El Poder Judicial ve recriminable achacar a jueces cobros de los fondos reservados

El Consejo General del Poder Judicial ve recriminables las declaraciones realizadas por algunos políticos sobre la supuesta recepción de fondos reservados por parte de jueces, según explicó ayer su portavoz, Enrique López. Éste se refería a las palabras de los socialistas Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra al hilo de la petición de indulto para Rafael Vera de su condena a siete años por malversación de fondos públicos, quienes insinuaron que jueces que condenaron al ex secretario de Estado para la Seguridad pudieron cobrar de los fondos reservados de Interior.

El portavoz del Poder Judicial afirmó que "no hay que confundir la crítica con la posible calumnia. En el fondo [la insinuación sobre cobros de fondos reservados] lo que persigue es socavar la imagen de los magistrados que dictaron tanto la primera como la definitiva sentencia que confirmaba la condena de Rafael Vera" a siete años de prisión por malversación de fondos públicos.

A juicio de López, es necesario "diferenciar el uso criminal de fondos reservados" del "uso lícito de los mismos para, por ejemplo, la protección de determinados jueces". Sin embargo, el portavoz del CGPJ estimó que las manifestaciones de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, y de Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, "no se dirigen a nadie" en concreto y son "muy generales" aunque "puede haber quien se considere afectado y en calidad de juez emprenda" acciones legales. Añadió que si alguno solicita el amparo del CGPJ para proteger la independencia judicial, éste daría la "oportuna respuesta".

Sobre la petición de indulto a Vera, encabezada por el ex presidente Felipe González y sus ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que "no puede ni debe anticipar" ninguna opinión, en nombre del Gobierno, sobre la petición de indulto hasta que la misma se tramite de forma completa.

Para ello, recordó la vicepresidenta primera, son necesarios informes del Ministerio Fiscal, del Tribunal sentenciador y de las partes afectadas. El expediente completo suele tardar tres o cuatro meses, en unos casos, pero en otros tarda hasta un año, añadió Fernández de la Vega, que por ello no pudo precisar cuando se pronunciará el Gobierno.

Tampoco se pronunció por el papel del Consejo General del Poder Judicial tras las afirmaciones de Guerra e Ibarra. Fernández de la Vega recordó que "en España hay división de poderes" y el Consejo General del Poder Judicial "tiene unas competencias que a los ciudadanos les gustaría mucho que las cumpliese", en alusión a que una de las misiones del gobierno de los jueces es defenderles de las acusaciones que se les puedan hacer.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se limitó a proclamar que "todos los españoles tienen derecho a pedir un indulto" y que en el caso de Vera y del ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado "se va a tramitar con los mismos criterios que todos los indultos". Zapatero añadió que la petición de gracia no le había producido ninguna molestia o malestar "en absoluto".

A la espera de que se tramite la solicitud de indulto, de momento el Tribunal Supremo ya puede remitir la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que ordene la ejecución de la sentencia, una vez resuelto el recurso de aclaración presentado por la defensa de Vera. La Audiencia de Madrid será la que deberá decidir sobre las previsibles peticiones de que se suspenda la ejecución de las condenas de Vera y Rodríguez Colorado hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto.