La izquierda propone incluir en el Estatuto la capacidad de intervenir en la política del Estado

El primer debate de los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de Andalucía sobre la reforma del Estatuto apenas si convocó ayer a una veintena de personas en un hotel de Sevilla, en un acto organizado por la Fundación Blas Infante. Pese a ello, Manuel Gracia (PSOE), Antonio Sanz (PP), Concha Caballero (IU) y José Calvo (PA) mostraron algunas de sus cartas. Socialistas e IU, que fueron los que más detallaron sus propuestas, abogaron por reforzar la capacidad de codecisión de Andalucía en la política económica del Estado y en la elaboración de las leyes básicas.

Era la primera vez que los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios debatían juntos sobre la reforma del Estatuto y el magro número de personas que acudieron dejó claro que uno de los riesgos del proceso es que los ciudadanos no se impliquen en el mismo. Manuel Clavero Arévalo, uno de los pocos asistentes, lo advirtió en el turno de preguntas: "No podemos olvidar que al final de la reforma habrá un referéndum y sería muy malo que se produjera una participación menor del 50%. Es necesario que haya una movilización social".

En el debate volvió a reproducirse las diferencias sobre si la modificación debe o no afectar a la Constitución. Sanz opinó que no, Caballero y Calvo piensan que sí, y Gracia introdujo un matiz: "Creemos que la reforma no comportaría la reforma de la Constitución".

Participación

El portavoz socialista, por primera vez, apuntó hacia dónde va a dirigir el foco su grupo. Entre las propuestas destaca su defensa de que el nuevo texto estatutario "refuerce" la capacidad de la comunidad para que intervenga en la planificación económica del Estado, una previsión constitucional que jamás se ha cumplido. También abogó por que Andalucía participe en la elaboración de las leyes básicas que regulan sus propias competencias.

La portavoz de IU, Concha Caballero, también se refirió a la necesidad de incorporar la capacidad de "codecisión" y que Andalucía participe en las modificaciones de las leyes básicas que le afecten. Según Caballero, aunque se suele decir que en la actualidad existe casi una estructura federal del Estado, no es así, ya que las leyes básicas están en manos del Estado y las comunidades autónoma les toca sólo la gestión. "El Estado, por ejemplo", dijo, "podría quitar mañana la cobertura de desempleo, cambiar las leyes de educación y sanitaria, o como ocurrió durante la legislatura pasada, plantearse eliminar el subsidio agrario, sin la participación de las autonomías".

La dirigente agregó que este asunto es especialmente importante para Andalucía porque, a pesar de los cambios y mejoras, esta comunidad sigue siendo el "eslabón débil y cualquier medida tiene un impacto mayor que en otros territorios".

Concha Caballero dijo la postura de su grupo es no descartar hacer un nuevo Estatuto y aprovechar "esta oportunidad histórica" para introducir conceptos que ahora no se contemplan o están formulados de manera ambigua. Entre sus propuesta, destacó que el Estatuto garantice los ingresos de Andalucía y su financiación: "No sólo no hay que quitar la deuda histórica

[disposición adicional segunda para la nivelación de servicios mínimos], sino que hay que introducir nuevas referencias".

El portavoz del PP, Antonio Sanz, fue el único que discrepó sobre si es imprescindible modificar el Estatuto. "No lo es", dijo, "pero positivo sí puede ser". El popular abogó por el consenso y por añadir nuevos derechos sociales -un aspecto en el que coincidieron todos- en el artículo 12 en el que se marcan los objetivos estratégicos de la comunidad ya que, en su opinión, "las cosas han cambiado de manera clara".

El portavoz del PA, José Calvo, repasó las diferencias sociales y económicas que la Andalucía de 1981, cuando se aprobó, el Estatuto, y las actuales, para apoyar la postura de su partido respecto a la necesidad de los cambios, como la sustitución de la emigración por la inmigración o que las competencias agrarias y ganaderas ahora residan en la Unión Europea. Calvo, sin embargo, se mostró contrario a modificar la deuda histórica. "Además de que no se ha pagado, Andalucía sigue estando por debajo de la media española, y ése era el espíritu de la deuda histórica que, por lo tant, está en vigor".