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Ciegsa paga por los colegios una media del 30% más que la licitación

El coste final de las obras se incrementa sin justificación

Los costes finales de las obras de los centros escolares públicos cuya construcción adjudica la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) superan en más del 30%, por término medio, los precios de licitación. Éstos son sistemáticamente superados a la hora de la adjudicación, como ha denunciado el PSPV en numerosas ocasiones y como corroboró el año pasado en su informe el Síndic de Comptes. Pero además, como se demuestra en los documentos de recepción y pago a los que ha tenido acceso EL PAÍS, los contratos que se firman después superan el precio de adjudicación. A todo ello se suman modificaciones y adendas que elevan aún más el precio.

Proyecto de construcción del instituto de Educación Secundaria de Redován (Alicante): la Generalitat lo presupuestó en el año 2001 en 2.900.000 euros. Cuando el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó la licitación, el proyecto salía ya por 3.431.298 euros. Sin embargo, la unión temporal de empresas integrada por Ferrovial, Agroman y Edificaciones Ferrando se adjudicó el concurso por 4.220.496 euros. Una cantidad que el 22 de agosto de 2002, cuando se firmó el contrato, se incrementó de nuevo, hasta alcanzar los 4.346.545 euros. Una adenda posterior de 76.763 euros elevó el importe final a 4.423.307 euros. Al final, casi un millón más: de la licitación al importe final, un 29% de incremento. Y todo ello sin que se sepa por qué el contrato supera a la adjudicación y sin que se justifiquen los sobrecostes.

Con el instituto de Benejúzar, uno de los que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró la semana pasada a pesar de que ya estaba en funcionamiento desde el curso pasado, pasó algo parecido: de un presupuesto de 4.489.000 euros se pasó a una licitación de 5.013.324. La empresa Construcciones y Estudios, SL (CYES), se adjudicó el concurso por 5.470.000 euros, pero el contrato se firmó por 5.589.787 euros. Una adenda sumó otros 446.653 euros, hasta alcanzar un importe final total de 5.993.174 euros, un 19,5% más.

En la construcción del colegio público Azorín de Catral y del IES de Cox el proceso es similar, con una diferencia: en ambos casos, la firma del contrato se hace por una cantidad inferior a la de adjudicación. Pero ésta supera en ambos casos la licitación. El colegio de Catral, que Generalitat presupuestó en 2001 en 3.160.000 euros, se licitó por 4.227.212 euros. CYES se adjudicó el concurso por 4.612.733 euros pero el contrato se firmó por 4.493.204 euros. Una adenda posterior por valor de 1.668.615 euros elevó el coste final hasta los 6.161.820 euros, un 45% más del precio de licitación. Otro tanto sucede en el IES de Cox, que se encareció un 32%.

La diputada socialista Ana Noguera considera que estos datos arrojan muchas dudas sobre el proceso, porque si cada colegio tiene contratos y modificaciones diferentes, no se pueden saber los precios y se pregunta cómo se justifican los sobrecostes.

El Síndic y la Ley de Contratos

El Síndic de Comptes ya puso de relieve el año pasado, en su informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2002, las irregularidades que detectó en los concursos para la construcción de infraestructuras escolares que convoca la empresa pública Ciegsa. "En todas las obras examinadas, los presupuestos de adjudicación son superiores a los de licitación, sin que se conozca a qué obedece", señalaba la Sindicatura. El informe también explicaba, sobre la ejecución de los contratos, que, a pesar de que formalmente figura que los contratistas no podrán subcontratar sin la previa autorización de la empresa pública, ésta no articula procedimientos de control que sirvan para verificar el cumplimiento de esta limitación.

El PSPV ya ha denunciado el asunto en numerosas ocasiones: desde que la empresa pública Ciegsa gestiona la construcción de centros escolares, los precios de adjudicación de los concursos son sistemáticamente superiores -en una media del 15%- a los de licitación, en contra de lo que estipula la Ley de Contratos del Estado. Según esta ley, las empresas que concurren a los concursos sólo pueden modificar el precio de licitación a la baja, nunca al alza.

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