Reportaje:

La 'guerra' de Cuba

La campaña del PP y la expulsión de la isla de uno de sus diputados dificulta el intento del Gobierno de dialogar con Castro

El 12 de octubre de 2004 quedará en los anales como una fiesta nacional cargada de tensiones. Las tuvo el Gobierno con la Embajada de Estados Unidos, por decidir que la bandera de las barras y estrellas no participara en el desfile, y también con la izquierda española, descontenta por la incorporación a la parada de veteranos de la División Azul. El epicentro de la crisis no estuvo, sin embargo, en Madrid, sino en Cuba, donde un sector de la oposición a Fidel Castro boicoteó la efemérides española tras escuchar, por boca del embajador, Carlos Alonso Zaldívar, que el Gobierno socialista quiere dialogar con el régimen.

Sería fácil concluir que algún espíritu maligno logró conjurar a los grandes fantasmas de la política internacional española de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX para amargar la fiesta a José Luis Rodríguez Zapatero. El PP aprovechó cada aparición espectral, volviéndola contra el Gobierno, pero encontró específicamente en Cuba el gran filón de munición para la guerra total que el secretario general, Ángel Acebes, comanda desde que fue confirmado por un congreso en el que su líder, Mariano Rajoy, predicó las bondades del consenso y la política de Estado. Sobre todo, en los temas exteriores.

La oposición cree haber encontrado un filón para una presión política prolongada

Las proclamas de Acebes de que el PSOE prefiere la dictadura a sus víctimas, como el viaje a La Habana de Jorge Moragas, joven responsable de la política internacional del PP aupado junto al secretario en el congreso de primeros de este mes, superan los límites razonables de la hipérbole. Hasta el punto de que los propios disidentes, y en este sentido se han pronunciado tanto Osvaldo Payá, como Elizardo Sánchez o Vladimiro Roca, empiezan a decir que quizás lo más temible para su causa sean las consecuencias de este choque brutal entre los dos grandes partidos españoles. Entre los populares, dirigentes como Manuel Fraga o Gustavo de Arístegui, portavoz en la Comisión de Exteriores del Congreso, abogan por la concordia.

La pelea tiene mucho de artificioso, porque las posiciones de fondo del Gobierno y el PP son, en este caso, más próximas de lo que parece y porque lo que se presentó como un descubrimiento de última hora, las intenciones expuestas por el embajador Zaldívar en la fiesta del 12 de octubre, es algo de lo que las autoridades cubanas, los disidentes, la oposición española y la opinión pública habían sido informadas al menos desde julio.

La moción que el Partido Popular Europeo (PPE) aprobó esta semana a instancias del PP dice que, mientras el régimen cubano no libere a todos los presos de conciencia, no podrá haber relajación de la dura posición adoptada por la UE hacia Cuba en junio de 2003, como reacción a las 75 detenciones políticas y tres ejecuciones ordenadas por Castro tres meses antes. Moratinos anunció desde un principio que el Gobierno español sólo intentará que se modifique la posición comunitaria si La Habana hace gestos significativos en materia de derechos humanos, es decir, si libera a disidentes importantes, aunque no a todos.

El propio Payá pareció avalar este objetivo, más que el maximalista de los populares, cuando, en la "declaración" que remitió a los medios de comunicación el pasado 6 de octubre, pidió que la posición común de la UE sea reafirmada porque "el Gobierno cubano no ha demostrado voluntad alguna de mejorar la situación de los derechos humanos".

El ministro expuso su plan sobre Cuba el mismo día de finales de julio en que, gracias a gestiones de Madrid, fue liberada la veterana anticastrista Marta Beatriz Roque, y lo hizo en el vuelo de regreso de un viaje a Nueva York, Brasilia y Bogotá al que le acompañaron representantes de casi todos los grupos políticos, entre ellos Roberto Solavilla, diputado del PP. La noticia fue publicada, incluida la advertencia de que tendría que haber más liberaciones de presos importantes para que el Gobierno español se moviera en Bruselas.

Durante la pausa del verano y al inaugurarse el nuevo curso político, cuando se entrevistó en la sede neoyorkina de la ONU con el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, Moratinos volvió sobre el tema y precisó que, de las cuatro medidas que integran la posición comunitaria -limitar las visitas gubernamentales de alto nivel a la isla, reducir la participación de los miembros de la UE en actos culturales, invitar a los disidentes cubanos a las embajadas y revisar el caso cubano periódicamente-, el Ejecutivo pretende cambiar únicamente la tercera.

El motivo, explicó, es que sólo ha servido para que los embajadores europeos hayan quedado aislados en La Habana y perdido toda su capacidad de influir en el régimen, lo que no favorece la transición a la democracia. Las invitaciones diplomáticas, sí han otorgado un reconocimiento internacional a la oposición anticastrista, admitió Moratinos, pero no ha mejorado su situación carcelaria. Desde junio de 2003, ha señalado el ministro, ningún disidente fue liberado hasta que el nuevo Gobierno del PSOE empezó a hacer gestiones en La Habana. Un total de 11 opositores se han librado de la cárcel desde abril.

Moratinos ha estado pidiendo más liberaciones en sucesivos contactos con Roque, y hoy está confirmado que una de ellas es la del poeta Raúl Rivero, una de las víctimas más significadas del castrismo. No ocultó el ministro que tenía la esperanza de que noticias de ese calibre se produjeran antes del 12 de octubre, de modo que España pudiera pedir la modificación de la posición común, incluso en el Consejo de Asuntos Generales programado para la víspera de la fiesta nacional. De ahí que la embajada retuviera las invitaciones a los disidentes hasta el último momento. Cuatro días antes de la celebración, anunció que las cursaría.

Se ha discutido a partir de ahí si las gestiones de Exteriores hubieran debido ser más discretas y si la intervención del embajador en la fiesta nacional fue o no oportuna. Pero lo que no se discute es que los disidentes sabían perfectamente cuál era la posición española antes de acudir a la fiesta. La mayoría de ellos -no la totalidad- la critica. Los que abandonaron el convite en señal de protesta fueron, sin embargo, sólo Payá y Marta Beatriz Roque, ambos especialmente próximos al PP. Moragas tomó el incidente como pretexto para realizar un viaje que, pocos días antes, se había anunciado únicamente para el supuesto de que los disidentes no fueran invitados a la embajada española.

Es evidente que el rechazo en la frontera del diputado popular y sus acompañantes holandeses tensa el debate europeo y frena, por tanto, la marcha de la iniciativa del Gobierno. Pero Moratinos se muestra optimista. Recuerda que sólo 11 de los 25 países europeos invitan a disidentes a sus embajadas en La Habana, insiste en que fuera del ámbito de la UE muchas delegaciones importantes, incluida la del Vaticano, no siguen esa práctica y concluye que España no está aislada en su empeño de dialogar con el régimen castrista.

No quiere suscitar grandes esperanzas. "No habrá resultados espectaculares", dijo el pasado miércoles en el Congreso, reflejando la opinión mayoritaria en su Departamento de que Cuba nunca cambiará con Castro, aunque eso no impida que se puedan mejorar algunas situaciones. Pero sí recuerda que los años entre 1993 y 1995, cuando entre Felipe González y Castro hubo un entendimiento que luego se torcería, fueron los mejores para la evolución del régimen cubano. Afirma, finalmente, que tiene a Francia y Reino Unido de su lado, y advierte que la posición de la UE cambiará "antes de lo que la gente piensa".

El PP, por su parte, cree haber encontrado filón para una campaña prolongada. El próximo 29 de octubre, coincidiendo con la firma de la Constitución europea en Roma, Moragas intervendrá en una reunión de disidentes cubanos organizada por el PPE en la capital italiana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 23 de octubre de 2004.

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