"A la justicia hay que zarandearla y darle un aire nuevo"

Se podría decir que José Antonio Martín Caro (Yunquillos, Toledo, 1948) es fiscal por un enfado. El nuevo jefe de la Fiscalía de Córdoba, quien ha tomado posesión de su cargo esta semana, era inspector del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid: "Me enfadé mucho con mi jefe, pensé que quería marcharme y empecé a preparar la oposición. Eso sí, el enfado me duró menos que preparar la oposición". Fiscal desde 1985, empezó su carrera en Córdoba, ha sido presidente de la Asociación de Fiscales y hace cuatro años fue nombrado fiscal jefe de Toledo. Ahora, vuelve a Córdoba.

Pregunta. ¿Ha vuelto a casa?

Respuesta. Sin lugar a dudas. Han sido muchos años los que he estado en Córdoba, para mí es volver a mi casa. En todos los sentidos, en el sentido profesional y en el personal, porque en el tiempo en el que he estado trabajando en Toledo como fiscal jefe mi familia ha permanecido en Córdoba.

"El futuro del proceso penal está en otorgar la investigación a los fiscales"

P. Cuando estuvo en Toledo habló de que hacía falta más plantilla, ¿en Córdoba pasa lo mismo?

R. Todavía no he podido comprobarlo, pero es algo que afecta con carácter general a toda la institución. Y no sólo hablo de plantilla, también de medios materiales. Pero he notado aquí un gran beneficio, como es el hecho de que en Córdoba, al estar transferidas las competencias de Justicia, la dotación de medios materiales que en Toledo depende del Ministerio de Justicia aquí depende de la Junta. Para mí es una maravilla que mientras en Toledo para pedir un simple bolígrafo o un libro tenía que ponerme en contacto con Albacete, aquí, sin embargo, a muy poca distancia está la Delegación de Justicia de la Junta. No tener que irme a otro sitio da mucha agilidad.

P. ¿Por qué dejó usted el cargo de portavoz y presidente de la Asociación de Fiscales en 2003?

R. Porque soy un convencido de que no es bueno que la gente se anquilose en los cargos. Son buenas las renovaciones.

P. Dijo que en su nombramiento como jefe de Córdoba también le apoyaron los miembros de "la otra asociación" (Unión Progresista de Fiscales). Si los otros son los progresistas, ¿ustedes quiénes son?

R. Nosotros somos la Asociación de Fiscales. Nunca he aceptado las etiquetas, ya sé que alguna vez se ha dicho que somos la conservadora. Pero lo niego tajantemente. De hecho, cuando yo estaba de presidente, propugnamos determinados cambios, y ellos, a pesar de llamarse progresistas, pedían que las cosas se quedaran como estaban. Las etiquetas a veces engañan. Somos dos asociaciones profesionales cada una con su punto de vista, pero coincidimos en el 80% o 90% de los temas.

P. ¿Qué le parece la reforma de la oficina de la Fiscalía que entrará en vigor la próxima primavera?

R. Creo que la Justicia es como un viejo árbol con muchas ramas secas y lo que hay que hacer es zarandearlo y podarlo y darle un aire nuevo. Parte de eso consiste en racionalizar la forma de trabajar de los juzgados y fiscalías. Pero tampoco hay que descubrir el mundo, es hacer algo parecido a lo que pasa en el resto de la Administración pública; no tiene sentido, desde mi punto de vista, que en un edificio haya varias oficinas judiciales, fiscales y juzgados y que, por ejemplo, cada oficina tenga su propio servicio para ir a llevar citaciones. Lo lógico es que nos pongamos todos de acuerdo y lo hagamos al mismo tiempo.

P. ¿Esto agilizaría los trámites burocráticos?

R. Se supone. Además, aunque a mí no me gusta hablar de rendimiento económico de la Administración pública, tenemos que buscar un mejor rendimiento de los medios de los que disponemos. Es decir, lo que no podemos hacer es gestionar sin fin, porque la Administración no puede ser un pozo sin fondo para pedir medios y bienes.

P. ¿Y cuándo se intentarán eliminar trámites burocráticos?

R. Algún día habrá que empezar a cambiar los trámites, sobre todo en el proceso penal. En lo básico estamos trabajando con una herramienta, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de finales del siglo XIX. Es la misma ley sobre la que se han ido haciendo retoques y reformas y se han puesto en marcha buenas reformas. Pero pienso que habría que hacer muchas más...

P. ¿Como qué?

R. Son reformas de calado. Por ejemplo, pienso que habría que buscar una agilización de Justicia por la línea de llegar lo antes posible al juicio y suprimir papeles. Es decir, suprimir trámites que no conducen a nada. Todavía hay algunos juzgados donde al mismo señor que ha actuado en el atestado ante la policía como testigo se le cita para que ratifique su denuncia y luego se le tiene que citar otra vez a juicio para que vaya como testigo. Pues ese trámite intermedio no aporta nada.

P. ¿Y en qué modelo nos podríamos fijar para mejorar?

R. En mi opinión, el futuro del proceso penal está en otorgar la instrucción a los fiscales. Ésta es la evolución que se está siguiendo en todo el mundo. Pero, cada vez que sale este tema en España, siempre hay alguien que se rasga las vestiduras diciendo que cómo se le va a dar al fiscal la instrucción. Pues como se hace en todo el mundo. El fiscal es un órgano público que no busca ningún interés particular, yo tengo unas funciones que me otorga la ley, tengo obligación de imparcialidad... Evidentemente, eso implica la existencia de lo que se conoce como un juez de garantías, para cuando haya que intervenir un teléfono o registrar un domicilio. En este momento se da la paradoja en España de que el juez de instrucción investiga y, cuando lo considera terminado, se lo envía al fiscal. Y es el fiscal el que decide si acusa o no. El juez puede tener muy claro que eso es un delito y debe seguir adelante y el fiscal puede pedir el archivo. Entonces, ¿para qué hemos trabajado inútilmente durante tanto tiempo? El sistema penal español es muy poco práctico, muy poco operativo.