Más poder municipal

Se cumplen ahora 25 años de la elección de los primeros ayuntamientos democráticos. No hay duda de que han tenido un papel fundamental en la construcción de la democracia. Han contribuido eficazmente a la formación de los consensos básicos; han sido una magnífica escuela permanente de prácticas democráticas, y han resultado ser el instrumento más eficaz cuando la sociedad ha tenido que encajar procesos de cambio agudos, como, por ejemplo, la súbita multiplicación de la inmigración extranjera. Pero son débiles en competencias y recursos financieros.

Casi todo lo que hacen los ayuntamientos tiene que ver directamente con el bienestar de la gente. Y, sin embargo, ni tienen todas las competencias que esta acción de proximidad requeriría, ni los recursos necesarios. Gestionan alrededor del 13% del gasto público, un porcentaje muy lejano a la media de los países de estructura federal consolidada (20%). A pesar de su precariedad financiera, hacen funciones supletorias en competencias que no tienen. Un 30% de su gasto corresponde a estas tareas, pero sólo la mitad de ellas les viene financiada. Por tanto, llevan razón los alcaldes cuando dicen que el poder municipal ha sido la cenicienta del Estado autonómico. Y debería ser un objetivo aumentar su poder financiero ahora que se debaten las reformas estatutarias y constitucionales.

Se extiende la creencia, entre políticos y observadores, de que la proximidad a la ciudadanía que el poder municipal tiene es crucial para trabajar adecuadamente con la sociedad en determinados servicios básicos: la educación primaria, la vivienda, la asistencia social requieren de una atención pormenorizada, casi personalizada, que sólo los ayuntamientos pueden dar. La experiencia demuestra que una acción municipal atenta es mucho más eficaz para resolver los problemas relacionados con la inmigración que mil leyes de extranjería. Todo eso requiere traspaso de competencias y de recursos al poder local. Y también, obviamente, por parte de los municipios el esfuerzo de desburocratizar al máximo la gestión, de superar la cultura del recelo y de las trabas administrativas.