Los jueces investigan el patrimonio del alcalde de Pinto

La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la denuncia por supuesta prevaricación y cohecho formulada por el fiscal de Urbanismo, Emilio Valerio, contra el alcalde de Pinto, el socialista Antonio Fernández. El tribunal ordena investigar el patrimonio del regidor y da un varapalo al juzgado del caso, el número 2 de Parla, por la forma y el contenido del auto en el que archivó la causa contra los imputados.

La Sección Sexta de la Audiencia conmina al juzgado a que "investigue a todas y cada una" de las 16 personas a las que denunció el fiscal. Éste asegura en su denuncia que Fernández ha tomado decisiones urbanísticas que han favorecido económicamente, entre 1999 y 2002, "a su amigo" el aparejador Francisco Blanco Villazón y que éste, como compensación a los favores, regaló un importante patrimonio a una sociedad constituida por dos hermanos del regidor, lo que habría enriquecido a éstos y al propio alcalde".

Así, el juzgado instructor ha dictado una providencia en la que cita para el próximo 22 de noviembre a Fernández y a Blanco Villazón como imputados. Además, se les insta a que ese día acudan al juzgado con "copias y el original de sus declaraciones de la renta de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003". Igualmente, requiere al alcalde para que "aporte una relación de los secretarios e interventores del Ayuntamiento desde 1998 y hasta la fecha, con detalles" -se subraya en la resolución- "de los periodos en que éstos prestaron sus funciones, y también [que facilite los nombres] de los concejales del Ayuntamiento desde dicho año y hasta hoy, con sus cometidos en el mismo, y periodos en que ejercieron el cargo y sus direcciones a efectos de notificación".

Asimismo, a Blanco Villazón le reclama "una relación de todas las adjudicaciones o contrataciones que hubiere efectuado el Ayuntamiento o la empresa Aserpinto [semipública] a su persona desde 1998 y hasta la actualidad". El juzgado le insta también a que le facilite con todo detalle tales adjudicaciones y [enumere] qué contratos [municipales] no le fueron adjudicados. También deberá aportar "copia de los contratos de transmisión de bienes inmuebles efectuados por él o sociedades en las que hayan sido socios o partícipes Alberto y Santiago Fernández [hermanos del alcalde]". Y, en su caso, que "describa el inmueble transmitido y si éste fue tasado antes de la venta y en qué precio". Asimismo, el juez pide al Registro Mercantil de Segovia que le remita copia literal de la inscripción de la sociedad Fergo Reunidos, SA.

Declaración del regidor

El juzgado de Parla sobreseyó inicialmente la denuncia contra 15 de los 16 denunciados (entre ellos varios ediles), pero, antes de cerrarla, la mantuvo abierta respecto al regidor porque éste pidió prestar declaración para dejar constancia de su inocencia. La juez aceptó tal petición.

El juzgado archivó el caso porque concluyó que, de lo actuado, el fiscal no podía imputar a ninguno de los denunciados una actuación susceptible de ser castigada. Además, reprochó al fiscal que no hubiese concretado los delitos, ni a qué personas se imputaban, e indicaba que la denuncia "carecía de base probatoria concreta".

La Audiencia arremete ahora contra el juzgado por el contenido del auto de archivo y considera que la denuncia del fiscal "presenta, en principio, indicios de la comisión de conductas que pudieran ser penalmente relevantes" y que por ello "exigen la correspondiente investigación".

El tribunal considera "errónea" la decisión del juzgado de tomar declaración al alcalde "sólo a los efectos de que este imputado

vea cumplido su deseo de defenderse de unos hechos sobre los que el instructor no parece apreciar, al menos implícitamente, indicios de delito, lo que en buen criterio debió hacer inncesaria dicha declaración".

La Audiencia recuerda al juez que la mayoría de los argumentos que expuso para archivar la causa no justifica esta medida, ya que "no es el fiscal" quien debe aclarar "los problemas que al respecto mantenga el instructor" y que no es válido decir que las imputaciones que hace el fiscal en su denuncia "no concretan los hechos que pudieran resultar delictivos respecto de cada imputado". Y agrega: "Sólo hace falta leer detalladamente el escrito del fiscal para llegar a la conclusión de que, con independencia de lo que pudiera arrojar finalmente la instrucción, las imputaciones efectuadas son concretas y se realizan de forma precisa frente a personas también determinadas".

El equipo de gobierno de Pinto defendió ayer al alcaldeen un comunicado: "Creemos firmemente en la inocencia del alcalde y del resto de los encausados, quienes han aportado pruebas suficientes para justificar todas sus actuaciones. Estamos ante una denuncia de claro corte político, que recoge literalmente las manifestaciones del PP durante la pasada campaña electoral de 2003. La denuncia del fiscal se basa en meras sospechas, recortes de prensa y denuncias sin concretar".