El padrón no será la única prueba para regularizar inmigrantes

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer que el Gobierno admitirá, además del padrón, otros medios de prueba "rigurosos y fehacientes" que demuestren que los inmigrantes llevan seis meses en España, condición mínima para su regularización. El Consejo de Ministros, que ayer vio el proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería para su envío al Consejo de Estado y al Poder Judicial, calcula que entrará en vigor en enero.

El proyecto de Reglamento de la Ley de Extranjería recoge, en su disposición adicional tercera, un nuevo proceso de "normalización" de extranjeros al que podrán acceder inmigrantes en situación irregular empadronados seis meses antes de la entrada en vigor del texto. El proceso, cuya apertura está prevista para enero, contempla tres meses para que los empresarios puedan regularizar a los trabajadores extranjeros que lleven seis meses empadronados y cuenten con un contrato de otros seis. La Administración prevé que el proceso acabe en agosto.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales aclaró que el nuevo proceso afectará a menos de 800.000 inmigrantes e insistió en que el fraude es "imposible". Recordó los documentos que deben presentarse para la regularización: padrón, pasaporte, certificados de penales del país de origen y de España, contrato de trabajo, inscripción de la empresa en el registro y alta en la Seguridad Social. "Es imposible que puedan falsificarse todos estos documentos", insistió para avalar su tesis de que la regularización no será un "coladero".

El ministro, tras recordar que el texto ha sido consensuado con empresarios y sindicatos, explicó que el objetivo del nuevo proceso es solucionar una "situación difícil" creada por el "caos administrativo de los últimos años" y por el "estrangulamiento de las vías legales de entrada", que hacía prácticamente imposible contratar legalmente a un extranjero.

Los cinco ejes del reglamento son: la gestión de los flujos migratorios; la lucha contra la inmigración irregular y la economía sumergida; la integración de los extranjeros; el consenso como política de Estado y la gestión administrativa eficaz y ágil.

Caldera, tras recalcar el amplio consenso alcanzado por el Reglamento con diferentes interlocutores sociales y todos los partidos, a excepción del PP, recordó que el lunes se reunirá con este partido. Confió en lograr también el acuerdo "a pesar de que conocen el Reglamento desde hace dos meses y no han aportado nada".

La vicepresidenta primera señaló, por su parte: "Hay quien propone cerrar los ojos a un problema aunque hayan visto cómo durante años entraban miles de inmigrantes por la puerta de atrás, y este Gobierno prefiere abrir los ojos y abordar el tema con responsabilidad". Con el Reglamento se inicia el camino hacia un gran acuerdo de Estado, sentenció.

Nombramientos

Además, el Consejo de Ministros aprobó ayer los siguientes nombramientos: Pedro Cruz Villalón y Josefina Gómez Mendoza, miembros del Consejo de Estado; Purificación Morandeira Carreira, directora del Centro para la prevención y lucha contra la contaminación marítima y del litoral; y María José Segarra Crespo, fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla.

También se aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de Ley por el que se amplía el derecho a la justicia gratuita a los litigios transfronterizos en la Unión Europea. Asimismo se refuerzan los derechos de los discapacitados para el acceso a la justicia gratuita.