 aspirantes (además, dos no acudieron al lugar señalado para efectuar las pruebas y ocho, aunque estaban presentes, renunciaron a examinarse). Ni el CNP ni la Guardia Civil examinan a sus aspirantes de ambas materias. Interior sólo pregunta sobre leyes catalanas -el Estatut, la ley de función pública y la que regula el funcionamiento del cuerpo- desde 2000. Hasta entonces se enseñaban íntegramente en la academia.

Sólo 24 se sometieron a la prueba del idioma, ya que los restantes fueron exonerados por presentar un certificado de conocimiento. A pesar de ello, el desconocimiento del catalán descartó a la mayoría de esos 12 agentes. En una segunda fase, que incluía un test psicotécnico, un control médico y una entrevista personal, quedaron atrás 12 aspirantes más.

El sueldo de un mosso es "sustancialmente superior" al de un guardia civil, reconoce José Cabrera, de la Asociación Profesional de este cuerpo. Pero con el trasvase se pierde el cargo, de forma que un cabo o un sargento del instituto armado entra como agente raso en la policía autonómica. Tampoco se asegura el destino ni hay posibilidad de vivir en cuarteles.

Con todo, "lo que más ha frenado las solicitudes es la falta de información del proceso", asegura Cabrera, que reduce la oferta de plazas a una "cuestión política, aunque no hubiera mucho interés en cubrirlas". Afirma que los interesados se han tenido que informar por su cuenta. También sostiene que en algunas unidades se ha dificultado a los guardias civiles que se examinaran, negándoles los necesarios días de permiso, por entender el traslado como una "traición al cuerpo".