Expropiaciones de tres edificios para proteger a sus vecinos

El Ayuntamiento de Sevilla expropiará dos fincas de la plaza de la Encarnación y un corral de vecinos de la calle Pagés del Corro después de que sus propietarios hayan incumplido reiteradamente el deber de conservación de los edificios, según aseguró ayer el delegado de Urbanismo Emilio Carrillo. Ambos casos, además, se habían convertido en los últimos meses en los estandartes de las denuncias del gobierno municipal y de varias asociaciones ciudadanas por las amenazas de desahucio que ejercen los dueños de algunos inmuebles contra sus inquilinos.

Una de las fincas que ayer acordó expropiar la Gerencia de Urbanismo es la que habitaba Rosario Piudo, una anciana de 86 años que fue desahuciada el pasado mes de marzo porque debía 39 euros de alquiler. Este caso llevó al Ayuntamiento a crear la oficina de atención a inquilinos en situación de abusos (Otainsa), que, según señaló ayer Carrillo, ya ha revisado 120 casos y ha abierto "expediente de disciplina urbanística" sobre 64 con la advertencia a los propietarios de que el gobierno iniciará los trámites de expropiación si no cumplen con su deber de conservar el edificio.

A los dueños de los números cinco y seis de la plaza de la Encarnación, donde vivía la anciana desahuciada, el aviso formal les llegó el pasado mes de julio. Tras un informe de la dirección técnica de Otainsa, el Ayuntamiento ha optado por expropiar el inmueble, rehabilitarlo íntegramente y volver a ofrecérselo en alquiler a sus actuales inquilinos, que mientras duren las obras podrán ser realojados en una de las 60 viviendas protegidas que ha comprado el Ayuntamiento para realojos en el barrio de la Calzada.

Derecho a tanteo

En el caso del corral de vecinos ubicado en el número 128 de la calle Pagés del Corro, en el barrio de Triana, la decisión adoptada ayer por la vía de urgencia no contempla la expropiación, sino ejercer el derecho de tanteo y retracto que le corresponde a las administraciones públicas debido a la catalogación del inmueble como Bien de Interés Etnológico.

Esta protección, otorgada por la Junta en 1995, obliga al propietario a comunicarle a las administraciones la intención de vender el inmueble para que éstas puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto. Según consta en el registro de la propiedad, el dueño vendió el edificio el pasado mes de julio sin advertir ni al Ayuntamiento ni a la Junta, por lo que Urbanismo pretende ahora ejercer su derecho con carácter retroactivo, mantener a los actuales inquilinos y ocupar los pisos libres para realojos sociales, aunque los usos definitivos deberán ser acordados con la Junta.