El PP exige la paralización de la ley de Suelo al carecer de tres informes preceptivos

El PP criticó ayer que la ley de Suelo ha sido enviada al Parlamento sin tres informes preceptivos y reclamó la suspensión de su tramitación mientras llegan, así como ampliar el plazo de enmiendas. El Gobierno ha tenido además que poner en marcha contrarreloj una nueva traducción al euskera del texto, al haber rechazado la primera el responsable del servicio de Traduccion del Parlamento, que la consideró "penosa". La tardanza de un mes en enviar el proyecto a la Cámara desde su aprobación en Consejo de Gobierno fue achacada a dificultades con la traducción.

El PP reclamó ayer a la Mesa del Parlamento que reconsidere la admisión a trámite de la ley de Suelo, lo que en la práctica supone solicitar su devolución al Gabinete. Esta iniciativa, basada en la carencia de tres informes preceptivos, incluye la petición subsidiaria de que se suspenda el plazo de presentación de enmiendas, cuya ampliación se negó a admitir el tripartito en la reuinión de la Mesa del pasado martes.

Según los populares, el Gobierno ha enviado el proyecto al Parlamento sin los informes del Consejo Económico y Social (CES), del Consejo Municipal de Euskadi y de la Comisión Jurídica Asesora. En realidad, existe un informe del órgano consultivo que acompaña al proyecto, pero el PP estima que no se ha realizado sobre el texto definitivo enviado al Legislativo, sino sobre uno anterior y que ello incumple el mandato de que la Comisión sea la última en informar los proyectos y de que emita un segundo dictamen cuando los anteproyectos sufren modificaciones sustanciales posteriores a su pronunciamiento. En todo caso, el PP recuerda que el informe jurídico señala que el proyecto invade competencias del Estado, de las tres diputaciones y de los ayuntamientos y considera "numerosas y farragosas" las correcciones que el órgano asesor no ha tenido oportunidad de volver a revisar.

Respecto del informe del CES, la memoria incluye una comunicación en la que ese organismo comunica la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para pronunciarse sobre el proyecto. El Consejo Municipal, por el contrario, no envió ni un informe ni una explicación por su ausencia.

En su escrito a la Mesa, el PP califica además de "incomprensible" que el tripartito deniegue tanto esos informes como el plazo "necesario" para trabajar la ley y recuerda que en proyectos de mucha menor envergadura los grupos han disfrutado "de más del doble del tiempo que en este caso para hacer las enmiendas".

"Penosa" traducción

No es el único nuevo obstáculo en la carrera contra el reloj que libra la ley de Suelo a consecuencia de la tardanza del tripartito en acordar el texto. El penúltimo lo incorpora el cuestionamiento de su traducción al euskera, que ya retrasó en un mes su llegada al Parlamento tras la aprobación del proyecto en Consejo de Gobierno en septiembre. Esa versión ha sido tachada ahora de "penosa" y al parecer no permite el trabajo ni de diputados ni de intérpretes.

El ejecutivo tiene ya en marcha una nueva traducción, según aseguraron fuentes de la Presidencia del Parlamento, después de que la semana pasada el jefe del Servicio de Traducción de la Cámara elevase una protesta tachando de "penosa" ("negargarria", en el original en euskera) la enviada en el momento de registrar el proyecto.

El escrito del responsable de los traductores del Parlamento se sumó a una protesta de Sozialista Abertzaleak (SA), el grupo de la ilegalizada Batasuna, que sólo trabaja por principio con textos en euskera. SA envió a la Mesa el 12 de noviembre una solicitud instandole a pedir al Ejecutivo un texto "comprensible" en euskera.

Esta iniciativa no pasó por el órgano de Gobierno en su siguiente reunión, el día 16, por lo que los grupos desconocían su existencia. Es previsible que se analice en la reunión del martes, según señalaron las mismas fuentes de Presidencia, que restaron trascendencia a la decisión que adopte la Mesa, dado que el Ejecutivo trabaja ya en el nuevo texto en euskera.