Agrio debate en Cortes por la operación de venta a familiares de Zaplana de terrenos junto a Terra Mítica

La venta de unos terrenos situados en La Vila Joiosa y Finestrat cercanos a Terra Mítica a la mercantil Los Almendros de Alicante, SA, participada por familiares del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, provocó ayer un agrio debate en las Cortes. El consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, compareció ante la comisión parlamentaria de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat a petición del Grupo Socialista, que quería información sobre los criterios de valoración de los terrenos propiedad de la Fundación Doña Concepción y Don Pedro Aragonés que esta entidad vendió en el año 2000 a la citada empresa.

El consejero defendió la operación de la venta de 665.958 metros cuadrados, que se formalizó finalmente por 2,4 millones de euros después de que un informe técnico de la Consejería de Hacienda incrementara en 600.000 euros la valoración inicial. Según explicó Peralta, el informe se basó en los criterios de "cercanía a Terra Mítica" de los terrenos, "con la consiguiente alza en los precios; el alto nivel de demanda en la zona de fincas rústicas y el valor por metro cuadrado de las últimas transacciones en las inmediaciones".

Pero el diputado socialista José Camarasa hizo una lectura bien distinta. Tras resaltar que los terrenos fueron comprados por Los Almendros, participada por "personas muy cercanas al ex presidente de la Generalitat" -entre ellas la esposa de Zaplana, Rosa Barceló-, Camarasa aseguró que la empresa pagó el suelo a razón de 4,2 euros el metro cuadrado, cuando en esa época el Ministerio de Fomento pagaba ya a 8,4 euros el metro de terreno rústico en la zona. Pero, además, el parlamentario socialista denunció que los compradores conocían la inminente reclasificación de los terrenos, por lo que calificó la operación de "pelotazo urbanístico y estafa" que, según sus cálculos, ha generado, "tirando a la baja", unas plusvalías de 22 millones de euros "antes de iniciar la construcción". Y acusó a la Generalitat de "consentir y tolerar" ese pelotazo. Joan Ribó, portavoz de EU-L'Entesa, dijo que con su actuación la Generalitat "ha beneficiado al comprador y ha perjudicado a la fundación", en una de esas operaciones "entre el chanchullo y el negocio fácil" en las que "siempre aparece la misma persona al final", en alusión a Zaplana.