Pacto social y acuerdo político

El Ministerio de Educación y Ciencia ha presentado el documento Una educación de calidad para todos y entre todos para, según expresa la ministra en el prólogo, "propiciar un debate abierto, sincero y con vocación de futuro". La finalidad del debate es la elaboración de una ley con la participación de todos. Condiciona la ministra sus actuaciones a la circunstancia de que se alcance un "amplio acuerdo social". Se afirma también "que el mayor beneficio para la educación española en los próximos años sería el derivado de un acuerdo político y social que abra camino a la estabilidad del sistema educativo".

Sin reserva alguna participo plenamente de esta afirmación última. España, con las singularidades que correspondan derivadas de la personalidad de cada una de las comunidades autónomas que la conforman y de las competencias que les reconoce la Constitución, necesita un sistema educativo sólido y de calidad, pero, sobre todo, estable para poder hacer efectivos los objetivos señalados por la UE en la cumbre de Lisboa del año 2000, concretados en la de Estocolmo de 2001 y de Barcelona de 2002. En el año 2010 la UE se debe convertir "en la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica, capaz de un crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo y de una mayor cohesión social".

Es evidente que ha faltado acuerdo político entre los dos partidos que han gobernado España

Me parece, no obstante, que en la intención del ministerio están mezcladas dos cuestiones diferentes, aunque íntimamente ligadas con el fin propuesto. Además, la intención queda supeditada a un calendario muy apretado para tratar una cuestión tan trascendental para el orden político español. Entiendo que el acuerdo político que garantiza la estabilidad política al sistema educativo adquiere fortaleza si recoge los aspectos nucleares de un acuerdo social previo. La experiencia demuestra que en los últimos 34 años, (o más bien 25, si tomamos como referencia la fecha de la aprobación de la Constitución española) no ha habido acuerdo político suficiente. Baste recordar que la LOECE de 1980 (ley del Gobierno de UCD) fue sustituida por la LODE de 1985 (ley del Gobierno socialista) y que la LOCE de 2000 (ley del Gobierno del PP) es la que está en entredicho por el documento referido elaborado por el actual Gobierno socialista.

Admitamos que la LOGSE de 1990 (ley del Gobierno socialista) pretendía corregir algunas disfunciones de la LGE de 1970. Aceptemos también que la LOPEGCE de 1995 venía a rectificar algunos errores de la LODE publicada 10 años antes. Lo cierto es que la sociedad, las familias con hijos en edad escolar, los jóvenes, los profesores han estado sometidos a los efectos de seis leyes educativas; generales unas, más específicas otras.

Es evidente que ha faltado acuerdo político suficiente entre los dos partidos que se han sucedido en el gobierno de España (PP y PSOE) y, sin embargo, es oportuno preguntarse si hay pacto social educativo suficiente. Durante estos 25 años se han sucedidos hechos y se ha celebrado debates suficientes para sacar conclusiones. Se han planteado, analizado y experimentado cuestiones educativas espinosas, controvertidas; se han aplicado principios y estructuras educativas distintas. Por estos motivos la sociedad ha madurado; en su actuar y proceder ordinarios ha comprendido, digerido y asimilado convenientemente estos principios y estructuras.

Se han aceptado como propios principios que, al principio de este proceso de madurez y en otros contextos, pudieran parecer extraños a ciertos sectores sociales. Por citar algunos, entre los más destacados: el principio de igualdad de oportunidades, el de equidad en la prestación del servicio de la educación, el de integración de todos los escolares, el de calidad y evaluación del proceso enseñanza aprendizaje pero también de los centros y del sistema; el de participación de los distintos elementos de la comunidad educativa en el contexto de sus respectivas responsabilidades, el de diversidad de necesidades, aptitudes e intereses del alumnado; el del servicio público de la educación prestado en una doble red de naturaleza pública (60%) y privada (40%) financiada con fondos públicos; de la autonomía pedagógica y económica de los centros...

En este análisis de la madurez social no puede soslayarse el pacto educativo constituyente contenido especialmente en los artículos 10 y 27 de la CE, que señala como principio ordenador de la convivencia la dignidad de la persona y, en concreto, el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, el derecho a la recibir la formación religiosa y moral conforme con la propias convicciones, la libertad de creación de centros, la participación en el control y gestión de los mismos.

Esta situación indica claramente la existencia tácita de un pacto social, como se demuestra en la declaración política de 1997 propiciada por la Fundación Encuentro y suscrita por 18 organizaciones sociales cuya actividad se desarrolla en la actividad educativa y a la que se han adherido otras 13. El pacto social no evita, por otra parte, que los distintos elementos sociales mantengan sus programas políticos. Un pacto social no supone la renuncia a los modelos educativos propios, sino la voluntad de buscar un punto de encuentro.

Consecuentemente, el pacto social está servido después de 30 años de debates y de vaivenes normativos. Lo que falta es el acuerdo político entre los dos partidos mayoritarios. Es posible que, una vez más, se sustituya una ley por otra. Es posible, pero sería lamentable. La sociedad, que de hecho ha establecido un pacto educativo, como lo evidencia que en el sistema conviven pacíficamente ideas y principios contrapuestos, demanda y se merece un acuerdo político entre los partidos cuyos representantes en el Parlamento representan la sociedad española.

Afirma el autor que nuestro país necesita un

sistema educativo sólido, de calidad, pero,

sobre todo, estable para poder hacer efectivos

los objetivos señalados por la UE.

Javier Marcotegui Ros es parlamentario de UPN y fue consejero de Educación y Cultura de Navarra.