Prisiones dispersa a los presos del 11-M para evitar el proselitismo islamista

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de 14 de los 17 presos por los atentados del 11-M a cárceles de fuera de la Comunidad de Madrid. La decisión se inscribe en el plan especial de seguridad activado la semana pasada por el Ministerio del Interior para combatir el terrorismo de origen islamista. La orden de traslado coincide además con el ingreso hace sólo unos días en cárceles madrileñas de 18 islamistas detenidos por preparar supuestamente un atentado suicida contra la Audiencia Nacional mediante un coche cargado con 500 kilos de explosivos.

La investigación que ha dado lugar a la desarticulación de esta célula terrorista de origen islamista sólo siete meses después del atentado del 11-M permitió descubrir que los viveros donde fue germinando el grupo terrorista estaban en las celdas y patios de algunas cárceles españolas. En prisiones como la de Topas (Salamanca) coincidían radicales islamistas que se intercambiaban cartas donde se animaban a perpetrar atentados cuando recuperaran la libertad. Se trataba de presos condenados por perpetrar delitos comunes que se radicalizaban en los penales. En estos lugares se imbuían de ideas radicales sobre la yihad (guerra santa) como lucha contra Occidente, "opresor" del musulmán.

Una de las primeras medidas que ha empezado a aplicar Interior para evitar las relaciones entre presos radicales consiste en no concentrar excesivo número de supuestos terroristas islamistas en las prisiones madrileñas.

La operación de desarticulación de la última célula que pretendía atentar contra la Audiencia Nacional ha llevado a las cárceles de la Comunidad de Madrid a 18 islamistas, repartidos entre Madrid II (Meco), Madrid III (Valdemoro), Madrid IV (Navalcarnero), y Madrid V (Soto del Real). En estas prisiones se encuentran también desde hace meses algunos de los principales acusados del atentado del 11-M.

Separar a los islamistas

De los 16 implicados en el 11-M que ingresaron en prisión por orden del juez Juan del Olmo, dos de ellos ya ha sido trasladados y la Guardia Civil tiene desde la semana pasada la orden de transportar a otros centros a otros 12 de manera inminente. Además, hay un menor de edad bajo tutela de la autoridad judicial.

Sólo seguirán ingresados en cárceles madrileñas el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, confidente del Cuerpo Nacional de Policía, y el marroquí Rafá Zouhier, confidente de la Guardia Civil. Ambos están implicados en la trama de los explosivos utilizados por los terroristas que perpetraron el atentado en el que murieron 191 personas y resultaron heridas más de 1.500.

Otros 12 presuntos terroristas que intervinieron de alguna forma en la matanza de Madrid serán repartidos en centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana.

La pasada semana, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dirigió un escrito en el que se da cuenta de su decisión al presidente de la Audiencia Nacional; al juez Juan del Olmo, que instruye la investigación del 11-M; y al juez Baltasar Garzón, que ha dirigido las dos últimas operaciones contra la célula islamista que pretendía atentar contra este órgano judicial encargado de ver los casos de terrorismo. Instituciones Penitencias explica en esta comunicación a las autoridades judiciales su plan para extremar la seguridad y el control en las cárceles de los presos de origen islamista.

En ese plan figuran, entre otras medidas, la dispersión de presos relacionados con actividades terroristas. Además, en aplicación del artículo 75 del Reglamento Penitenciario, Interior ha decidido imponer a los últimos detenidos relacionados con el terrorismo islamista la situación de aislamiento, la restricción de sus movimientos, el control de sus comunicaciones y la prohibición de mantener contacto con otros reclusos.

La Subdirección General de Inspección Penitenciaria ha recibido el encargo de elaborar un minucioso informe sobre los incidentes protagonizados por internos musulmanes radicales en todos los centros penitenciarios a lo largo de los últimos años para conocer la evolución de los islamistas en las prisiones durante este tiempo.

Pelea en una cárcel leonesa

El pasado jueves, cinco presos resultaron heridos leves en la prisión de Mansilla de Mulas (León) durante una pelea entre ocho reclusos marroquíes, religiosos y rectos observantes del Ramadán -mes sagrado del Islam durante el que los musulmanes se deben abstener de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales hasta la puesta del sol-, y cinco albano-kosovares, musulmanes como los anteriores pero menos rigurosos con el ayuno. La bronca se produjo en el comedor del penal, alrededor de las ocho y media de la tarde, tras una fuerte discusión y una primera agresión por parte de un magrebí a uno de los presos balcánicos. El primero reprochaba al segundo que había roto el ayuno antes de tiempo.

En la reyerta volaron por los aires las bandejas de comida y un marroquí y cuatro kosovares resultaron heridos leves (todos con contusiones, de las que fueron curados en la enfermería) antes de que los funcionarios pudieran separarlos sin sufrir heridas propias. Los ocho magrebíes fueron llevados a celdas de aislamiento.

De los casi 60.000 reclusos distribuidos entre las 77 cárceles españolas, al menos 7.000 son musulmanes. Los directores de las prisiones han recibido la orden de redoblar el control en sus centros para detectar cualquier posición de liderazgo que se produzca dentro del grupo de los reclusos musulmanes.

El ministro del Interior, José Antonio Alonso, defendió ayer la actuación de la directora general de Instituciones Penitenciarias en una entrevista publicada por el diario Abc. "Lo cierto es que desde que está Mercedes Gallizo hay control; lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando", afirmó Alonso.