La Audiencia investiga una denuncia contra Carod de un partido de ultraderecha

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha remitido una comisión rogatoria a las autoridades judiciales suizas para verificar si son auténticos 168 depósitos a plazo abiertos supuestamente en dos entidades bancarias helvéticas, en los que figuraría como titular el presidente de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, junto a destacados miembros de la ilegalizada Batasuna en unas ocasiones y, en otras, con cargos públicos de su partido, según informa Europa Press. Así figura en un escrito del citado juzgado, que toma como base una denuncia presentada por miembros de un partido de ultraderecha.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona recibió dos denuncias de idéntico contenido, en las que se denunciaba la presunta financiación ilegal de ERC a través de la organización terrorista ETA, Herri Batasuna y otras organizaciones. Las dos denuncias estaban firmadas por un vecino de Barcelona, Francisco Heredia, y por Luis García Rodríguez, miembro del partido político de ultraderecha, Estado Nacional Europeo, formación que se presentó a las pasadas elecciones generales.

El juez dictó el 2 de marzo un auto de archivo de las denuncias, al considerar que tenían "carencia de verosimilitud" y argumentó que las copias de ingresos en cuentas suizas a nombre de dirigentes de ERC podían haber sido elaboradas simplemente con un "ordenador". No obstante, en abril el juez Baltasar Garzón -en funciones en el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional- remitió un oficio al juzgado pidiendo el auto de archivo de las denuncias.

La denuncia incluye copias de los presuntos depósitos a nombre de Carod Rovira, del diputado de Sozialista Abertzaleak Joseba Álvarez, o el europarlamentario abertzale Koldo Gorostiaga, y otros dirigentes republicanos.

En el escrito del juez aparece el nombre de varias empresas de las cuales procederían los fondos de la supuesta financiación de ERC. Las empresas no figuran, según Europa Press, en los registros mercantiles de España o Francia.