Inhabilitado el alcalde de Agost por cerrar una incineradora

La Audiencia de Alicante ha condenado a siete años y medio de inhabilitación y tres meses de multa al alcalde y cuatro concejales de Agost (L'Alacantí) por los delitos de prevaricación y desobediencia a raíz del cierre de una planta incineradora, alegando riesgo para la salud de la población. La industria contaba con la autorización de Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los condenados, encabezados por el primer edil, el independiente Felipe Vicedo, recurrirán la sentencia al Tribunal Supremo, extremo que les permitirá seguir ocupando los cargos públicos.

La sala rechaza la tesis de los condenados de que la planta ponía en riesgo la salud pública

En el apartado de hechos probados, el tribunal, la sección 3ª de la Audiencia de Alicante, recoge que el 13 de enero de 1994 la mercantil Sistema de Incineración y Depuración, SL, (Sinde) solicitó licencia al Ayuntamiento de Agost para instalar una planta de quema de residuos sólidos hospitalarios en ese término municipal. La corporación otorgó licencia de actividad el 24 de octubre de 1994. En enero de 1995, el pleno de la corporación revocó la concesión del permiso. La mercantil recurrió la negativa del Ayuntamiento al TSJ, que en abril de 1996 fallo a favor de la empresa y en contra de la orden municipal de paralizar la actividad de la fábrica.

En julio de 1996, los concejales Felipe Vicedo, María del Carmen Mira, José Luis Belda, Antonio Castelló y Bartolomé Torres -entonces en la oposición- solicitaron un pleno extraordinario para ratificar el cierre de la industria. Los ediles consumaron su objetivo, pese a la advertencia del entonces primer edil, José María Brotons, acerca de la ilegalidad de la resolución ante la existencia de un fallo en firme en sentido contrario del TSJ. Brotons y el resto de ediles se abstuvieron.

En la vista oral del caso, celebrada el pasado día 14, los acusados, encabezados por el ahora alcalde, Felipe Vicedo, esgrimieron dos argumentos para justificar su iniciativa. Primero su desconocimiento oficial de las resoluciones del TSJ en base a una supuesta falta de información por parte de Ayuntamiento y, segundo, que la actividad de la planta incineradora podría suponer un riesgo para la salud de las personas.

En el apartado de fundamentos de Derecho, la sala rebate sendos argumentos de los procesados. "La pretendida ignorancia [de los acusados] no se deduce ni de las declaraciones testificales obrantes en autos ni de las actuaciones de los propios acusados", precisa la sentencia. "Todos los datos expuestos apuntan a que la decisión de los acusados estaba tomada de antemano", añade la sala.

El tribunal también rechaza el argumento de un supuesto riesgo para la salud de las personas. "No hay un sólo informe emanado de organismo público o autoridad científica o académica que alerte de un posible peligro, aunque fuera lejano, que pudieran corren los ciudadanos de Agost", argumenta la sala. "Respecto al argumento expuesto por los acusados [riesgo para salud de vecinos] sólo se puede decir que estamos ante una mera elucubración carente del menor fundamento", dice la sentencia.

La defensa del alcalde, el letrado Román Román Pina, ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia de Alicante al Tribunal Supremo. Este recurso suspende provisionalmente la condena de la Audiencia y los cargos públicos podrán seguir en sus puestos hasta el fallo del alto tribunal. El abogado declinó avanzar los argumentos en los que basará el anunciado recurso de casación, aunque precisó que su objetivo es que "prevalezca la inocencia de los encausados". Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión del primer edil de Agost sobre la condena que le ha impuesto la Audiencia.