La policía pide más control en 10.000 polvorines

Los investigadores del 11-M consideran que una de las partes más complejas para perpetrar un atentado como el de la matanza en los trenes de Madrid, donde se emplearon más de 100 kilos de dinamita, es la consecución del explosivo.

Del análisis de los hechos y de los testimonios de los implicados en los mismos, los agentes que investigan el caso han llegado a la conclusión de que los fallos en el control de la dinamita que se utilizaba en la mina Conchita de Asturias permitieron a los radicales islamistas hacerse con explosivo suficiente para perpetrar el mayor atentado que ha sufrido España en toda su historia.

Por eso, la policía advierte a las autoridades políticas de que hay un problema grave en España de falta de medidas de control y seguridad de explosivos. Y recuerdan que en este país se fabrican cada año cuatro millones de kilogramos de Goma 2 que se distribuyen por 10.000 polvorines.

La investigación de la matanza del 11-M destapa la falta de seguridad en las minas

Los terroristas de los trenes de Madrid sacaron de Asturias 200 kilos de Goma 2

El ministerio cifra en 4.000 toneladas la dinamita que se fabrica al año en España

El Ministerio del Interior aprobó hace sólo unos meses una nueva normativa para extremar las medidas de seguridad en los polvorines y ha anunciado la redacción de una modificación del Código Penal para endurecer el castigo para los que usen ilegalmente explosivos y establecer penas de cárcel para los que incumplan las medidas de custodia de la dinamita.

Conductas penalizadas

El Código Penal vigente tipifica dos conductas delictivas en relación con los explosivos:

- Artículo 335: "El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses. Si el daño causado fuera de notoria importancia se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior".

- Artículo 568. "La tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos (...) así como su fabricación, tráfico o transporte o suministro de cualquier forma no autorizado por las leyes o la autoridad competente será castigado con la pena de prisión, si se trata de sus promotores u organizadores y la pena de prisión de tres a cinco años para los que hayan cooperado a su formación".

Un picador de la mina Conchita, encarcelado por el juez Juan Del Olmo por supuesta colaboración en el robo de dinamita, ha declarado que, cada día, en su lugar de trabajo el sobrante de dinamita (entre cinco y seis cartuchos por pareja de obreros) se apilaba en el tajo "para usarla al día siguiente".

En la instalación minera de la que supuestamente salió el explosivo del 11-M no existen vallas y carece de luz artificial. Sólo hay trabajadores de lunes a viernes entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde. Después cierra y sólo se quedan en el lugar seis perros atados.

En la investigación que el juez Del Olmo encargó a la Guardia Civil, el instituto armado reflejó la "falta de control" en el uso de explosivos en la propia mina Conchita. En el proceso previo de fabricación, almacenamiento y posterior distribución, no apreció ningún fallo en los sistemas de seguridad por el que se pudieran sustraer cartuchos de dinamita.

Es en la mina Conchita donde, según el informe de la Guardia Civil, más fácil es el robo en el momento en que los trabajadores la están utilizando. La investigación concluyó que para la sustracción de los más de 200 kilos de explosivo que tenían los islamistas del 11-M hacía falta una "red organizada de colocación o comercialización del material sustraído, con buenos contactos con el mundo de la delincuencia común dedicada al tráfico de armas".

La investigación policial del atentado de los trenes descubrió una trama de tráfico ilegal de explosivos (véase gráfico) que encabeza el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, que había trabajado en cuatro periodos de tiempo distintos, entre 2000 y 2002, en la mina Conchita.

Suárez Trashorras trabó amistad con islamistas radicales y consiguió para ellos, según la investigación policial, más de 200 kilos de dinamita Goma 2 ECO. El ex minero comenzó a servir esta mercancía en enero de 2004 mediante viajes a Madrid de tres conocidos, que llevaron en mochilas hasta 60 kilos de dinamita. A dos de ellos, con el reclamo de pagarles entre 700 euros y 1.000 euros por hacer el recado, les aseguró que transportaban discos compactos y polen de hachís. Al tercero no le engañó y tras hacer el primer envío a Madrid, le utilizó para que los islamistas lograrán otros 200 kilos.

El último viaje

Fue en un viaje realizado por tres de los terroristas del 11-M en el último fin de semana del mes de febrero. Trashorras, según la investigación policial, había dispuesto diversos escondites junto a la mina donde se encontraba el explosivo. Los radicales islamistas acudieron al lugar en compañía del menor al que Trashorras había encargado el último envío de la dinamita a Madrid. Hicieron dos viajes a la mina donde cargaron de cartuchos cinco mochilas en cada desplazamiento. Después, con los 200 kilos de dinamita viajaron a Madrid y, en una finca de Chinchón, fabricaron los artefactos explosivos. Dos semanas después del robo, colocaron 13 bombas en cuatro trenes que hacían el recorrido entre Álcalá de Henares y Madrid. Diez de los artefactos explotaron. Mataron a 191 personas e hirieron a más de 1.500.