El ex alcalde de Aranjuez, imputado por prevaricación y delitos urbanísticos

El Juzgado de Instrucción 2 de Aranjuez ha dictado un auto en el que imputa delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, al ex alcalde de Aranjuez, José María Cepeda (PP); a un hermano de éste, Javier Ramón, ex concejal de Urbanismo; a Ángel Gálvez, ex concejal de Hacienda, y a los técnicos municipales Jesús Antonio Segado y José Ángel Lazareno.

El juez, Gonzalo Salgado, indica en su auto que ve indicios de los citados delitos y ordena continuar el proceso judicial por el cauce del procedimiento abreviado. Para ello, el juez ha remitido las diligencias a las partes personadas en la causa para que, en su caso, formulen sus respectivos escritos de acusación. Bastará, pues, con que el fiscal presente su acusación para que los imputados tengan que ir a juicio y sentarse en el banquillo. Esta investigación judicial nace de una querella que interpuso el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, contra los imputados, a los que acusó de formar una supuesta trama económica de enriquecimiento ilícito.

En su auto, fechado a comienzos de noviembre, el juez señala: "De la amplísima documentación obrante en la causa, así como de la vista de los números interrogatorios efectuados a imputados y testigos que han tenido relación con los hechos descritos en la querella, puede deducirse indiciariamente la comisión de los ilícitos penales descritos y la participación en los mismos de los referidos encartados".

El juez entiende que la normativa urbanística se ha infringido en Aranjuez "de manera manifiesta y grave". Se refiere, entre otros, "al proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes". Al autorizar estas viviendas, "se privatizó suelo público" que estaba destinado a viales, señala, quien reseña "la irregular actuación posterior del alcalde, José María Cepeda", y del entonces edil de Urbanismo, su hermano Javier Ramón, quienes hicieron una modificación puntual del planeamiento urbanístico de Aranjuez "con el único objetivo de levantar la paralización de las obras cuya licencia había anulado" el Tribunal Supremo. El ex alcalde manifestó ante el juez que se tomó esa decisión "para evitar una demanda de la constructora contra el Ayuntamiento".El juez señala que hay "relaciones, al menos económicas, entre Jesús Antonio Segado [aparejador municipal] y José Ángel Lazareno [un arquitecto contratado por el Ayuntamiento para la ejecución de obras]". Según el juez, tales "relaciones" se dan "a través de las mercantiles Alcodas, SL, y Collado y Fraile SL, así como entre la esposa del primero, María Antonia Montero". El juez alude "a la presunta irregular actuación" de Segado, "avalada por el concejal Gálvez", en una actuación urbanística relacionada con la Comunidad de Propietarios del Edificio San Fernando, en el número 17 de la calle de Almansa en Aranjuez.

Los vecinos cuestionaron la legalidad de la licencia dada para levantar unos minicines y un centro comercial en la zona y la reacción del Ayuntamiento fue, según el juez, exigir a los vecinos que acometieran "determinadas obras" en sus inmuebles en un plazo de cinco días. Esto se hizo con un informe favorable de Segado, quien debió de "abstenerse" por sus vinculaciones con la empresa Alcodas, que tenía intereses en ese desarrollo urbanístico.

Reparos del interventor

Asimismo, el juez destaca que durante los ejercicios de 1998 a 2001 "hay un número elevado de facturas libradas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles y personas físicas cuyo importe global es muy significativo, y frente a las cuales los interventores municipales formulan reparos por varias y graves irregularidades". En lugar de "eliminar las irregularidades" con las que se daba luz verde al pago de las facturas, "el [ex] concejal de Hacienda, Miguel Ángel Gálvez (y en última instancia el alcalde), opta de forma reiterada por presentar tales facturas en diversos plenos durante varios años para su aprobación extrajudicial". De esta forma, añade el juez, "sustrajeron de la intervención y control municipal numerosas facturas del Ayuntamiento correspondientes a obras y servicios".

Así, por ejemplo, las obras de restauración en el Ayuntamiento, adjudicadas a la empresa Maconsa, fueron tasadas en 769.295 euros y, sin embargo, el coste posterior real fue de casi 3.005.060 euros. Y el único aval del incremento del coste de esta obra fue un informe de los técnicos Segado y Lazareno. Según el juez, en esta obra "se soslayó totalmente la tramitación administrativa exigida por la legislación de contratos de administraciones públicas". Gálvez es quien autorizaba esos incrementos de precios y luego los pasaba a la aprobación "extrajudicial" en el pleno.

450 viviendas

El juez habla también de la adjudicación de 450 viviendas mediante el sistema de concurso público. La mesa de contratación, que presidía el ex edil Gálvez, acordó adjudicarlas a la Inmobiliaria Egido. Si bien, señala el juez, Gálvez "convenció" a un técnico de la citada mesa y convocó otra reunión al día siguiente y logró que tal adjudicación fuese para la empresa Metroges. El juez, no obstante, entiende que "no ha podido mínimamente demostrarse la participación de la empresa Metroges a través de sus administradores en la decisión adoptada por este concejal".