El PP denuncia a Carrillo y Marchena por prevaricación y tráfico de influencias en el desalojo de Los Bermejales

El grupo municipal del PP en Sevilla ha denunciado ante la Fiscalía al concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo (PSOE), y su gerente, Manuel Marchena, por su actuación en el polémico desalojo del asentamiento chabolista de Los Bermejales. Según explicó ayer el portavoz popular en el Ayuntamiento, Jaime Raynaud, su grupo ve indicios de que los dos dirigentes municipales cometieron delito de prevaricación y de tráfico de influencias al autorizar el pasado mes de julio el desmantelamiento de las chabolas previo pago de 42.000 euros a cada una de las 44 familias asentadas.

El PP ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, donde, además, ha hecho entrega de 25 documentos. Jaime Raynaud anunció en rueda de prensa que han puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos el 28 de julio pasado y le han entregado 25 documentos de comparecencias e informes que recibieron los grupos al comienzo de la comisión de investigación.

"Los indicios de delito existen con independencia o no de las dimisiones", sostiene Raynaud, quien ya venía anunciando desde el pasado mes de agosto que el PP acudiría a los tribunales si la comisión de investigación no terminaba de aclarar los hechos.

El fiscal tendrá que decidir ahora si traslada al juez la denuncia, que el PP fundamenta, entre otros puntos, en la modificación del contrato con la empresa encargada del desalojo que ejecutó Marchena sin consultárselo al consejo de la Gerencia de Urbanismo. Según se demostró en la comisión que investigó los hechos, el gerente firmó el 22 de julio la última modificación del acuerdo con la empresa Inmoavance, para que ésta ya no tuviera que realojar a las familias, sino a cada una de ellas 42.000 euros a cambio de que abandonaran el asentamiento.

La decisión de desmantelar las chabolas el 28 de julio se adoptó en una reunión entre el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseriín, y algunos concejales del PSOE, pero sólo Carrillo y Marchena han admitido conocer la fecha, la hora y los detalles de la operación.

Según el PP, podría existir tráfico de influencias porque Carrillo reconoció que trasladó la decisión a su gerente, lo que implica, según los populares, que "influyó decisivamente en la actuación de Marchena". Además, según el portavoz popular, la actuación del gerente de Urbanismo pudo "reportar para sí o para otros, llámese PSOE, beneficio político, que podría conllevar beneficio económico".

El delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal, puede acarrear inhabilitación para desempeñar cargo público por un periodo de entre 7 y 10 años. El Tráfico de influencias, según el artículo 428 del código, puede ser penado con entre 6 meses y un año de prisión, multase inhabilitación de entre tres a seis años.