El Síndic exige más "rigor, celeridad y eficacia" contra el ruido urbano

El informe especial sobre la contaminación acústica y el fenómeno del botellón elaborado por el Síndic de Greuges insta al Consell a desarrollar reglamentariamente la Ley de Contaminación Acústica de 2002 y a aplicar la legislación que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública. El Síndic pide a los ayuntamientos y a la Generalitat "mayor rigor, celeridad y eficacia" en la implantación de las medidas para combatir estos problemas y critica la "tolerancia" y la dejación de funciones" de las Administraciones al respecto.

"Es imprescindible un mayor rigor, celeridad y eficacia en la aplicación de las medidas"

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, acudió ayer a las Cortes Valencianas para entregar a su presidente, Julio de España, el informe anual de la institución que dirige. Este año, además del trabajo habitual sobre las quejas que le formulan los ciudadanos, el Síndic ha elaborado un trabajo sobre Contaminación Acústica en las Actividades de Ocio. Establecimientos con Ambientación Musical y Prácticas de Consumo en la Vía Pública. La Sindicatura de Greuges decidió elaborar este informa debido a la gran cantidad de quejas que recibe cada año de los ciudadanos por las molestias causadas por las aglomeraciones en lugares en los que se concentran numerosos establecimientos con ambientación musical.

Para llevar a cabo la investigación, la Sindicatura de Greuges se dirigió a un total de 30 Ayuntamientos (8 de Alicante, otros tantos de la provincia de Castellón y 14 de la de Valencia), a los que pidió información sobre la ubicación de establecimientos, concentración de los mismos, cumplimientos de horarios de cierre, concentraciones y consumo de alcohol en la vía pública y respuestas sancionadoras frente a este tipo de perturbaciones, entre otros aspectos. También solicitó información a las consejerías de Sanidad, de Territorio y Vivienda, y de Justicia y Administraciones Públicas.

La institución que dirige Bernardo del Rosal ha analizado la información recibida -en algunos casos con carencias, según revela el trabajo- y ha llegado a una serie de conclusiones que dejan en mal lugar tanto a los Ayuntamientos como a la Generalitat, que no ponen de su parte todo lo necesario para atajar ni el problema del botellón ni las molestias que sufren los ciudadanos por el ruido que generan los locales de ocio.

Respecto a esta última cuestión, el Síndic explica que si bien la mayoría de Ayuntamientos cuenta con ordenanzas municipales específicas sobre ruido, la mayor parte de ellas son anteriores a la entrada en vigor de la Ley Valenciana de Contaminación Acústica, de 2002, por lo que no están adaptadas a lo estipulado en ese texto legal. Por eso, muchos Ayuntamientos han iniciado la revisión de sus ordenanzas. El informe del Síndic explica que la ley de 2002 "sólo obliga a adecuar las ordenanzas preexistentes a lo establecido en dicha ley en el plazo de un año desde la aprobación del reglamento de desarrollo de la norma", por lo que insta a la Generalitat al "pronto desarrollo reglamentario" de la ley. Una ley que prevé, entre otras cosas, la elaboración de planos acústicos municipales -ninguno de los Ayuntamientos contactados dispone de ese instrumento- y de un Plan Acústico de Acción Autonómica, que todavía está en fase de elaboración. "La consejería debería extremar sus esfuerzos para aprobar a la mayor brevedad el citado plan", dice el Síndic.Ante la ausencia de planes acústicos tanto municipales como autonómico, el Síndic de Greuges recomienda que los Ayuntamientos procedan a la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas y lamenta que ninguno de los municipios consultados haya comunicado la existencia de tales instrumentos, a pesar de que al menos uno -el de Valencia- sí cuenta con una zona así calificada, la de la plaza del Xúquer.

A la ausencia de estos instrumentos, el Síndic añade que casi ningún Ayuntamiento, y tampoco la Generalitat, "ejercen potestades de seguimiento de oficio, mediante campañas de inspección periódicas" y explica que sólo actúan, eso sí, con lentitud, cuando se producen denuncias de los ciudadanos afectados. "Lamentablemente, en materia de establecimientos de ocio observamos con frecuencia situaciones de franca tolerancia e incluso de dejación de funciones" por parte de las administraciones locales y autonómica, dice el informe, que critica a esta última por no utilizar las posibilidades de intervención subsidiaria que le confiere la ley. Y añade al respecto: "Raramente se ejercitan estas potestades por una mala entendida, a nuestro juicio, interpretación del principio constitucional de la autonomía local."

En sus conclusiones respecto al problema del ruido que generan los locales de ocio, tras considerar que "el arsenal legislativo en esta materia es satisfactorio", el Síndic indica que "el problema radica más bien en la incorrecta aplicación de estos instrumentos o en los supuestos de dejación de funciones, que deja inermes a los ciudadanos frente a conductas de incumplimiento". Y agrega: "Es imprescindible un mayor rigor, celeridad y eficacia en la aplicación de las medidas".

Por lo que respecta al problema del botellón, el Síndic estima que "normalmente se toleran estas prácticas cuando no tienen un carácter generalizado pese a que la infracción por este concepto no se hace depender en la legislación valenciana de la dimensión de las concentraciones o de su habitualidad". Y tras considerar que la actividad sancionadora frente a estas prácticas "no es plenamente satisfactoria", precisa: "Si escasas son las denuncias, aún lo son más los expedientes sancionadores tramitados". Y añade: "Además, nos encontramos con muchos municipios que pese a reconocer que existen casos de consumo en la vía pública perfectamente localizados, no han abierto expediente sancionador alguno". Por si fuera poco, según el Síndic, muchos Ayuntamientos "minimizan el problema del botellón, afirmando que se trata de fenómenos concretos que no producen especiales problemas en la población".

Por su parte, la Consejería de Sanidad "parece minimizar la incidencia actual" del problema del botellón, según indica el informe del Síndic. Ante la "tolerancia municipal" frente al consumo de alcohol en la vía pública y ante la constatación de que muchas denuncias de las policías locales no derivan en expedientes sancionadores, el Síndic insta a la Generalitat a ejercer su potestad de intervención subsidiaria.