Una aviesa encerrona

FELIPE GONZÁLEZ, José Barrionuevo y José Luis Corcuera elevaron el martes al Gobierno una petición de indulto total a favor de Rafael Vera, condenado el 21 de enero de 2002 por la Audiencia Provincial de Madrid -el Supremo acaba de confirmar el fallo- a siete años de prisión y dieciocho de inhabilitación como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos; el beneficiario de la gracia desempeñó -entre el 8 de diciembre de 1982 y el 29 de enero de 1994- los cargos de director de la Seguridad del Estado, subsecretario de Interior y secretario de Estado para la Seguridad a las órdenes de los tres peticionarios: como presidente del Gobierno, el primero, y como ministros del Interior, los otros dos. La solicitud se extiende a Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía, castigado a un pena ligeramente menor por el mismo delito; el tercer condenado, Julián Sancristóbal, que testificó contra sus compañeros del Ministerio del Interior en varios procesos, ha quedado excluido de la súplica. El ex gobernador civil de Vizcaya y el director del gabinete de información de la Policía condenados por la Audiencia han sido absueltos por el Supremo.

Los socialistas se suicidarían ante las urnas si pretendieran obligar a los votantes a elegir entre el rechazo en bloque a los años de gobierno de Felipe González y su acrítica aceptación cerrada

González, Barrionuevo y Corcuera apoyan la gestión de Vera y Colorado "al frente de sus respectivas responsabilidades políticas" y subrayan "sus meritorios servicios al Estado y a la democracia, con total entrega y riesgo de sus personas" en ese desempeño; si bien sostienen que "las razones de justicia y equidad" para otorgarles la gracia son "muy especiales y suficientes", no terminan de precisar la naturaleza de tal singularidad excepcional. El historial penal y la reincidencia delictiva de Vera, sin embargo, pondrán muy cuesta arriba al Gobierno la concesión del indulto. Entre los hechos que la Audiencia de Madrid consideró probados figura la apropiación de -al menos- 141 millones de pesetas de fondos reservados que el imputado aplicó a la compra de una casa en Torrelodones y de una finca en Albacete, inscritas registralmente a nombre de su suegro como testaferro. Por lo demás, el Supremo le había condenado el 29 de julio de 1998 por el mismo delito de malversación de caudales públicos, esa vez en concurso medial con el secuestro de Segundo Marey, a una pena de diez años de prisión. Vera también fue acusado de otro delito de malversación de caudales públicos en el juicio por la desaparición y posterior asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala, pero quedó absuelto por la Audiencia Nacional el 26 de abril de 2000.

Tampoco es la primera vez que se solicita un indulto a favor de Vera: en diciembre de 1998, el Gobierno de Aznar le rebajó en dos tercios la pena de cárcel (también a Barrionuevo) por la condena del caso Marey. Dados los antecedentes del caso, el argumento en pro del indulto -los servicios a la democracia prestados "con total entrega y riesgo de sus personas" por Vera y Colorado- resulta extravagante; numerosos altos cargos -legítimamente remunerados- y muchos ciudadanos -de manera altruista- son acreedores de ese mismo elogio, pero no aspiran a recibir un trato privilegiado ante la ley. Los magistrados del Supremo y de la Audiencia que condenaron a Vera por malversación aplicaron la misma diligencia en la búsqueda de la verdad -para comprobarlo, basta con leer sus trabajadas y minuciosas sentencias- que los jueces de la Audiencia Nacional que le absolvieron del mismo delito.

Zapatero no habría ganado el 14-M con la bandera del indulto de Vera. Constituye cuando menos una indelicadeza que Felipe González se haya prestado, como ex presidente del Gobierno socialista y ex secretario general del PSOE, a forman parte de la aviesa encerrona que ha sido tendida a su sucesor en ambos cargos. Los socialistas se suicidarían ante las urnas si pretendiesen obligar a los votantes a elegir -todo o nada- entre el rechazo en bloque a los años de gobierno de González y su acrítica aceptación cerrada sin margen para el beneficio de inventario. Zapatero ha sido colocado ante un provocador dilema: o concede el indulto, cediendo al oscuro chantaje de Vera, o se enfrenta a la vieja guardia del PSOE, negándole la gracia solicitada.