Álava dice que se enfrenta a las Juntas por defender la legalidad

La Diputación de Álava tiene dos meses de plazo para decidir si acude a los tribunales para resolver el conflicto de competencias con las Juntas que enfrenta al PP con toda la oposición. El teniente de diputado general, Juan Antonio Zárate, recalcó ayer ese plazo, en su comparecencia, en lugar de Ramón Rabanera, tras la reunión de su Consejo. El Legislativo foral, presidido por el PSE, cree que puede modificar el gasto global de un proyecto de norma porque las cuentas están actualmente prorrogadas, mientras que el Ejecutivo lo considera su competencia exclusiva. El PSE rechaza un plazo tan largo, y emplazó ayer al PP a que resuelva de inmediato o bloqueará las cuentas de 2005.

Zárate enfatizó que la Diputación lo que está haciendo en el conflicto es defender "la legalidad" frente a la posición de las Juntas Generales.

Si el pasado lunes los socialistas condicionaron un eventual acuerdo presupuestario con el PP a que desestime la vía judicial en este caso -un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior vasco- para solucionar el conflicto de competencias, ayer le emplazaron a que, además, tome inmediatamente esa decisión.

Al PSE no le conviene que se agote ese plazo de dos meses de que dispone el Gobierno foral para decidir si acude a la justicia ordinaria, ya que el debate de los presupuestos de la Diputación para 2005 está a la vuelta de la esquina y los socialistas se han hecho fuertes con ese elemento de presión.

El presupuesto para 2005 ya ha entrado en las Juntas Generales y el Ejecutivo foral dispone de tiempo para retirarlo hasta que se debatan las enmiendas a la totalidad. En ese caso, repetiría lo que ya hizo el pasado año y tendría que acudir a otra prórroga, la segunda consecutiva de las cuentas de 2003. Ésa es una posibilidad que disgusta al PP, pero tampoco se siente cómodo con la puerta que abre el acuerdo que el lunes aprobaron en el pleno de Juntas todos los grupos de la oposición. Con el voto en contra de los junteros del PP, salió aprobada la propuesta de la Mesa, en la que se legitima la modificación del gasto de un proyecto de norma foral sobre ayudas para ancianos.

El PP recela que por la misma vía se pueda modificar el capítulo de gasto del presupuesto y modificar al alza esa cifra, sin citar la procedencia de las partidas. Es decir, los populares temen que la oposición le obligue a endeudarse más de lo que tiene previsto. El teniente de diputado general y diputado de Hacienda, Juan Antonio Zárate, emplazó ayer a los socialistas a que aclaren qué es lo que piden en materia presupuestaria. "Me gustaría saber cuál es su petición, para hablar de ella", dijo, criticando que cada vez que el PSE actúa es para dejar claro que el Gobierno está solo. Zárate subrayó que el gasto público tiene un control y unos límites: "No podemos manejarlo con criterio puramente político y con una irresponsabilidad económica total".

El máximo responsable económico de la Diputación criticó que en el pleno del lunes la oposición se olvidó de que "el endeudamiento y el gasto público se reserva al Ejecutivo, como dice la Constitución, porque de los ejecutivos es la responsabilidad" de controlar algunos de los parámetros que afectan a la marcha económica de las regiones. La posición del PP es compartida jurídicamente por el juntero socialista y ex diputado general, Emilio Guevara, que el lunes salió del hemiciclo para no votar con su partido.

El PNV criticó ayer con dureza la interpretación que la Diputación ha hecho del proyecto de presupuestos para 2005, negando que sea la que más dinero dedica, porcentualmente, al gasto social de las tres diputaciones vascas, como sostiene el PP.

Por otra parte la Diputación registró ayer en el Parlamento una cuestión de competencias con el fin de que se analice si el proyecto de Ley del Agua del Gobierno vasco invade o no competencias forales. En sus alegaciones, la institución foral considera que el proyecto de Ley del Agua modifica el estatus competencial establecido por la Ley de Territorios Históricos. La Comisión Arbitral tendrá que dirimir el conflicto.