Un polvorín en circulación

"Bueno, aquí en Asturias que una persona tenga varios cartuchos de dinamita en su casa está a la orden del día. Es muy normal". La frase en sí no tendría mayor trascendencia, pero dicha por un mando policial causa su efecto. Pero sólo pone de manifiesto un secreto a voces: la falta de control sobre explosivos que ha vivido el Principado en los últimos años. Algunos sectores, como las asociaciones de la Guardia Civil, habían pedido medidas y más recursos para acabar con esta desidia, pero hasta el 11-M recibían la callada por respuesta. Después, algunos responsables políticos se llevaron las manos a la cabeza al ver de dónde habían salido los 260 kilos de Goma 2 Eco utilizados en la matanza.

Sólo una veintena de guardias de los 1.600 que hay en la región se dedica al control

Hasta hace 15 años, la distribución de los explosivos la vigilaba la Guardia Civil. Una fábrica de Oviedo abastecía a los yacimientos. Detrás de la furgoneta que llevaba la Goma 2 iba un coche del instituto armado. Al llegar a la mina, se descargaba el explosivo para una voladura determinada. El sobrante se destruía en la misma explotación. Así no había riesgo de que los cartuchos de dinamita desaparecieran misteriosamente.

Pero el sistema cambió tras el cierre de la factoría ovetense. Ahora son las empresas las que compran directamente la Goma 2 a la factoría de Unión Explosivos Río Tinto de Burgos. Unos vigilantes de seguridad custodian los envíos y depositan la mercancía. A partir de ahí, cada empresa tiene que llevar un libro de registro donde conste las entradas y salidas de los cartuchos. En los yacimientos hay un polvorín principal, pero la normativa autoriza a tener polvorines más pequeños, denominados minipoles, diseminados por la mina. Su capacidad máxima es de 50 kilos.

¿Dónde está el problema? En la falta de control. Las empresas tienen que llevar sus libros de registros al día y recontar a diario el material explosivo almacenado. Sin embargo, algunas asociaciones de la Guardia Civil reconocen que falta personal y medios materiales para llevar a cabo las inspecciones pertinentes, que, como responsables de la intervención de armas y explosivos, les corresponde.

Caso práctico: si un artillero retira 200 cartuchos y otros tantos detonadores, puede despistar un número indeterminado ya que no hay nadie que le vea. Antes, los guardias civiles se quedaban a ver las voladuras; ahora no. Esto supone que el artillero puede sacar el material en pequeñas cantidades. "La responsabilidad también es de las empresas. En algunos centros de trabajo, ves que no hay vigilancia y que los explosivos están tirados en las galerías. Basta con coger las bolsas y llevártelas", reconoce un experimentado artillero, que prefiere el anonimato.

En Asturias, donde se cuentan varios centenares de polvorines, trabajan unos 1.600 guardias civiles, de los que sólo una veintena están destinados a la docena de intervenciones de armas y explosivos que tienen que controlar los depósitos de las minas. Esas intervenciones pueden tener más personal, como es el caso de Gijón, donde hay unos seis guardias (incluidos los mandos) y personal administrativo de apoyo. Pero también se da el caso de otros puestos más pequeños, como Cangas de Narcea, donde sólo hay un cabo y un guardia. Uno de ellos siempre tiene que estar en la oficina, para la comprobación de los libros de registro, la presentación de armas o la tramitación de licencias. De esta forma, un único efectivo es el encargado de ir por las minas para hacer los controles a pie de obra. "Además el factor sorpresa se pierde porque tienes que avisar antes para que te busquen material con el que bajar a la mina. Nosotros sólo tenemos el uniforme y siempre te pones perdido. Pedimos material como botas", señala Alberto García Llana, el delegado en Asturias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria de la región, con 722 afiliados.

¿Y qué uso tiene el explosivo que se vende en el mercado negro? La venta de dinamita y Goma 2 Eco está muy extendida por toda la región, según confirman mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Sus usos resultan muy variados. La pesca del salmón es uno de los más frecuentes. Cuando un pescador halla un buen banco de peces, éste se asegura sus capturas con uno o dos cartuchos. Los peces mueren por la onda expansiva, y luego son recogidos. Esta práctica también se hace en alta mar. Los problemas con grandes árboles en fincas particulares también se arreglan con un barreno. El precio de un cartucho en el mercado oficial alcanza los 30 euros, cantidad que puede llegar a multiplicarse por tres o cuatro en el mercado negro. "Lo que debe quedar claro es que toda la culpa no ha sido de las empresas mineras. Éstas son las primeras que deberían haber controlado los polvorines, pero también la Guardia Civil, que no ha hecho su trabajo. Con el 11-M, estamos hablando de una trama muy grande que no consiste en robar tres o cuatro cartuchos. Algo ha fallado", señala un dirigente sindical de la región asturiana. "Por ejemplo, han procesado al jefe de seguridad de la mina Conchita

[de donde supuestamente salieron los explosivos utilizados en el 11-M]. ¿Alguien ha procesado a los guardias civiles que tenían que comprobar su guarda y custodia?", se pregunta.

Algunas fuentes consultadas reconocen que existen muchas diferencias entre las explotaciones privadas y las públicas. Estas últimas se caracterizan por tener un férreo control de los depósitos, con sus consiguientes entradas y salidas. Esto no suele darse, según reconocen esas fuentes, entres muchas compañías particulares. "Hay explotaciones en las que sólo se trabaja por la mañana y que carecen de vigilancia por la tarde, por lo que se puede entrar con total facilidad", concluyen esas fuentes.