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Un testigo sitúa a Fabra en una cena con Vilar a la que negó haber asistido

La juez toma declaración a un fabricante, el chófer y el diputado Costa

El fabricante Ginés Márquez declaró ayer ante la juez que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, asistió a una cena, en la fábrica de Vicente Vilar, el empresario que denunció al también líder del PP provincial por el supuesto pago de cantidades millonarias a cambio de favores, a la que el político negó haber asistido. Poco después de esa cena, que Vilar califica como el "pistoletazo" de salida de su relación con Fabra, Márquez pagó 25 millones que después le fueron devueltos. El diputado popular Ricardo Costa y el chófer de Fabra también declararon en Nules.

El chófer reconoció su participación en una sociedad junto a la esposa de su jefe

En su declaración ante la titular del juzgado número 1 de Nules, el pasado febrero, el presidente de la Diputación dijo no conocer a Ginés Márquez y al ser preguntado si participó en la citada cena, Fabra contestó: "No me he reunido con nadie (...) No he estado en ninguna cena con ellos en Naranjax (la fábrica de Vicente Vilar)".

Sobre la reunión, también fue preguntado ayer el diputado autonómico del PP, Ricardo Costa, quien admitió haber asistido, aunque dijo no recordar si su jefe de filas se encontraba entre los comensales. Tanto Costa como Márquez acudieron a declarar como testigos en el procedimiento abierto a Fabra por uno o varios delitos contra la Administración Pública. La apertura de estas diligencias, decretada de oficio, supuso que el empresario denunciante, Vicente Vilar, fuera también imputado por los mismos delitos.

La cita sobre la que trataron los interrogatorios tuvo lugar a finales del año 1999 en la propia fábrica de Vilar. Según la versión de este empresario fitosanitario, a ella acudieron Fabra y Costa, además de dos empresarios, uno de ellos Márquez, representantes de una firma portuguesa interesada en la compra de Naranjax por 2.400 millones de las antiguas pesetas. Esta reunión fue, según Vilar, el "pistoletazo" de salida de su relación con Fabra, quien, posteriormente, comenzó, según su versión, a exigirle pagos por las gestiones políticas realizadas para agilizar las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. En su declaración, Vicente Vilar señaló que la asistencia de Carlos Fabra al encuentro se debió a que iba a ser él quien dirigiera las gestiones.

Aunque Costa y Márquez reconocieron haber acudido a la convocatoria, ninguno de los dos recuerda haber hablado de la posible venta de Naranjax sino, según dijo Márquez, de cuestiones generales del sector fitosanitario y sus problemas por la tardanza con la que se otorgaban las autorizaciones de los productos.

Ginés Márquez, según fuentes del caso, también admitió haber realizado un pago de 25 millones de pesetas (150.253 euros) a Naranjax, sin que mediara contrato, recibo o factura alguna. Según dijo, pagó un adelanto por el pedido de un producto. La versión del testigo contradice la de Vilar, quien dijo que ese dinero fue utilizado para formalizar uno de los pagos efectuados a Fabra y que Márquez estaba al corriente de su relación con el político.

La juez de Nules tomó también ayer declaración a José Del Campo, el chófer del presidente de la Diputación de Castellón, quien negó, en contra de lo que había dicho Vilar, haber realizado varios viajes a la fábrica para recoger sobres con dinero. Sin embargo, Del Campo sí reconoció su participación en una sociedad, Explotación Minera Vanesa, junto a la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. Tal como publicó EL PAÍS, Del Campo fundó en 1995 una empresa minera y, en 2001, vendió el 30% de sus acciones a la esposa de Carlos Fabra. Esta sociedad está participada también por otras firmas de destacados empresarios azulejeros.

La sesión de ayer fue la primera toma de declaración de testigos en la que participó el fiscal anticorrupción desde que, en el mes de junio, asumiera el caso. Fue precisamente Carlos Saiz, el fiscal designado por Cándido Conde-Pumpido, quien preguntó al chófer por el cobro de dos cheques de 12.000 y 8.000 euros que Del Campo dijo desconocer. Saiz también le interrogó, según fuentes del caso, sobre las ocho cuentas bancarias que su esposa ha abierto durante el último año, cuestión que el chófer de Fabra desconocía.

La instrucción sigue

El fiscal anticorrupción Carlos Saiz tuvo ayer un estreno accidentado. De los seis testigos llamados a declarar, sólo acudieron cuatro y uno de ellos no llegó a ser interrogado. Francisco Borrás, asesor laboral de la empresa de Vicente Vilar, iba a ser preguntado por el funcionamiento de la firma y por los informes por los que Fabra facturó más de 140.000 euros a Vilar, según se desprende de las facturas emitidas por su empresa, Carmacas. Estos "trabajos e informes jurídico-laborales" consistían en la reproducción de la guía de una mutua y en una ponencia sobre salud laboral que se encuentra en Internet.

Tampoco acudió ayer Francisca Rovira. Según Vilar, ella fue la que medió para que, un domingo, abrieran una joyería con el fin de adquirir alguno de los obsequios que el empresario entregaba a los cargos que le "ayudaban" en la consecución de los registros de productos fitosanitarios.

En el caso del director de la Caja Rural de Artana, municipio en el que se encuentra ubicada la fábrica de Vilar, el interrogatorio fue aplazado debido al volumen de la documentación requerida a la entidad de la que las partes no pudieron disponer hasta ayer mismo. Así, las pruebas testificales quedaron señaladas para el próximo día 26, fecha en la que habrá de comparecer también Emilio Álvarez, ex socio del diputado del PP Ricardo Costa, cuyo despacho asesoró a Vilar. Según la factura emitida por la asesoría Cax Legis, cobró más de 2,3 millones de las antiguas pesetas por el asesoramiento en una operación comercial. Además, Vilar mantiene que este despacho medió también en la compra de Artemis 2000, una sociedad que actualmente comparten la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, y la ex esposa del propio Vilar, Monserrat Vives, ambas imputadas también.

A la salida del juzgado, Carlos Saiz no quiso comentar la marcha del procedimiento pero señaló que "la instrucción no ha terminado" y aseguró que "se llamará a más gente a declarar".

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