Interior blinda las fronteras y crea una unidad para expulsar a indocumentados

El Gobierno socialista va a emprender un plan para mejorar los sistemas de control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas contra los inmigrantes sin papeles. Así lo pone de manifiesto la propuesta de modificación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, que incluye más de 100 agentes para la nueva Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones, otros 100 para el aeropuerto de Barajas y al menos 135 para los centros de internamiento de extranjeros de Algeciras (Cádiz), Santa Cruz de Tenerife y Puerto Rosario (Fuerteventura).

Uno de los problemas a los que se enfrenta la policía a la hora de expulsar a extranjeros sin papeles es la gran cantidad de efectivos necesarios para escoltarlos. Cada inmigrante va acompañado por dos agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial, además de funcionarios de la Brigada de Extranjería que llevan la documentación y los trámites de devolución.

Prácticamente sale cada semana un vuelo chárter con extranjeros. Colombia, Nigeria o Rumanía son los destinos más frecuentes. Los extranjeros van sin grilletes ni lazos de seguridad mientras que los agentes van desarmados, porque dentro del avión pierden su condición de agentes de la autoridad. Tan solo suelen llevar porra.

Para acabar con este derroche de funcionarios provenientes de otras brigadas, la Dirección General de la Policía, departamento dirigido por Víctor García Hidalgo, ha previsto la creación de una Unidad Central de Expulsiones y repatriaciones con 103 funcionarios adscritos. Su función consistirá en coordinar los diferentes centros de internamiento de extranjeros, el control de los inmigrantes que cumplen condena en cárceles, la repatriación de los menores extranjeros y la ejecución de las expulsiones y devoluciones ordenadas por los jueces.

Todos estos puestos se cubrirán, según la propuesta de modificación del catálogo, con puestos detraídos de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña (por el traspaso de competencias a los Mossos d´Esquadra) y con la supresión de puestos de la propia Comisaría General de Extranjería y Documentación. El resto de medidas del plan especial son las siguientes:

- Centros de internamiento. El plan de refuerzo contra la inmigración ilegal también recoge la presencia de 130 policías en centros de internamiento de extranjeros. La comisaría de Algeciras dispondrá, en caso de salir adelante esta propuesta, con 50 policías para un centro con 200 plazas. Esta localidad gaditana recibe a los extranjeros subsaharianos sin papeles procedentes de Ceuta, Melilla y las islas Canarias.

La comisaría provincial de Santa Cruz de Tenerife también contará con su centro de internamiento, que acogerá toda la inmigración ilegal que llegue a las Canarias, con otros 35 funcionarios de la policía. El último centro de internamiento al que se asignarán otros 50 agentes es el asignado a la comisaría de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, que completará al de Santa Cruz.

Los tres centros de internamiento de extranjeros se dotarán de personal gracias a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, a la de Canarias y a la División de Personal de la Dirección General de la Policía, según consta en el proyecto.

- Cambio de denominación. Los puestos fronterizos de La Junquera, Les, Canfranc e Irún estaban controlados por las denominadas comisarías conjuntas entre las policías española y francesa. La modificación del catálogo de puestos de trabajo recoge que pasen a ser denominados Centros de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de la frontera hispano-francesa.

Asumirán las funciones operativas (controles móviles en la zona fronteriza y tramitación y expedición de documentación a ciudadanos españoles y extranjeros) que hasta ahora hacían estas comisarías conjuntas.

En caso de Port-Bou (Girona), también verá incrementada con cinco agentes más. Con esta medida se pretende mejorar la efectividad de este puesto. Estos puestos se cubrirán con agentes de la propia Jefatura Superior de Cataluña.

La Dirección General de la Policía considera "imprescindibles y urgentes" acometer estas reformas para dar respuesta inmediata a la lucha contra la inmigración irregular.