250 expertos formarán la Agencia de Calidad de los Servicios Públicos, que dependerá del Senado

El Gobierno no va quedarse satisfecho con la aprobación de nuevas leyes, como la que decidió contra la violencia de género en junio, sino que pretende evaluar si la calidad de los servicios impartidos y el dinero invertido en ellos ha sido rentable. También quiere que se analice si el dinero que la Administración dedica a las subvenciones para fomentar el empleo estable frente al temporal da resultados, y el que invierte en la cooperación internacional. Para lograr ese objetivo creará próximamente la Agencia de Calidad de los Servicios Públicos, a la que acaba de dar luz verde una comisión de expertos.

El proyecto de la Agencia de Calidad fue una de las banderas más esgrimidas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, cuando estaban en la oposición, y entrará en vigor en los primeros meses de 2005, una vez que el Consejo de Ministros apruebe la normativa que regirá las agencias. "El debate público internacional ya no es el de cuánto se gasta sino si se gasta bien o no", dice el ministro de Administraciones Públicas.

El proyecto se ha retrasado unas semanas por la decisión del Gobierno de eliminar la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, de la que inicialmente iba a colgar la Agencia de Calidad. Pero el informe de la Comisión de expertos, aprobado esta semana, al que ha accedido EL PAÍS, marca las pautas de su organización y sus objetivos.

Unos 250 funcionarios especializados integrarán la Agencia de Calidad, que estará regida por un presidente, que será un experto reconocido; un Consejo Asesor, formado por una decena de expertos, y un Consejo Institucional, con representantes de las Administraciones central, autonómica y municipal. La Agencia de Calidad estará integrada por expertos y, aunque inicialmente dependerá del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), el objetivo de la Comisión es que dependa del Senado, una vez reformado en Cámara territorial y que su presidente sea ratificado por las cámaras, tras ser consensuado entre el Gobierno y las comunidades. Su dependencia de Administraciones Públicas será burocrática, pero el funcionamiento de la Agencia será independiente.

Las propuestas de evaluación a la Agencia de Calidad procederán del Gobierno, pero también de las comunidades autónomas, municipios y de la Conferencia de Presidentes autonómicos. La participación autonómica y municipal será voluntaria y el Gobierno está hablando con las comunidades para implicarlas. El Ejecutivo cree básica esta participación porque "dotaría a la Agencia de un carácter federal que la haría más eficaz".

La comisión de expertos, dirigida por Juan Antonio Garde, ex director del Instituto de Estudios Fiscales, e integrada por catedráticos especializados, ha inspirado su modelo de Agencia en la experiencia de Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos y Francia, entre otros países. En España, los primeros pasos se han dado con la evaluación del uso de los fondos de cohesión comunitarios, señala Garde.

Pero la Agencia de Calidad tiene un espacio propio que no cubren los organismos de inspección existentes en España, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, cuya misión es velar por el cumplimiento de la legalidad en el manejo del dinero público, señala Garde.

A la Agencia de Calidad corresponderá velar por la eficacia del dinero que invierte la Administración y calibrar si las políticas que emprende el Gobierno son acertadas, señala Sevilla, que resalta la importancia de su cometido por un dato contundente: el sector público representa un 50% del PIB en España.

Incentivos fiscales

Una preocupación del Gobierno es calibrar la rentabilidad del dinero invertido en incentivos fiscales y subvenciones directas. Sólo en gastos e incentivos tributarios los Presupuestos de 2005 establecen más de 41.208 millones de euros. El borrador de la Comisión de expertos señala que "al menos un tercio de ellos, 14.000 millones, deben ser objeto de evaluación inmediata".

También se evaluarán los resultados de los programas de I+D y de cooperación para el desarrollo, así como las políticas de dependencia social y de integración de la emigración.

El carácter independiente con que se pretende dotar a la Agencia de Calidad "evitará debates partidistas sobre el funcionamiento de los servicios públicos allá dónde la Agencia exprese su dictamen", dice Sevilla. Su objetivo, con la creación de la Agencia, es implantar una "nueva cultura en una sociedad en la que los contribuyentes son más exigentes sobre el uso de su dinero".