Atención a los sordos

Somos los padres de un niño de dos años con una discapacidad auditiva profunda. El motivo de esta carta es nuestra preocupación ante las informaciones publicadas recientemente en las que se señala el reconocimiento e implantación como lengua oficial de la lengua de signos española (LSE) como la más importante reivindicación del colectivo de personas sordas, y concretamente por lo expuesto en el suplemento "Aulas" en el que se hace una exposición idílica del sistema educativo andaluz como la "avanzadilla en la integración de alumnos con problemas auditivos".

Más allá de estériles polémicas, que tradicionalmente han dividido a los sordos entre oralismo y gestualismo, creemos que esa legítima aspiración que hace visibles a algunos sordos puede ocultar el bosque de graves deficiencias en la atención a las discapacidades auditivas.

En Andalucía no están implantados, o se han iniciado muy recientemente, programas de detección precoz en recién nacidos, lo que hace que la edad media de detección de esta discapacidad se sitúe entre los dos y los dos años y medio. Además, no hay controles pediátricos periódicos de audición, ni siquiera hasta los tres años, edad crítica si no se actúa, para evitar graves trastornos del lenguaje y sus secuelas en el desarrollo cognitivo (más allá de los cinco, el proceso de mutilación es difícilmente reversible).

La Atención Logopédica Temprana (de cero a cuatro años) que se ofrecía desde el sistema educativo, está siendo asumida a duras penas por el sistema de salud de forma precaria e insuficiente debiendo complementarla la familia por sus propios medios.

La atención que se ofrece en la enseñanza pública infantil y obligatoria no está garantizada (a la privada concertadazo se le exige nada), dependiendo de la localidad o barrio de residencia en el que se disponga de los medios técnicos y humanos adecuados (centros normalizados sin logopeda o especialista en audición, centros específicos para discapacitados sensoriales sin equipos estables de profesionales, ni medios adecuados...), suponiendo todo ello un serio desgaste añadido para las familias, que muchas veces deben renunciar a la escolarización normalizada, y aceptar como mal menor la "integración" lejos de casa y en grupos con, al menos, tres o cuatro alumnos con discapacidad auditiva.

Por otra parte, no se están apoyando económicamente otras iniciativas, al parecer utópicas, para la integración de los niños sordos con los "oyentes", que pasan por aprovechar todos los canales de comunicación existentes, el lenguaje hablado y escrito, la música, la danza, las nuevas tecnologías de la información... (actualmente, estos alumnos incluso deben renunciar a parte del currículo normalizado para recibir apoyos), ni por la educación de los padres y madres que puedan apoyar y reforzar los aprendizajes de sus hijos (nuestros hijos traen "tarea para casa" desde los dos años).

Todas estas dificultades afectan especialmente a las familias más desfavorecidas socialmente, con menos formación y recursos económicos para compensarlas.

Por todo ello, creemos de justicia que se vaya más allá de la actual política de gestos y se actúe para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los discapacitados auditivos y que así, en el futuro, ojalá, como plantea el artículo referido, sólo tengamos que ocuparnos del rendimiento académico de nuestros hijos en una universidad con intérpretes y sin barreras (adaptación acústica de las aulas, subtitulado de películas, vídeo, conferencias, presentaciones...).