Los CES mediterráneos piden a la UE que pase de un control policial a la cooperación en inmigración

"Las políticas de seguridad y control deberían dar paso a una estrategia de impulsar las relaciones exteriores para potenciar la cooperación, la economía y el comercio" con los países del sur y este del Mediterráneo. Es una de las conclusiones de un documento elaborado por representantes de consejos económicos y sociales del Mediterráneo que ayer se presentó en el encuentro que celebran en Valencia sobre inmigración. El escrito apela a fomentar el acceso a la educación, la participación en la vida cultural y social; y estructurar los flujos migratorios con una agencia de empleo.

"Debería intensificarse el diálogo y la cooperación para allanar el camino de la integración de los inmigrantes y sus familias, de forma que se les permita ejercer sus derechos y obligaciones así como participar plenamente en la vida económica, social y cultural". Esta recomendación forma parte del borrador del documento elaborado por representantes de los consejos económicos y sociales de España, Algeria, Francia, Grecia, Italia y Túnez, que se presentó ayer en Valencia, donde se inauguró la XI Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares que aborda cuestiones relacionadas con la inmigración y la cooperación y la política alimentaria.

El escrito destaca la importancia de los factores de integración y en la cooperación entre todos los países para acabar con los problemas derivados de la inmigración, entre los que destaca las redes mafiosas de tráfico de personas y el "importante incremento de inmigración clandestina, así como de las figuras delictivas asociadas al tráfico y la trata de seres humanos". Como alternativa a esta situación y el exceso de peso que de da en la Unión Europea a los aspectos de seguridad y control policial de la inmigración, el documento aboga por "la acción exterior", entre las que incluye el fomento de políticas de cooperación, y de intensificación de relaciones económicas y comerciales. .

En total, se recogen veinte medidas que sindicatos, empresarios y agentes sociales proponen para poner remedio a las disfunciones derivadas de la emigración. Junto a la cooperación y el aumento de relaciones entre emisores y receptores de inmigrantes, aborda la necesidad de garantizar el acceso a la educación y a trabajos normalizados a los inmigrantes, así como su integración en la vida cultural y social. Pero también medidas concretas para agilizar las relaciones laborales.

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) español, Jaime Montalvo, se refirió a la creación de "una especie de Instituto Nacional de Empleo (Inem)", que ayude a ordenar los flujos migratorios, como otra de las medidas que se propondrán. Este organismo "ayudará a ordenar los flujos migratorios" y consistiría en "trasladar a los países de origen de los inmigrantes las demandas que existen en el mercado laboral europeo". Este servicio de empleo también prevé la colaboración en políticas formativas "para preparar al inmigrante en las tareas que se va a encontrar" y, especialmente, permitirá que la inmigración "se haga en condiciones de regularidad", explicó Montalvo.

También se propondrá la unificación de criterios estadísticos sobre la inmigración para "conocer mejor la realidad del fenómeno" y que se unifiquen los "criterios de persecución de organizaciones mafiosas de tráfico de personas". A juicio de Montalvo, es necesario que la UE tome medidas para "fortalecer el desarrollo de los países del sur del Mediterráneo, con políticas de inversiones y de políticas comerciales".