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COLUMNA

Autonomías y disciplina partidista

Las incertidumbres que están rodeando la preparación de la Conferencia de presidentes autonómicos -convocada por Rodríguez Zapatero para mañana- no se disiparán seguramente hasta el último momento. Aunque los consejeros del PP expresaron ayer serias discrepancias sobre el contenido de la agenda, no rompieron, sin embargo, la baraja; el lehendakari Ibarretxe se empeñó, por su parte, en mantener hasta la noche de ayer el suspense sobre su asistencia. La utilidad de la Conferencia se halla fuera de duda; el propio Fraga -presidente fundador del PP- pidió su creación en 1994. Todos los Estados compuestos -federales, autonómicos o regionales- necesitan espacios de comunicación para los presidentes de los mesogobiernos territoriales, entre sí o con el jefe del Ejecutivo común: Estados Unidos, Alemania, Canadá y Austria tienen dispositivos de ese tipo. La tardanza en llevar a la práctica el mandato del artículo 69 de la Constitución confiere especial relevancia a la iniciativa; definido como "la Cámara de representación territorial", el Senado continúa reducido a la tarea subalterna de realizar una segunda lectura de las leyes: sus enmiendas pueden ser tenidas en cuenta o no por el Congreso.

La ausencia de un mandato constitucional que establezca claramente la composición, las atribuciones y el calendario de la Conferencia de presidentes autonómicos constituye una dificultad menor. El funcionamiento de los regímenes políticos no se rige sólo por las normas escritas sino también por los usos que adquieren fuerza prescriptiva en función del paso del tiempo. Las comunidades autónomas han mantenido desde 1980 dos tipos de relaciones verticales dentro del Estado: de carácter estrictamente bilateral, cuando los interlocutores son el presidente del Gobierno central y el jefe del Ejecutivo autonómico concernido; y de carácter multilateral, cuando se trata de conferencias sectoriales dirigidas por el ministro correspondiente con la presencia de los consejeros titulares de la misma competencia. Esa relación a la vez vertical y bilateral con los presidentes autonómicos fue utilizada por Aznar durante su segundo mandato como una máquina para premiar lealtades y castigar discrepancias: si Zapatero vio prohibida su entrada en el Palacio de la Moncloa como díscolo líder de la oposición tras un viaje no autorizado a Marruecos, el lehendakari Ibarretxe también quedó alejado -como Luzbel de la visión de Dios- de las complacencias de Aznar. Pero las relaciones del presidente del Gobierno con las comunidades autónomas no están regidas por caprichos personales sultanescos sino por obligaciones constitucionales.

La anunciada Conferencia multilateral de presidentes autonómicos de mañana será vertical por la presencia de Zapatero pero podría tener en el futuro un formato horizontal, reservado sólo a los mesogobiernos territoriales. La empecinada resistencia de las comunidades con mayoría nacionalista -ahora el País Vasco y hasta 2003 también Cataluña- a ser equiparadas con las demás autonomías se halla en el trasfondo de las dudas metódicas del lehendakari Ibarretxe; desde su punto de vista, las nacionalidades del artículo 2 de la Constitución -presuntas titulares de privilegiados derechos históricos- serían las comunidades vasca, catalana y gallega, acogidas -las tres- a la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución por haber plebiscitado su Estatuto durante la II República.

Como se pudo apreciar en las conferencias preparatorias de ayer y del pasado septiembre, las interferencias de la política partidista con el funcionamiento del Estado de las Autonomías no se limitan a los nacionalismos. Los dirigentes de las autonomías con mayoría absoluta del PP están tironeados por una doble lealtad: al partido de ámbito estatal de oposición parlamentaria en cuya disciplina militan; y a los intereses territoriales de la comunidad cuyos ciudadanos les eligieron en las urnas. La esquizofrenia no afecta sólo a los populares: ese mismo dilema acosó también a los socialistas con poder autonómico durante la anterior legislatura.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de octubre de 2004