2.000 trabajadores se manifiestan en defensa de los astilleros de Sevilla y San Fernando

Unos 2.000 trabajadores de los astilleros de Sevilla y San Fernando, las dos factorías públicas andaluzas que han quedado en peor situación tras el rechazo de Bruselas a algunos aspectos del plan presentado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), realizaron ayer una manifestación conjunta para exigir al Gobierno central que mantenga los acuerdos alcanzados por los sindicatos y la SEPI. Esos acuerdos garantizaban la viabilidad de ambos astilleros y su control público. Los empleados de los astilleros de Cádiz y Puerto Real también secundaron la jornada de movilizaciones, con cortes de carreteras.

Los sindicatos habían convocado ayer dos horas de paro en todos las factorías del grupo Izar para exigir al Gobierno que reabra la negociación sobre el futuro de los astilleros públicos, tras el parón al plan pactado con la SEPI a finales de octubre. El plan pasaba por crear un holding con dos sociedades independientes: la primera incluirá a los astilleros militares, con una situación más saneada y menos restricciones comunitarias a la ayuda pública, y la segunda a los astilleros civiles, a la que se imputará la obligación de devolver las ayudas públicas que Bruselas ha considerado ilegales (casi 1.000 millones de euros).

Bruselas planteó hace dos semanas objeciones al plan. Por un lado, estima que dentro de la sociedad militar se quieren incluir demasiadas factorías y pedidos de la industria civil. Y por otro lado, rechaza la composición de la nueva sociedad civil: 49% del Estado, 21% de las cajas y 40% del sector privado. La normativa europea impide la creación de una nueva sociedad pública de construcción naval en el ámbito civil y la Comisión interpreta que las cajas de ahorros son de control público.

En el caso de Andalucía, la situación es especialmente preocupante para las factorías de Sevilla y San Fernando, cuyos trabajadores se manifestaron ayer de forma conjunta en la capital. El astillero de Sevilla está incluido dentro de las plantas civiles; los sindicatos rechazan una posible privatización y Bruselas no da luz verde a la sociedad planteada por la SEPI. En el caso del astillero de San Fernando, la movilización del municipio y los trabajadores logró que se incluyera dentro del área militar, pese a que en los últimos años había realizado contratos civiles. Pero las objeciones europeas comprometen su futuro.

La manifestación convocada por CC OO y UGT en Sevilla transcurrió sin incidentes, aunque dificultó el tráfico en la capital durante un par de horas. Según los representantes sindicales, de San Fernando llegaron unas 1.200 personas, mientras que de la factoría sevillana se sumaron otros 700 trabajadores. El Cuerpo Nacional de Policía rebajó el número de manifestantes a poco más de un millar.

La marcha, vigilada por un amplio dispositivo de policías antidisturbios, tenía como objetivo forzar una entrevista de los dirigentes sindicales con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan José López Garzón. Pero ninguno de los dos estaba al mediodía cuando la manifestación llegó a las sedes de ambas administraciones.

Francisco Fernández, presidente del comité de empresa de San Fernando, e Ignacio Sánchez, máximo responsable sindical de la factoría sevillana, aseguraron a los medios de comunicación que Chaves y López Garzón les recibirá la próxima semana. Y volvieron a insistir en que el Gobierno reabra la negociación para lograr un "acuerdo político" que garantice la viabilidad de los astilleros. Los dirigentes sindicales respaldaron la iniciativa del ministro de Industria, José Montilla, de intentar suavizar la postura de Bruselas, que ayer mismo abrió la posibilidad de prorrogar hasta marzo la devolución de las ayudas.

En Cádiz, los trabajadores de Izar utilizaron las dos horas de movilizaciones para causar cortes de tráfico. Primero los empleados de la factoría gaditana cortaron la carretera que da acceso a la planta. Luego, los trabajadores de Puerto Real ocuparon el puente José León de Carranza, uno de los dos únicos accesos a la Bahía de Cádiz. Los trabajadores arrojaron a la carretera piedras, rastrojos, botes metálicos, alambres y maderas. A algunos de estos objetos les prendieron fuego. Una decena de manifestantes desatornilló los anclajes de seis farolas. Dos de ellas quedaron atravesadas en la calzada mientras que el resto cayó al agua. El Cuerpo Nacional de Policía, que custodiaba la torre de control del puente, no intervino, lo que evitó enfrentamientos entre agentes y empleados.