El Síndic revela que el Consell desoye cinco de sus 13 recomendaciones sobre la reforma de la LRAU

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, entregó ayer en las Cortes una comunicación especial sobre la actividad urbanística en la Comunidad Valenciana en la que revela que el Consell ha rechazado cinco de las 13 recomendaciones que la institución defensora de los ciudadanos le hizo de cara a la reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Del Rosal, que intervino en la comisión de Peticiones de la Cámara para dar cuenta de la memoria correspondiente al año 2003 y del informe especial sobre la contaminación acústica y el fenómeno del botellón, señaló que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ampara a una valenciana es un "espaldarazo".

Del Rosal dice que la aplicación de la ley urbanística ha causado "alarma social"

La comunicación especial sobre la actividad urbanística en la Comunidad Valenciana -elaborada de oficio por el Síndic a partir de las 2.374 quejas recibidas en los últimos ocho años sobre este tema y que Bernardo del Rosal entregó ayer en las Cortes- reclama a las Administraciones públicas mayor control de los procesos urbanísticos, así como que se incentive más la participación de los propietarios en los planes urbanísticos y se controlen más los costes de urbanización. Y señala que se ha detectado "cierta dejación" en la supervisión de la actuación del agente urbanizador.

La Sindicatura de Greuges remitió el pasado mes de marzo a la Consejería de Territorio y Vivienda un total de 13 recomendaciones para que fueran tenidas en cuenta en el proceso de elaboración del proyecto de ley de reforma de la LRAU, una norma con 10 años de vigencia cuya aplicación ha revelado "carencias, deficiencias e interpretaciones no deseadas" e incluso ha provocado "alarma social". En mayo, el departamento que dirige Rafael Blasco remitió al Síndic un borrador del anteproyecto de la Ley Urbanística Valenciana, que ha de sustituir a la LRAU, y un documento en el que contestaba a las indicaciones de la institución. A partir de toda esa documentación, el Síndic elaboró un informe con 13 recomendaciones, que remitió en junio a la consejería y que ayer presentó en las Cortes. El Síndic indica al final del escrito que al no haber recibido ninguna comunicación oficial en el sentido de que se haya incorporado alguna más de sus recomendaciones al anteproyecto de ley, ha de concluir "que de las 13 recomendaciones emitidas, ocho han sido aceptadas, cuatro totalmente y cuatro de forma parcial, y las cinco restantes no han sido aceptadas".

Pese a ello, Blasco contestó ayer que la nueva ley "se inspira en las recomendaciones del Síndic" y afirmó: "Se han incorporado todas las recomendaciones hasta donde llegan nuestras competencias".

El Síndic pide que "se extreme el control sobre las valoraciones que presentan los urbanizadores, al objeto de reflejar, con la mayor exactitud posible, el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo y a las construcciones existentes en el mismo". La consejería rechaza esta recomendación porque las valoraciones expropiatorias se rigen por la legislación básica del Estado, pero el Síndic de Greuges considera que la ley debería hacer mención expresa del objetivo que apunta. Otra recomendación rechazada indicaba que "el Ayuntamiento, al aprobar las cuotas de urbanización, pueda, atendiendo a las especiales circunstancias económicas del propietario, acordar el aplazamiento del pago hasta la conclusión de las obras de urbanización". El departamento de Blasco la rechaza porque es la ley de Haciendas Locales, de ámbito estatal, la que regula el régimen y procedimiento de fijación de cuotas y porque, en su opinión, "no parece proporcionado que quien vaya a recibir las plusvalías no haga efectivos sus deberes hasta el final del proceso". La institución señala que "con todos los respetos, no puede compartir esta explicación", y considera, por el contrario, que esta competencia no es exclusiva del Estado.

Tampoco ha aceptado la consejería la recomendación de "reflexionar acerca de la conveniencia de mantener el privilegio reconocido al urbanizador para exigir a los propietarios el pago anticipado de las inversiones previstas". La cuarta recomendación rechazada es la que propone reconocer a los propietarios el derecho a subrogarse en la condición de urbanizador-adjudicatario del PAI [Programa de Actuación Integrada], asumiendo íntegramente su posición jurídica y con carácter preferente respecto a quien formuló la alternativa técnica original que sirva de base para la aprobación del PAI".

Finalmente, el Consell rechaza igualmente la petición de "sustituir el aviso por una notificación administrativa que acredite el conocimiento por parte de los titulares catastrales afectados de la programación prevista, en aras de evitar su indefensión".