El fiscal pide 3 años de inhabilitación para 5 funcionarios que esposaron a un menor en los barrotes de su cama

La Fiscalía de Madrid solicita tres años de inhabilitación por "rigor innecesario" y lesiones para dos educadores y tres vigilantes del Centro de Menores Renazco, gestionado por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, de la Comunidad de Madrid. Los cinco acusados tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados de un juzgado penal de Madrid.

Además de la inhabilitación, la fiscalía considera que los cinco cometieron una falta de lesiones y pide que sean condenados a una pena de multa de dos meses, a razón de ocho euros diarios.

Según el fiscal, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2002, cuando dos menores regresaron al centro tras haber disfrutado de un permiso de fin de semana. Tras cenar, según el fiscal, se les indicó que fuesen a sus habitaciones. Fue entonces cuando uno de ellos comenzó "a gritar y a dar golpes en la puerta" de su habitación. Un educador, Diego M. M., acudió a la habitación y, al ver que el menor persistía en su actitud, avisó al controlador Raúl C. M. Posteriormente, llegó otro educador, Francisco M. S., y otros dos controladores más, Óscar S. M. y John J. M. Francisco dio orden entonces de reducir al menor. Según el fiscal, los tres controladores y los dos educadores "infligieron golpes al menor" que excedieron "de lo que era estrictamente necesario para reducirle": le dieron "un fuerte puñetazo en el ojo izquierdo, una fuerte patada en la espalda y golpes en los brazos". Luego, y tras "sujetarle de brazos y piernas", le "arrastraron por el suelo hasta tumbarle en la cama, donde le esposaron a los barrotes y a la pata de una mesa contigua". En esta situación permaneció el menor varias horas.

El fiscal reclama que la Comunidad de Madrid sea responsable civil subsidiaria de los hechos y que abone, si no lo hacen los acusados, una indemnización de 210 euros por los daños causados al menor y por los siete días en que estuvo de baja debido a las lesiones. El fiscal señala que la Comunidad de Madrid es responsable subsidiaria de los hechos a pesar de que los tres controladores eran empleados de la empresa privada Serycur.