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El Gobierno reclama más tiempo para poder cumplir los acuerdos sobre víctimas

Populares y PSE censuran por primera vez la actuación de Txema Urkijo y Maixabel Lasa

Los directores de Derechos Humanos y de Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo y Maixabel Lasa, respectivamente, recibieron ayer por primera vez de la oposición parlamentaria una censura por los resultados de su trabajo, en relación en concreto con la situación de los amenazados en la UPV. Urkijo y Lasa comparecieron ante la Comisión de Educación para explicar, a petición del PP, el grado de cumplimiento de los acuerdos aprobados por el Parlamento en abril de 2002 en apoyo de la libertad de expresión en la Universidad pública y de los profesores y alumnos amenazados, que luego se incorporaron al acuerdo sobre víctimas consensuado en junio de 2003.

Urkijo, quien asumió la defensa de un informe presentado en la ponencia de víctimas, sostuvo que la situación de presión ha variado "sustancialmente" en los dos últimos años y afirmó que el clima "no es tan atosigante" ni existe ninguna especificidad respecto de otros sectores amenazados.

El portavoz del PP, Iñaki Ortega, ex-alumno él mismo de la UPV, consideró "superficial" y "decepcionante" el informe, mientras que la socialista Isabel Celaá lo calificó de "insatisfactorio".

Ambos coincidieron en que el acuerdo de abril de 2002 se ha incumplido, ya que no se ha promovido y alcanzado el "pacto cívico" que el Parlamento encargó al Gobierno ese año. Ambos también pusieron cuidado en dejar a salvo de sus críticas las intenciones y la voluntad de los dos altos cargos.

El informe defendido por Urkijo en relación con los amenazados de la UPV forma parte de otro más amplio remitido el viernes pasado a la ponencia de víctimas en el que piden "prorrogar el tiempo para la ejecución de los acuerdos sobre víctimas hasta la consecución de los propósitos perseguidos".En realidad, el informe sólo contiene un diagnóstico de situación, pero no apunta medidas de ningún tipo. La mayoría de los amenazados y la sociedad, sostiene el documento y recalcó ayer Urkijo en su comparecencia parlamentaria, perciben una situación "de mayor tranquilidad y seguridad".

Los profesores amenazados consideran "suficientes y satisfactorias las medidas laborales y de seguridad arbitradas y no realizaron sugerencias para la adopción de otras nuevas", aseguró el Director de Derechos Humanos. El problema en la Universidad pública es "básicamente común y similar al de otros colectivos afectados" y la única especificidad que el informe admite atañe a las condiciones en que los docentes desempeñan su trabajo, con unos horarios y espacios fijos y que son conocidos públicamente. La única crítica que se desliza es hacia los decanos de algunas facultades, que no se mencionan, por las quejas sobre "la excesiva demora en la retirada de pancartas o pintadas".

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Como conclusión, Urkijo y Lasa afirman en su texto que "la situación de amenaza vivida por algunos profesores universitarios no tiene posibilidades de mejora específica". "Sólo el fin de ETA traerá la normalidad", resumen.

Gestiones

El informe que obra en manos de la ponencia parlamentaria de víctimas del terrorismo repasa las disposiciones concretas que afectan directamente a los amenazados, las acciones para la sensibilización social y las iniciativas de educación en valores y por la paz llevadas a cabo.

Entre las medidas concretas, se cita la apertura de la página web de la dirección de Víctimas (http://interior.euskadi.net/datvt), los encuentros con asociaciones y colectivos de víctimas de toda España con las que la comunicación era hasta ahora "inexistente", las subvenciones, la recalificación de viviendas de protección oficial y la información judicial.

El informe critica a la Audiencia Nacional por no haber habilitado la ventanilla única de información a víctimas del terrorismo solicitada y explica la imposibilidad de llevar a la práctica la reserva de plazas en las ofertas públicas de empleo, ya que es precisa una modificación previa de la Ley de la Función Pública.

El informe de ambas direcciones del Gobierno explica también sus gestiones para organizar una Jornada de Reconocimiento a las Víctimas del Terrorismo, que los colectivos de afectados rechazan por el momento, y muestra su intención de seguir intentado su celebración.

Urkijo y Lasa dan cuenta igualmente de su "gira" por los ayuntamientos para animar la implantación de los foros cívicos previstos en la Declaracion de Eudel y de sus gestiones ante la dirección de EITB y la "total disposición" del ente audiovisual hacia las sugerencias de las víctimas.

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